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Basta con leer atentamente las cr贸nicas policiales para advertir que en aquellos barrios en los que los efectos de la inseguridad se expresan con mayor crudeza tienen, m谩s all谩 de obvias diferencias, dos caracter铆sticas en com煤n. Los varones j贸venes son presa f谩cil de la polic铆a y de la selectividad del sistema penal (sobre-criminalizaci贸n). Y, en paralelo, las victimizaciones de quienes viven en el barrio son desatendidas por las pol铆ticas de seguridad (infra-protecci贸n). Es que si algo caracteriza al campo de la seguridad son los fen贸menos de sobre-criminalizaci贸n, resultante de la selectividad del sistema penal; y de infra-protecci贸n, resultante de la distribuci贸n diferencial tanto de la victimizaci贸n como de las reacciones institucionales y sociales a la misma.
Estos fen贸menos son efecto de factores socioestructurales complejos. Y afectan intensamente a los sectores populares, concentr谩ndose sobre los j贸venes, con diferentes formas de afectaci贸n entre varones y mujeres. Dicho esto, no es menos cierto que las pol铆ticas de seguridad y las pr谩cticas concretas del sistema penal pueden intensificarlas o reducirlas.
Por eso los avances en pos de una seguridad democr谩tica deben evaluarse en la medida en la que disminuyan tanto la sobre-criminalizaci贸n como la infra-protecci贸n. Especialmente la de aquellos grupos que m谩s la sufren. Para ello, se necesitan instituciones de seguridad comprometidas con valores democr谩ticos y el rechazo a pol铆ticas demag贸gicas e improvisadas, dirigidas a generar expectativas sociales en la eficacia de medidas abusivas que s贸lo agravan el problema y reproducen la violencia.
Sin embargo, no existen en Argentina ejemplos de reformas policiales profundas que no hayan sido resultado de "crisis" catalizadas a trav茅s de eventos con efectos domin贸 sobre la coyuntura de gobierno. Como ejemplos de reformas en provincias sobresalen las dos lideradas por Carlos Arslani谩n en Buenos Aires. Ambas fueron precedidas, respectivamente, por el asesinato de Jos茅 Luis Cabezas y por incrementos de delitos "no tolerables" socialmente con evidencias de involucramiento policial. Otro ejemplo es la de Mendoza, en 1998, iniciada por Arturo Lafalla (PJ), con el acompa帽amiento de los candidatos a gobernador del PJ, la Alianza y el PD y que continu贸 Roberto Iglesias (UCR). Esta reforma fue propiciada por un alza de los 铆ndices delictivos, pero sobre todo por la desaparici贸n de Sebasti谩n Bord贸n y por una rebeli贸n policial que rebasaron la tolerancia social y pol铆tica a la autonom铆a de una polic铆a corrupta y violenta.
En Santa Fe la actual "crisis" que habilita una reforma ya est谩 instalada. Se expresa en fen贸menos como la violencia interpersonal intensa entre j贸venes de los sectores populares (no reducible al "narcotr谩fico"), la violencia institucional sistem谩tica y la participaci贸n policial en el gerenciamiento de varios delitos. Esta "crisis" no es una novedad, han sido recurrentes desde 1983 y los fen贸menos que las expresan tienen causas de muy larga data. Entre las m谩s serias se encuentran los distintos grados de inercia o connivencia institucional imputables a los sucesivos poderes ejecutivos, legislativos y judiciales del 83 al presente. Y han sido infrecuentes los intentos aislados de promover pol铆ticas activas de seguridad, abordar las ilegalidades policiales, conducir a las instituciones de seguridad y transformar sus pr谩cticas.
Ante la emergencia de estos fen贸menos el gobierno provincial tiene dos alternativas. Una es seguir profundizando el rumbo actual, respondiendo a cada nueva "crisis" con medidas parciales y coyunturales. Corre as铆 el riesgo de dilapidar su principal capital pol铆tico, que aunque devaluado aun conserva. Este capital es su no aprovechamiento de las "cajas" policiales, provenientes tanto del gerenciamiento criminal como del presupuesto institucional. Esto sin perder de vista que ambas "cajas" a煤n gozan de buena salud en la polic铆a. Por lo que si bien parecen tener cortado el flujo ascendente hacia el ejecutivo, nada indica que se haya interrumpido su movimiento de "derrame lateral".
La segunda alternativa para el gobierno es perderle el temor reverencial a la polic铆a y asumir efectivamente su control civil y promover su reforma integral, conjuntamente con el desarrollo de pol铆ticas de prevenci贸n (sobre todo social) del delito. Optar por la segunda alternativa exige retomar y profundizar el camino iniciado durante la gesti贸n de Daniel Cuenca en diciembre 2007, progresivamente abandonado luego de su renuncia y la designaci贸n de Alvaro Gaviola en diciembre 2009.
Lograrlo no es imposible. Requiere decisi贸n pol铆tica f茅rrea, conocimiento t茅cnico espec铆fico y dejar de malgastar el presupuesto en compra de m贸viles, videovigilancia y campa帽as medi谩ticas que se le vuelven en contra como boomerangs. A continuaci贸n una enumeraci贸n concisa y gen茅rica de algunos ejes centrales de una agenda inmediata. El "pack b谩sico" que permitir铆a ganar en gobernabilidad y avanzar hacia los objetivos centrales: reforma policial integral y pol铆ticas de prevenci贸n del delito (que no son expuestos en esta nota). Varios de los puntos de esta agenda los hemos desarrollado en el Acuerdo de Seguridad Democr谩tica (www.asd.org.ar).
