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La historiadora Victoria Basualdo declaró esta semana en la causa por la represión ilegal en Villa Constitución, que investiga el fiscal Gonzalo Stara por delegación del juez de instrucción. En esa causa se presentaron originalmente doce querellantes, todos sobrevivientes, representados por Gabriela Durruty, abogada también de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. La presencia de Basualdo, investigadora de Flacso, que trabaja en conjunto con el CELS en dilucidar la participación de las empresas en el terrorismo de estado fue como testigo de contexto. "En el caso extremo de un campo de concentración adentro del predio de la planta de una empresa, conocemos dos casos, el de Acindar y Ford, en Buenos Aires", explicó la especialista, quien detalló las distintas dimensiones que convierten a la causa en "emblemática". La historiadora llegó a la ciudad acompañada por Luz Palmas Zaldúa, coordinadora del área de Litigio del Cels. "Hacemos seguimientos de las investigaciones judiciales donde se está discutiendo la responsabilidad de las empresas en el plan sistemático. Por lo pronto, venimos a apoyar a los querellantes", indicó. Uno de ellos es, justamente, Victorio Paulón, integrante de la Comisión Directiva del CELS.
"Conocemos muchos casos de complicidad patronal militar --puntualizó Basualdo--. Es decir, de distinto grado de involucramiento de las patronales en la represión a sus trabajadores, por eso es que el caso Acindar es muy importante". En Acindar, funcionó en el albergue de solteros de la propia planta un centro clandestino de detención para torturar a los trabajadores díscolos.
La historia de Villa Constitución está indisolublemente ligada a la siderúrgica de la familia Acevedo, cuyo presidente de directorio en 1975 era José Alfredo Martínez de Hoz. La enorme movilización social y sindical tuvo una respuesta contundente: la ciudad fue ocupada por fuerzas militares y paramilitares del 20 de marzo de 1975. Aunque no hay números estrictos justamente, la causa judicial busca identificar a las víctimas, indicó Durruty se calcula que hubo entre 20 y 30 muertos y por lo menos 100 detenidos. "Es un caso muy importante porque ilustra patrones mucho más generales, sirve para iluminar muchas cuestiones: el recorrido de Acindar y el poder económico que consolidó durante la dictadura. Esta empresa, en 1975, por un lado participa en la represión brutal a sus trabajadores y por otro lado obtiene autorización para hacer integración vertical de su planta, lo cual rompe con el modelo (Manuel) Savio en la industria siderúrgica y abre la posibilidad de que las grandes empresas privadas tengan una producción integrada en el mercado siderúrgico. Esto lleva a la instalación de una presencia monumental de Acindar y Techint en los años 80, que salen de la dictadura enormemente favorecidos. Habían comprado una cantidad de empresas y se convirtieron en los dos polos dominadores de la industria siderúrgica, proceso que va a terminar en los años 90 con la privatización de Somisa y su compra por parte de Techint, lo cual termina por saldar, por marcar la muerte de este modelo siderúrgico inspirado por Savio y liberó el campo a las grandes empresas privadas en una industria estratégica como la siderurgia". La historiadora desgrana los conceptos para darle una mirada global a la represión ilegal, y no sólo en Villa Constitución.
"Por todos estos sentidos es emblemática. Por la presencia de Martínez de Hoz como presidente en el proceso represivo y luego su papel central como ministro de Economía, posición desde la cual instrumenta estos cambios económicos que transforman radicalmente el panorama en la Argentina. Esos cambios generan una desindustrialización feroz, un crecimiento exponencial de deuda externa, un proceso de valorización financiera y es esta misma persona". El caso de Villa condensa una serie de vectores, por eso es muy importante el apoyo a este juicio, porque de algún modo esta represión hay que recordarla no sólo por esos trabajadores perseguidos y muertos sino también para poder reconstruir por qué, cuáles son las razones que llevaron a este proceso y qué es lo que se jugaba históricamente". Para Basualdo, "entender a las víctimas como militantes y como protagonistas de un proceso histórico de enorme importancia es restituirle su valor".
