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La Secretaría de Energía de la Nación pidió informes a la mayorista del mercado eléctrico Camesa sobre las distribuidoras que anunciaron incrementos tarifarios, como la EPE. Desde el Ministerio de Aguas y Servicios Públicos la reacción no tardó. Entienden que la amenaza nacional de quitar los subsidios a la compra mayorista de energía perjudicará el plan de inversiones de $370 millones previsto para 2012. "Sería absurdo que los usuarios de una provincia, con costos mayores por su dispersión geográfica, soporten precios superiores a los de Capital Federal", señaló un vocero ministerial.
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