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Domingo, 21 de mayo de 2006
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Aquí y en cualquier lado

Por Roberto Sukerman*

El miércoles pasado la Cámara de Diputados de la Nación removió de la presidencia de la Comisión de Agricultura y Ganadería a la diputada por Santa Fe, María del Carmen Alarcón. Durante más de una semana Alarcón gozó de mucho más que de 30 segundos de fama. Mediáticamente intentó posicionarse como una víctima de la intolerancia y el autoritarismo oficial. La oposición aprovechó el "veranito" para sacar alguna ventaja política criticando la decisión del oficialismo. Nosotros no acordamos con las críticas y mucho menos con la inocencia de una lobbista profesional. Nuestros argumentos en cuanto a lo jurídico y a lo político son los siguientes:

Existen en la historia del Congreso bastos antecedentes de legisladores que renunciaron a sus cargos de autoridad del cuerpo, de comisión y hasta a sus bancas. Esto, en principio, no conlleva ninguna dificultad interpretativa.

En cambio, son pocos los casos de remoción de legisladores por juicio político y muchos menos aún los casos de juicio político previo como es la impugnación de diplomas a diputados electos como en este momento se realiza con Patti. Aparentemente, la remoción de un Presidente de Comisión es un hecho inédito. Sin embargo, está perfectamente previsto en el Reglamento (R) de la Cámara. Veamos:

En la actualidad existen 45 comisiones de asesoramiento permanente en la Cámara. Además existen otras comisiones especiales. El art. 106 dispone que "las comisiones se instalarán inmediatamente después de nombradas, y elegirán a pluralidad de votos un presidente" y demás autoridades. El art. 107 establece que "los miembros de las comisiones permanentes durarán dos años, de no ser relevados mediante resolución expresa de la Cámara". El art. 194 expresa que "para las resoluciones de la Cámara será necesaria la mayoría absoluta de los votos emitidos, salvo los casos en que la Constitución o este Reglamento exijan una mayoría determinada". Para este caso no se establece una mayoría especial.

Como vemos, los miembros de las comisiones pueden ser removidos por resoluciones de la cámara aunque sean autoridad de la comisión. Al perder la presencia en la comisión obviamente cae su función de autoridad. En el caso Alarcón, la presidencia.

Todo esto empezó cuando Alarcón públicamente y en su función legislativa se opuso a la política ganadera del gobierno. El presidente de su bloque le pidió su renuncia a la comisión y ella se negó. Así las cosas, el jefe de la bancada oficialista le solicitó su remoción al Presidente de la Cámara y este aceptó el pedido ad referéndum de la Cámara que el miércoles pasado avaló la decisión.

¿Se puede ser oficialista y opositor al mismo tiempo? ¿Es ético que un legislador nacional reconozca que es lobbista del sector agrícola ganadero? ¿El bien común y el bienestar general no exigen equilibrio de los representantes?

La integración de las comisiones como la de sus autoridades pertenece a los bloques políticos en forma proporcional (art. 105 R). Es decir, que los integrantes de las comisiones y sus autoridades representan al bloque que los designó en esas funciones. El bloque los comisiona. El bloque los pone y los saca según lo crea conveniente a los intereses del mismo. Tratándose del bloque oficialista esto se extiende a la política que lleva adelante el gobierno. Es similar a la relación Presidente-Ministros en el Ejecutivo. Si no acuerdan con la política oficial, con lo que se les encomienda se tienen que ir y si no tienen la dignidad ni la lealtad para renunciar hay que removerlos. Esto no implica intolerancia ni autoritarismo, son las reglas básicas de la política aquí y en cualquier lado. Es de sentido común. Alarcón ahora podrá seguir siendo lobbista donde quiera pero no dentro de las filas del oficialismo.

Mucho mejor que nosotros lo explica Ana María Mustapic, del CONICET, en Desarrollo Económico (Vol. 39, N° 156, año 2000, pag. 25 y 26), donde explica que: "Los presidentes de comisión desempeñan un papel similar a los jefes de bloque pero en escala menor. Coordinan intereses y preferencias del Ejecutivo, de los legisladores de su bloque y la oposición, a propósito de políticas específicas. Entre tantas comisiones, algunas son claves para la marcha del gobierno". En este caso queda claro que la comisión que presidía Alarcón es clave para el gobierno. Tampoco caben dudas que Alarcón privilegió su proyecto personal por sobre el interés general.

* Profesor de Derecho Constitucional de la UNR

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