Justamente, Basualdo señala la necesaria comprensión de la centralidad del conflicto entre capital y trabajo, a mediados de los 70, como un factor fundamental del proceso represivo. "En mi declaración traté de recuperar, de poner en contexto esta represión que se desata el 20 de marzo de 1975, y ver a este proceso represivo como una síntesis y un anticipo al mismo tiempo de cuestiones centrales que estaban en juego a mediados de los 70. Por un lado, tratar de rastrear la historia de militancia sindical de muchas de estas víctimas que son perseguidas brutalmente en ese momento y ver que en realidad lo que se reprime es un proceso de movilización y de organización social, y particularmente un proceso de organización sindical de base de estos trabajadores metalúrgicos que en realidad lideraron en Acindar y en Villa Constitución un proceso de organización muy amplio en esta primera mitad de los años 70".
El análisis histórico incluye comprender los frentes yuxtapuestos en el proceso vivido, a modo de anticipo de lo que vendría, en Villa Constitución. "Por un lado, una disputa de la seccional frente al liderazgo nacional de la UOM, intentos muy fuertes de disciplinamiento y un proceso de organización desde las bases en respuesta y esto es un emblema de muchos procesos antiburocráticos y combativos que en la primera mitad de los años 70 discutieron fuertemente a sus liderazgos sindicales", apuntó Basualdo. La historiadora es autora del capítulo sobre el papel de las cúpulas sindicales durante la represión a los trabajadores en la década del 70 y coautora del que se ocupa de los casos de Ford y Mercedes Benz en el libro Cuentas Pendientes, editado por Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky.
"Una línea de mi declaración son los procesos de organización sindical de base y su discusión con el liderazgo sindical pero el otro conflicto central es el conflicto capitaltrabajo que realmente articula la confrontación social de los 70", indicó Basualdo, quien consideró que "el caso de Villa permite discutir explícitamente estas visiones de las dictaduras como un proceso de confrontación entre fuerzas armadas y organizaciones políticas y político militares, para darle lugar a un sujeto clave en esta etapa, que es la clase trabajadora, que tuvo un papel central no sólo en el proceso de organización sino en el proceso de represión. Eso se ve muy claramente en Villa Constitución".
Para Basualdo, respecto de la dictadura militar "sigue habiendo una narrativa en clave política donde, cuando se piensa en las víctimas como militantes, se reivindica la militancia política. Lo que nosotros estamos diciendo acá es que hay que recuperar que hay otras formas de militancia que fueron consideradas tremendamente peligrosas. Estos trabajadores fueron llamados delincuentes subversivos, terroristas industriales, porque se organizaron en sus lugares de trabajo. Claramente fueron un foco central de la represión. Los delegados y comisiones internas eran concebidos como subversivos de un orden y de un tipo de relación entre capital trabajo que claramente marcaba la subordinación de los trabajadores frente a los empresarios. Cuando esto empieza a discutirse a mediados de los años 70, tiene una enorme importancia". Como buena historiadora, Basualdo es muy estricta con las caracterizaciones históricas. "La cuestión comenzó por Villa y luego entre el 75 y el 76 es el inicio del proceso represivo y desde el 24 de marzo lo que hay es esta extensión de la represión contra los delegados sindicales de base en todo el país. De hecho, René Salamanca, uno de los grandes exponentes del proceso de radicalización, desaparece el mismo 24 de marzo. Y el 24 de marzo tenés la presencia del Ejército en muchas fábricas, con helicópteros, con operativos. Esto nos está marcando que si pensamos únicamente en la dictadura en términos de los conflictos políticos sin vincular estas confrontaciones políticas con la fuerte movilización de los trabajadores nos estamos perdiendo una parte central y creo que el proceso de Villa, el Villazo como enorme movilización y la represión a partir del 75, nos está recordando lo que fue un eje central en todo el país".
En ese punto, tanto Basualdo como Palmas Zaldua piden que no se deslinden las distintas militancias. No se trata de contraponer los militantes sindicales con los políticos sino más bien de integrar distintas facetas. "Esto viene a completar las identidades de los perseguidos políticos o de las víctimas de la dictadura. Podemos hacer una especie de reconstrucción histórica: en el Juicio a las Juntas, en los años 80, quienes declaraban no podían fácilmente hablar de su identidad política, esto estaba tapado todo el tiempo. En la reapertura de los juicios en estos años sí apareció con mayor intensidad en los relatos de las víctimas su pertenencia a las organizaciones políticas de los 70, y creo que ahora lo que estamos tratando de hacer es de completar esa identidad como trabajadores", afirmó la coordinadora del área de Litigios del CELS, y aclaró que este movimiento "completa la identidad, no la sustituye, ni la reemplaza ni lleva a elegir una u otra. Creo que completa la historia, porque podemos visualizar a un actor que aparece ahora como responsable, o que intentamos que aparezca como responsable, para completar también el universo de los autores de estos delitos. Entonces, no son solamente las fuerzas armadas o de seguridad que persiguen a los militantes políticos sino que también los empresarios perseguían a los militantes políticos en su identidad de trabajadores".
