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El Ministerio de Economía negó ayer que haya echado mano a dineros de la Empresa Provincial de la Energía, como sospecha la oposición, pero reconoció que la obligó a pedir plata al Banco de Santa Fe y girar en descubierto por 56 millones de pesos para pagar sueldos y comprar energía, porque le había ocupado sus recursos genuinos, afectados al Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (Fuco). Para el gobierno, es un mecanismo legal. Diputados del PJ piensan que no lo es y especulan sobre posibles consecuencias administrativas o judiciales. Por eso impulsaron un pedido de informes, y harán lo mismo para saber si Assa también se vio obligada a bancar al Ejecutivo en su estrechez financiera de fin de año.
El encargado de salir al cruce fue el secretario de Hacienda, Carlos Fernández. "La Provincia no utilizó recursos de la EPE", aseguró el funcionario y desbrozó una explicación de ingeniería financiera que desarrolla lo que Daniel Cantalejo, titular de la distribuidora eléctrica, admitió el miércoles pasado ante los diputados.
El obeidista Mario Lacava había definido la situación como "un manotazo del Ejecutivo a la caja de la EPE". Esa figura justificó un pedido de informes de la Cámara baja sobre las operaciones financieras de la empresa provincial durante el año pasado y lo que va de éste. La respuesta empezó a asomar ayer, con declaraciones del secretario de Hacienda.
En Diputados crece la preocupación acerca de que esta práctica se haga habitual y comprometa las inversiones que deban hacer las empresas estatales de servicios. Dudan de la legalidad del acto administrativo. "El gobierno le ató las manos a la EPE", dijo Lacava, y adelantó que lo que sigue será pedir un informe similar a Aguas Santafesinas SA.
Según Fernández, lo que la cartera que dirige Angel Sciara hizo en diciembre fue "utilizar el régimen de adelantos transitorios al sector público no financiero para pagar haberes del personal", tal como lo habilita el Banco Central. El funcionario recordó que "en los últimos días del mes de diciembre de 2011 y los primeros de enero pasado se manifestó una notoria caída de los recursos correspondientes a la coparticipación de impuestos nacionales". Fernández atribuyó a los feriados del último mes del año el diferimiento que experimentó el ingreso de la recaudación tributaria. En ese escenario, la Provincia debía abonar el sueldo de diciembre y otros compromisos, y la plata no le alcanzaba. Eso, "luego de haber pagado en tiempo y forma el sueldo anual complementario del segundo semestre de 2011", ponderó el titular de Hacienda.
Según Fernández, ante la estrechez de caja en la que el Gobierno se encontró en diciembre, el Nuevo Banco de Santa Fe (NBSF), como agente financiero del Estado provincial, le recordó a las autoridades de Economía "la vigencia de un régimen de adelantos transitorios al sector público no financiero para pagar haberes del personal, en el marco de la comunicación A 5125 del Banco Central de la República Argentina". Esa sería una forma de patear la pelota para adelante y salir del cuello de botella de fin de año. La única dificultad era que, a juicio del NBSF, dicho régimen se puede aplicar sólo a las empresas del Estado, pero no a la administración provincial. Y quien necesitaba el efectivo era ésta y no aquellas, como la EPE o Assa.
"Entonces, lo que se hizo fue administrar esas herramientas financieras", explicó el secretario de Hacienda. "A comienzos de enero, la EPE debía pagar las remuneraciones correspondientes a diciembre, unos 33 millones de pesos, y también una factura de Cammesa por 23 millones", expuso. Cammesa es la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, a la cual la EPE le compran la energía.
La EPE tenía los fondos necesarios para pagar sus sueldos y para pagar el insumo que distribuye y comercializa, según aseguran funcionarios de carrera, sólo que afectados al Fuco. Pero también era la puerta para acceder al financiamiento ofrecido por NBSF y que Economía necesitaba. Por lo tanto, el Ejecutivo ordenó a la EPE que le pidiera al banco ese auxilio financiero. En palabras del titular de Hacienda: "Atento a las atribuciones conferidas al Ministerio de Economía como administrador del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales, según normativa vigente y previendo que los movimientos de fondos que debería hacer la EPE no determinasen un exceso de utilización del Fuco por encima del máximo permitido".
El Fuco reúne todos los dineros ingresados al aparato estatal, y el Ejecutivo puede disponer habitualmente hasta el 80 por ciento de ese total. En marzo de 2010, la Legislatura autorizó esa vez al gobierno de Hermes Binner a utilizar el 100 por ciento de esos fondos.
Fernández reveló entonces que "se puso en conocimiento de la empresa la necesidad de requerir al NBSF esta asistencia transitoria, de sólo cinco días hábiles, para pagar sus remuneraciones, como así también utilizar la autorización de giro en descubierto otorgado por dicha entidad bancaria para pagar la factura de Cammesa". Y aclaró enseguida que "transcurridos los cinco días hábiles de rigor, la EPE canceló el adelanto transitorio referido con fondos propios y, oportunamente, hizo lo mismo con el descubierto utilizado para cancelar la factura de Cammesa. Luego requirió al Estado provincial el reintegro de los costos financieros incurridos", pero no precisó cuánto le significó al Tesoro provincial el precio de apelar a ese socorro bancario.
Esta situación quedó expuesta en la audiencia que Ciancio, Cantalejo y el secretario de Servicios Públicos, Alejandro Boggiano, tuvieron el miércoles pasado en la Presidencia de la Cámara de Diputados, la misma donde el ministro debió admitir que parientes suyos y de otros funcionarios entraron a trabajar a la EPE. A los diputados de la oposición el asunto les sonó a escándalo, sobre todo en un contexto de déficit de 1.600 millones de pesos, acumulado en 2011.
En aquella reunión, Boggiano y Cantalejo argumentaron en la misma línea que ayer lo hizo Fernández: "Es un mecanismo previsto en la ley del Fuco. El dinero no fue a la Provincia, se destinó al pago de salarios de EPE y facturas de Cammesa. El costo para la empresa es cero, porque lo reintegrará el Tesoro provincial", dijeron.
Lacava arremetió: "¿Por qué razón jurídica la Provincia le pagará intereses financieros contraídos por la EPE? El problema no es que hayan sido pocos días en descubierto, sino que se haga una práctica esto de que el Ejecutivo inmovilice el 100 por ciento del dinero disponible en el Fuco y lo asigne a pagar gastos corrientes, obligando a las empresas a girar en descubierto. Esperaremos el informe oficial para ver la legalidad de este acto, porque ¿con qué documentación de respaldo la Provincia ahora le va a pagar intereses a la EPE? ¿La EPE acaso es una prestanombre del gobierno?", disparó. Y adelantó que impulsará un pedido similar para averiguar si Assa también debió resignar sus cuentas.
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