Página/12 :: rosario :: El delito es la explotación sexual

El proyecto que he presentado en la Cámara de Diputados prohíbe la instalación y funcionamiento de los locales comúnmente llamados whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites, locales de alterne o cualquier otra denominación análoga. Tomé una iniciativa de mi partido SI (Solidaridad e Igualdad), y fui acompañada por Inés Bertero (PS). Relacioné esta erradicación de establecimientos que facilitan la explotación sexual y el proxenetismo dentro de una campaña de lucha contra la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena, que están penadas por la ley nacional 26364 y tipificados por el código penal.

En el artículo 5, el proyecto determina sin perjuicio de las penalidades previstas en otros ordenamientos normativos sobre la materia, y la clausura total y definitiva del establecimiento, que serán sancionados con arresto de hasta sesenta (60) días, quienes violen la prohibición dispuesta en todo el territorio de la provincia de Santa Fe, de instalación y funcionamiento de este tipo de locales.

La misma sanción será aplicada a quien regentee, sostenga, promocione, dé publicidad y/o administre los locales.

En su artículo 7, la iniciativa invita a los Municipios y Comunas a adherir a las disposiciones de la presente Ley y en especial a derogar las respectivas normativas municipales y/o comunales que infrinjan las presentes disposiciones. Esto es importante, ya que cada comunidad deberá tomar a su cargo la responsabilidad de controlar la legislación que avale este tipo de prácticas de explotación en su jurisdicción.

En cuanto a los fundamentos, el proyecto hace referencia a que nuestro país es abolicionista. La Ley Palacios, sancionada en 1913, fue la primera normativa en todo el continente americano destinado a proteger a las víctimas de la explotación sexual, combatiendo el flagelo y penalizando a los responsables. En primer lugar, no consideramos a la prostitución como un trabajo. No hay elecciones para las mujeres que día a día entregan sus cuerpos a cambio de un dinero, cuya mayor parte va al explotador, al sostenedor de un sistema que trafica, explota y comercializa cuerpos de mujeres y niñas en su mayor parte. Un sistema basado en la oferta y la demanda más cruel del capitalismo actual. Nuestra mirada es desde un análisis con perspectiva de género y derechos humanos.

Lo más difícil aún es visibilizar la línea entre la prostitución y el abuso sexual infantil y la corrupción de menores, ejemplos en nuestra provincia sobran. A menor edad de las víctimas, mayores ganancias de los explotadores. Y lo peor, el "usuario-abusador" de niñas y niños no es señalado como un corruptor.

Por eso enfatizamos que no debemos criminalizar a las personas en situación de prostitución. Lo que consideramos un delito y así lo establecen nuestras leyes, es la explotación y el sometimiento de los cuerpos de niños, niñas y mujeres en situaciones vulnerables.

*Diputada Provincial SI en el Frente Progresista.