Y Basualdo aprovecha para insertar allí lo que considera el conflicto central. "Ahí es donde se va dibujando esto, esta cuestión entre capital y trabajo que estuvo muy ausente de las reflexiones respecto de la dictadura. y que es una cuestión no nacional, esto también te permite reconstruir dinámicas regionales y globales. La dictadura tiene lugar en una coyuntura de transformación del capitalismo internacional. Lo que nosotros vemos acá de retroceso de la clase trabajadora no sucede sólo en la Argentina", dice Basualdo, aunque también pone el acento en la particularidad local. "En la Argentina sucede con un dramatismo y una marca monumental a partir de transformaciones económicas y una pérdida del salario de entre el 30 y 40 por ciento en los tres primeros meses de la dictadura. Entonces, si te sacan entre el 30 y el 40 por ciento de tu sueldo en tres meses, si además de eso te anularon todos tus derechos colectivos de organización y si además de eso ves desaparecer a todos los que levantan la cabeza alrededor tuyo, creo que tenemos una idea de la ofensiva que sufrió la clase trabajadora en Argentina".
Como anfitriona de las dos investigadoras llegadas de Buenos Aires, Durruty subraya la apuesta de la APDH y los querellantes para lograr que la justicia argentina pueda convalidar otro relato sobre la represión en Villa Constitución, atenta al valor del derecho como construcción de verdad en un estado democrático. "Lo que nosotros intentamos, por lo menos desde nuestra profesión, es conseguir que el poder judicial haga un relato distinto de la historia que convalidó hasta ahora. Los compañeros que encabezaron la lucha y que subvirtieron o intentaron hacerlo este orden injusto aparecen como victimarios. El único relato que tiene el poder judicial es el enjuiciamiento de los compañeros por violación a la ley antisubversiva dictada por el gobierno de Isabel (Martínez de Perón), que está anexada a la causa. Es hora de que intentemos que haya otro relato, y que sea el oficial de ahora en más", consideró la abogada de las víctimas, que además subrayó el valor de esta verdad jurídica para los protagonistas del Villazo y sus familias. "Tendría un peso importantísimo desde lo social, desde lo político, un relato del poder judicial que diga quiénes eran. A mí me tocó presenciar el relato de Alicia Ruescas, la hija de Carlos Ruescas, un emblema de los trabajadores asesinados en la represión al Villazo. He escuchado muchos relatos de víctimas y sus familiares, pero este fue desgarrador, porque ella vivió toda su vida creyendo que su padre era un monstruo. se sorprendió cuando la ubicó otro compañero, Zenón Sánchez y le contó que su padre era un héroe para los trabajadores", afirma Durruty, y subraya que "el relato de los querellantes de estas causas, donde predominan trabajadores, es muy distinto al de los militantes universitarios, que tienen otro perfil, otras herramientas inclusive simbólicas y económicas para sobrellevar la represión. El obrero se quedaba sin trabajo. Si lo mataban, las viudas tenían un montón de hijos y por ese apellido nunca más conseguían trabajo en la zona".
Basualdo asiente en esta caracterización y agrega: "Por supuesto, el funcionamiento de las listas negras, el circuito del exilio interno son otros aspectos. Efectivamente, rastrear las historias de trabajadores instala otros sujetos, instala otros circuitos. Era muy difícil para los trabajadores irse del país, eso requiere un nivel de articulación, una capacidad de establecer contactos, redes, conseguir plata para el pasaje, un montón de cuestiones, por eso muchos de los obreros en realidad escaparon al exilio interno y se escondieron bajo tierra. Efectivamente, ahí uno descubre otras historias que son muy difíciles de encontrar. Por eso este juicio es tan emblemático, porque en realidad así como los trabajadores de Villa Constitución en los 70 eran exponentes de todo un proceso de movilización, estos mismos trabajadores que hoy impulsan este juicio van a empezar a hacer visibles muchas historias que no conocemos, nos van a permitir escuchar voces, trayectorias, recorridos, itinerarios, que no vemos o que cuando los vemos no los reconocemos como tales. Empezar a recuperar estas historias perdidas es algo que también nos trae este juicio de Villa", subraya.
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