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Tras la aprobación de la Ley del Donante Presunto, por la cual todos los argentinos son donantes presuntos de órganos, tejidos y células, a menos que se especifique lo contrario, se abre la posibilidad de duplicar la cantidad de operativos de ablación e implante realizados en la provincia de Santa Fe, según evaluó el director del Centro Unico de Donación, Ablación e Implante de Organos (Cudaio), Armando Perichón. La importancia de la nueva norma, según Perichón, reside en que la mayoría de la gente está a favor de donar sus órganos, pero debía asentar esa voluntad en algún lado. De ahora en más sólo deberán aclarar su voluntad de no donar órganos aquellos que no lo deseen, es decir los menos. "Es cuestión de acelerar los trámites burocráticos que estos operativos implican, adonde el tiempo es un factor fundamental. Además, con los últimos avances tecnológicos, en relación al trasplante de células madres, entre otras cosas, se había generado un hueco legislativo que esta ley cubre", indicó el director del Cudaio.
Actualmente la media de la tasa nacional de negativa familiar frente a la posibilidad de donar los órganos de la persona fallecida, está entre el 60 % y el 65 %, mientras en Santa Fe es del 64 %. En los últimos dos años se aumentaron en un alto porcentaje los operativos realizados en la provincia de Santa Fe, y esta ley posibilitaría que se duplique nuevamente. "La legislación es una herramienta estratégica que se definió allá en 2002/2003 cuando se armó el Programa Federal de Procuración de Organos, y se puso a los coordinadores intra-hospitalarios, más la informatización de todo en sistemas -que ya está cumplido-, y ahora la ley", explicó Perichón, antes de detallar que "la idea era que esas tres cosas revirtieran la negativa y el país despegara de una vez por todas. Tuvimos el Programa Federal, terminamos el año pasado la informatización, pero la ley no se trataba, sobre todo en Diputados, donde se demoró mucho. Por otro lado aparecieron opiniones en contra de la ley, lo cual era previsible. Esto era parte de un paquete de la estrategia que permitiría duplicar la procuración de órganos". Ahora, se espera duplicar el número de trasplantes, que en lo que va del año ya alcanzó el récord histórico del 2004 y se proponen superarlo. "El año que viene va a ser clave", aseguró el director del Cudaio con entusiasmo.
Sin embargo, todavía hay mucho camino por recorrer. "En realidad la negativa familiar sigue siendo uno de los grandes problemas de la procuración de órganos en todo el país. Nosotros venimos de estar hace diez días en el Incucai evaluando algunas cosas, que ahora se va a hacer una reunión a propósito de la aprobación de la ley entre todas las provincias y la nación para definir una estrategia comunicacional, para ver cómo llegamos a la sociedad, y que la sociedad pueda entender de qué se trata todo esto del cambio de la ley", explicó Perichón.
Perichón explicó que a partir de esta ley la familia deja de autorizar el trasplante, y pasa a testificar sobre la voluntad del familiar fallecido de donar sus órganos. Hay diferentes variables que se pueden dar. En el caso de muerte natural, si en el registro informático del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) no se detecta que la persona fallecida haya aclarado su negativa respecto a la donación de sus órganos, se consulta a la familia para que testimonie sobre la voluntad del difunto de donarlos. En caso de que la familia no sepa la voluntad del fallecido, o confirme su aceptación, primará la Ley y se procederá con la ablación, pero si argumentan que el paciente dijo que no quería donar sus órganos y por determinado motivo no pudo realizar el trámite correspondiente, no se realizará la ablación.
En caso de muerte violenta, si el paciente no había declarado su voluntad contra la donación de sus órganos, interviene un juez que deberá informar si la ablación de los órganos no entorpece la investigación. De no ser así, avalara la extirpación de los mismos más allá del testimonio de la familia. En conclusión, la familia dejaría de tener que tomar la decisión por la persona que ya no está, y simplemente tendría que testificar sobre lo que el difunto habría dicho antes de morir.
Informe: Paula Kearney
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