El "pack b谩sico":
1. Desarrollar y dotar de personal id贸neo a la Subsecretar铆a de An谩lisis Criminal para comenzar a producir informaci贸n e inteligencia criminal v谩lida y fiable propia. Esta informaci贸n debe comprender tanto a los fen贸menos delictivos como al funcionamiento de todas las agencias del sistema penal. Debe basarse en fuentes cuantitativas y cualitativas y su producci贸n y an谩lisis debe ser rigurosa y sistem谩tica y articularse con la que producen las universidades p煤blicas.
Continuar gestionando sin esta informaci贸n como hasta el presente fortalece la autonom铆a policial. Asimismo, vuelve a las pol铆ticas de seguridad err谩ticas y sin fundamentos emp铆ricos ni posibilidad de evaluaci贸n.
2. Desarrollar pol铆ticas espec铆ficas de prevenci贸n social del delito para operar sobre las causas y tensiones estructurales y culturales que sit煤an a grupos de personas en situaciones donde las alternativas convencionales se encuentran bloqueadas y la participaci贸n fluctuante en los "delitos de los d茅biles" constituyen "soluciones" para la construcci贸n de identidad, v铆nculos, reconocimiento y respeto.
En particular debe retomarse el Programa de Inclusi贸n Sociocultural con J贸venes para la Prevenci贸n del Delito. Este programa fue desarrollado por la Secretar铆a de Seguridad Comunitaria y el Gabinete Social en conjunto con la Secretar铆a de Seguridad Interior de la Naci贸n, en el marco del PNUD. No se trataba de un proyecto piloto sino de una intervenci贸n gradual en seis barrios de las ciudades de Rosario y Santa Fe, caracterizados por la concentraci贸n de violencia letal entre j贸venes. En diciembre de 2011 involucraba a doscientos j贸venes de ambas ciudades que participaban en bandas. En cuatro de los seis barrios la intervenci贸n incluy贸 a j贸venes de la totalidad de las bandas existentes. Y estaba avanzada la ampliaci贸n de su presupuesto y nuevo personal seleccionado para su extensi贸n. El programa fue desarticulado por el ex ministro Leandro Corti, como resultado de sus limitaciones a la hora de conformar equipos de gesti贸n y por su concepci贸n "polic铆aco-c茅ntrica".
El desarrollo de estrategias de prevenci贸n social del delito es un requisito ineludible previo a la implementaci贸n de polic铆as barriales o de proximidad en contextos de exclusi贸n social. No desarrollarlas previamente agravar铆a la sobre-criminalizaci贸n de los actores m谩s vulnerables de las econom铆as delictivas.
3. Abordaje de las manifestaciones locales de delitos complejos, como narco-criminalidad, circulaci贸n de armas, trata, barras bravas, comercializaci贸n de autopartes, pirater铆a de asfalto, etc. Para ello, no basta con la creaci贸n de la Secretar铆a de Delitos Complejos. Debe dotarse a la misma de una estructura adecuada, de medios y de personal capacitados. Incluso se requieren reformas legislativas.
Sin estos requisitos no es posible ni conducir a la polic铆a ni lograr articulaciones efectivas con las fuerzas de seguridad nacionales y los poderes judiciales. Las recientes designaciones de Jorge Barraguirre y Alejandra Gils Carb贸 como procuradores provincial y nacional, respectivamente, generan condiciones 贸ptimas para abordar criminalidades complejas pero corresponde al Ministerio liderar la articulaci贸n con estas 谩reas. Tambi茅n es clave concretar la creaci贸n de una polic铆a judicial.
4. Control interno. La Secretar铆a de Control de Seguridad, creada sobre el final de su gesti贸n por Cuenca, no ha sido desarrollada. Transcurridos tres a帽os y medio no es a煤n un organismo independiente de investigaci贸n compuesto por civiles. As铆 resulta inapropiada para poner fin a uno de los mayores problemas que presenta la instituci贸n policial: polic铆as que se investigan entre s铆 y encubren su accionar ilegal.
La potestad de aplicar las sanciones disciplinarias sigue siendo competencia del jefe de polic铆a y no de la Secretar铆a.
5. La implementaci贸n de una reforma policial supone como requisito la construcci贸n de un liderazgo pol铆tico que establezca un profundo cambio en las formas tradicionales de funcionamiento y organizaci贸n de la polic铆a. Y que pueda gobernarla durante el proceso de reforma. Para ello no basta con crear un Ministerio sino que este liderazgo pol铆tico debe conducir la formulaci贸n, implementaci贸n y evaluaci贸n de las pol铆ticas y estrategias del sector. Designar a un civil como jefe de polic铆a es parte esencial de estas medidas.
6. Con estas medidas en marcha y un plan de reforma policial y de seguridad, el gobierno debe convocar al Acuerdo de Seguridad Democr谩tica, hoy el 煤nico espacio existente con diversidad pol铆tico partidaria y experiencia de gesti贸n, como para facilitar la construcci贸n de consensos. Una de las primeras medidas de esta convocatoria deber铆a ser un proyecto de ley marco de seguridad p煤blica, que configure y materialice el consenso a partir del cual desarrollar la reforma policial y las pol铆ticas de prevenci贸n del delito.
* Crimin贸logo. Ex Secretario de Seguridad Comunitaria de la Provincia
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