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Las consideraciones que rodearon al tratamiento de la Ley de Servicios Audiovisuales tanto en Diputados como en Senadores tuvieron en la provincia de Santa Fe un impacto similar al que ocurrió a nivel nacional. Pero con la particularidad que le dio la posición del Partido Socialista gobernante aquí, que eligió sostener su coherencia y convicción hasta el momento de la votación en ambas cámaras. Por cierto, una postura coherente pero poco conveniente desde el punto de vista político, y encima -antes de la votación del sábado en el Senado en medio de un comicio municipal como fue el del 27 de setiembre pasado.

Es decir, hubo un conjunto de dirigentes de la oposición que consideraron que lo que estaba en discusión era también una cuestión de principios. Un tópico de la Nación ligado a profundas convicciones ideológicas, a una idea central del rol del Estado y -por sobre todo en línea con lo que se venía planteando desde la recuperación de la democracia. Un sector político que analizó el contenido de un mensaje que desde el conjunto de los interesados se quiso presentar como una ley surgida de una bravata del ex presidente Kirchner, por eso sintetizaron el proceso de deslegitimación del proyecto llamándolo "Ley K".

Claro que al intendente Miguel Lifschitz le hubiese gustado que esta discusión nacional no coincidiera para nada con la compulsa municipal donde él y sus candidatos a concejales se jugaban una partida importante. Pero nunca, en toda la campaña, intentó acomodar su discurso a una coyuntura que lo beneficiara más. No fue el caso de otros candidatos que creyeron que podrían sacar partido de la situación incómoda del socialismo. Algo que finalmente se deshizo en el aire, igual que la convocatoria de cartón en el monumento, donde no sabían cómo acomodar las cámaras para que se viera más gente. Un cronista local llegó a la exageración de calificar como "gélida" a una noche de 18 grados, para justificar la escasa presencia de rosarinos en el lugar.

Del otro lado, del lado de la cerrada oposición al proyecto, se esperaba al menos un poco de eso que sí se encontraba entre los dirigentes y legisladores que adelantaban su voto a favor de la ley: Convicción. Es lo que claramente le faltó al senador provincial y presidente del Partido Justicialista de Santa Fe, Ricardo Spinozzi. Fue el autor de la convocatoria a la audiencia pública del Senado provincial porque el proyecto que ya tenía media sanción en Diputados "no tuvo el debate amplio y federal que necesita". Pero resulta que el legislador reutemista se retiró rápidamente de la primera audiencia en la que por lo menos por respeto, debería haber escuchado a los oradores que se habían anotado para exponer durante esa jornada. Quizás en consonancia con su jefe político que en la trascendente sesión de la Cámara alta nacional, leyó de manera imprecisa y titubeante un escrito que claramente no había confeccionado donde se reproducían una serie de lugares comunes por demás impropios para lo que se espera de un alto representante. Es muy difícil ejercer con profundidad una representación parlamentaria cuando se tienen tantos problemas con el castellano.

Por su lado, Roxana Latorre que mantuvo durante los días previos a la votación una suerte de misterio silencioso alrededor de su posición, terminó por acompañar a Reutemann a la hora de sufragar, quizás en el intento por reconciliarse con un jefe que no dudó en arrojarla a los leones en la primera que logró incomodarlo públicamente, en una de las tantas reyertas del agropoder que hoy ya muy pocos recuerdan.

El tercer senador santafesino, Rubén Giustiniani siguió la línea fijada por el Partido Socialista sobre el tema y aportó sus modificaciones al texto original que venía de Diputados al igual que lo intentó el radicalismo con Gerardo Morales a la cabeza que demostró estudio y conocimiento sobre lo que se discutía. La UCR advirtió que no podría sostener la posición de fuga y vacío que había ejercido en Diputados y cambió al menos su rol para la historia que se contará en unos años.

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