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El abogado Gonzalo Miño, contratado por el ex jefe del Area Militar 132 Manuel Fernando Saint Amant, responsable de la represión en el norte de la provincia de Buenos Aires, alegó ayer en defensa de su representado. Miño reiteró la estrategia política que había desarrollado en la causa Díaz Bessone, al reclamar que se omite la responsabilidad de políticos, periodistas y empresarios durante la última dictadura militar. Miño se detuvo especialmente en refutar la teoría del autor mediato, que se utiliza desde el Juicio a las Juntas para juzgar a los responsables de planificar y conducir el terrorismo de estado en las áreas a su cargo. El abogado también pidió la nulidad del proceso por una presunta irregularidad en la designación del fiscal coadyuvante Juan Murray y consideró que la fiscal Adriana Saccone debió haberse excusado por la actividad judicial de su padre en los hechos investigados (una intervención muy colateral). Sin embargo, en el momento que correspondía por el Código Procesal, no la recusó.

En cuanto a los hechos que se le imputan a su defendido, Miño negó que hubiera centros clandestinos de detención en San Nicolás, y llegó a decir que no está probada la muerte de los desaparecidos. El profesional volvió a la teoría del enfrentamiento en la masacre de la calle Juan B. Justo, y negó que Saint Amant estuviera ese día en la ciudad. Justamente, el testigo Héctor Méndez lo vio al mando del operativo en el que mataron a cinco personas. Por eso, Miño pidió que se investigue a éste testigo y a otro de apellido Cabrera por falso testimonio.

Una defensa política del represor

Alegato con poca prueba