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Si bien aún queda una semana de balances para cerrar el año, el gobierno provincial y el de la Municipalidad de Rosario son tan nuevos que sólo les queda mirar hacia delante. Ambos continúan gestiones anteriores pero muy interiormente saben que toda nueva administración conlleva algo de inaugural, y que -como todos- querrán dejar su impronta para cuando les llegue el momento de alejarse del cargo. En ese tren, el gobernador Antonio Bonfatti y la intendenta Mónica Fein tienen fijado sus objetivos de mediano y largo plazo en dos temas institucionales tan importantes y relacionados entre sí como la reforma constitucional y la autonomía municipal.
La Constitución de Santa Fe cumple 50 años este 2012. Para algunos puede que no signifique mucho tiempo para una carta magna sobre todo cuando aún hay convencionales constituyentes de gran protagonismo en 1962, que permanecen vivos. Pero por otro lado, aquel país de democracia jaqueada y grave crisis institucional es prácticamente un mundo distinto comparado con el de hoy, con otras seguridades políticas y jurídicas pero también con otras necesidades.
La primera cuestión es política y ya no se puede dilatar: No puede continuar Santa Fe siendo una provincia sin reelección para su gobernador. Es casi una necesidad, no para la clase política, sino para los santafesinos en su conjunto que merecemos tener la posibilidad de pedir, discutir y confirmar o rechazar políticas públicas estratégicas que vayan más allá del período de cuatro años.
Si bien 2012 es un año no electoral -de ahí también el entusiasmo de Bonfatti para impulsar ahora la necesidad de la reforma-, se puede fijar el límite para el actual mandatario de buscar un nuevo mandato en 2015 y que la posibilidad de la reelección sea recién para el próximo gobernador. Pero esto sólo con el ánimo de "tranquilizar" a la oposición que se supone entiende que desde un Ejecutivo se tienen más posibilidades para buscar un nuevo mandato. Porque de todas maneras, si así lo entienden los convencionales constituyentes, podría incluirse al actual mandatario teniendo en cuenta que habrá otros tres años por delante para determinar si efectivamente la ciudadanía prefiere que el gobernador continúe en su cargo por otro período consecutivo.
Todo es posible si hay acuerdo político en declarar la necesidad de la reforma (se necesitan dos tercios de la Asamblea Legislativa) y se pueden consensuar los principales temas a incluir en el debate de los convencionales constituyentes.
Sobre los mandatos, y en el final del suyo, el ex gobernador Hermes Binner dejó planteado un punto de vista tan novedoso como polémico a la hora del debate por la reforma. Para Binner, si bien es importante discutir la posibilidad de la reelección para el gobernador, también resultaría fundamental limitar la reelección para cargos legislativos y algunos ejecutivos comunales. "No puede ser que haya en Santa Fe concejales, diputados provinciales, presidentes y miembros de comisiones comunales que hace más de 20 años que ocupan el mismo cargo. Más allá de que sean electos legítimamente, lo que se pone en juego allí es el verdadero espíritu de la democracia que nos habla, precisamente, del valor de la renovación institucional y política", dijo Binner y dejó planteada una cuestión sumamente polémica. Además, hay que tener en cuenta que la elección de convencionales constituyentes -si bien es un comicio muy especial- tiene como en otras elecciones el condimento del triunfo político. Es decir, todos los partidos participantes querrán colocar la mayor cantidad posible de convencionales para influir en los tópicos de la reforma. ¿Quién con gran potencial electoral, sin cargo y con predicamento en su partido y en la provincia podría encabezar la lista de convencionales constituyentes del socialismo aliado en el Frente Progresista? Sin dudas, el ex gobernador Binner. Anticipando de alguna manera lo que será su futura y casi segura participación como cabeza de lista de candidatos a diputados nacionales por Santa Fe en 2013. Ya ha dicho claramente que largó el bisturí, pero no su participación política. Dicho sea de paso, era casi una necesidad sincerarse y decir que ya no volverá a su profesión de médico que hace muchísimos años no ejerce.
En relación a tópicos menos políticos pero igualmente necesarios a la hora de discutir el sumario de la reforma, el tema del derecho de los consumidores es una cuestión absolutamente ausente en la Constitución reformada del '62. No había -no podía haberlo por otra parte- un concepto tan claro del consumidor como figura social y jurídica con derechos específicos. Y en temas ambientales, si bien se incluyeron declaraciones de deseos más que otra cosa, no había ni conciencia ni datos reales acerca de la amenaza que significa la vulneración permanente de las más elementales normas de convivencia medioambiental. No existía el glifosato para empezar, ni el boom de la soja, ni la escala agroindustrial con sus consecuencias al corto y largo plazo. Cincuenta años de la reforma pueden ser muchos o pocos, según se mire pero tendrán que buscar muchos argumentos para defender sus posturas aquellos que crean que no hay una necesidad concreta de cambiar la Constitución de Santa Fe.
Autonomía adentro o afuera
El socialismo ha tenido una posición ambigua respecto de la declaración de autonomía para los principales municipios santafesinos. Si bien se ha expresado desde siempre a favor de alcanzar esta autonomía y de lo que este proceso implicaría para una ciudad como Rosario, que gobierna desde 1989, en un momento se contradijo. Es recordado aquel episodio con el diputado Raúl Lamberto cuando se impulsaba desde la oposición la declaración de la autonomía municipal mediante una ley ante el entendimiento de que nunca habría consenso político para incluirlo dentro de la reforma de la constitución provincial. Pero en ese momento, y por una picardía política recordada, el peronismo acepta impulsar la autonomía mediante la propuesta del socialismo. Lo desafió abiertamente incluso con paneles de debate en la ciudad de Rosario y en Santa Fe. Pero allí el PS advirtió que tendría una autonomía de "menor calidad" por decirlo de alguna manera concreta. Desde ese momento se entendió que era necesario trabajar los consensos y obtener primero la declaración de la necesidad de la reforma y después incluir la autonomía en los cambios para la nueva carta magna provincial.
Y ahí sí, una vez alcanzada la autonomía municipal, Rosario debería convocar a sus propios "constituyentes" para declarar su nueva Carta Orgánica. Comienzan otra vez los viejos debates acerca de la representación política, de cuántos concejales hacen falta, de si se pueden elegir la mitad por todo el territorio de la ciudad y a otra mitad dos o tres concejales por cada uno de los seis distritos municipales. Incluso, la autonomía puede ir de la mano de un proceso intenso de descentralización del poder, una dirección que no precisamente acuerda con la decisión de la nueva intendenta para que el Concejo le cediera sus facultades para fijar la tarifa del transporte público. Los nuevos jefes de distritos podrían resultar electos de un proceso comicial abierto en cada uno de los seis territorios en los que se divide la ciudad. ¿Qué resultaría de esa descentralización que posibilitaría que haya jefes de distritos opositores al gobierno municipal y con un caudal electoral y territorial propio? Son los desafíos de las democracias modernas, de los amplios sentidos de las representación política. Es el futuro institucional que está más cerca de lo que muchos creen.
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