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El gobernador Antonio Bonfatti ha logrado, hasta ahora, despegar el profundo déficit en políticas públicas de seguridad de su figura política. Sigue siendo hoy uno de los dirigentes santafesinos con mejor imagen, lo que demuestra que el ministro del área Raúl Lamberto cumple con un cometido fundamental: absorber la mayor parte de los golpes que recibe la administración en la materia. Ante la imposibilidad seria de conducir a una policía que ha demostrado seguir desbocada y reticente a los cambios, el experimentado dirigente del socialismo apela a toda su experiencia política para asumir la patriada.
Eso le respetan a Lamberto, haber asumido el rol de sentarse en el hormiguero, de perder la tranquilidad en su vida y de plantarse ante lo que se venga aunque salga de allí incinerado. Por eso cuando esta semana sonó fuerte el rumor de un cambio ministerial tras la reunión a solas que tuvo Lamberto con el diputado Maximiliano Pullaro; enseguida se intentó despejar dudas al respecto. Aunque con poco éxito. Todos están expectantes de algún cambio que impacte, o de nombres, o de estructura ministerial.
Al gobierno se le ha terminado el espacio para pedir paciencia por una reforma en marcha. Esos cambios llevan ya años y han demostrado poquísimos resultados. Se apuntó a modificaciones de largo plazo como la mayor complejidad y duración en la carrera de policía pero resulta que después salen los profesores del propio instituto de formación policial a denunciar que cobran dos veces al año y que ahora se quiere dar un año curricular entero vía Internet con cursos on line.
Parte de este fracaso fue asumido por el propio gobierno cuando decidió que los cadetes vuelvan a salir a la calles en el segundo año de su preparación. Y también se lo vió al propio Bonfatti asumiendo la frustración del fracaso a la convocatoria a policías ya retirados de la fuerza. Nadie, al menos nadie de los buenos, se mostró interesado en volver a una fuerza totalmente deslegitimada.
Por estos días se ha visto que la corrupción policial es un estándar en la Argentina. Pero eso no exime a Santa Fe de tomar conciencia de que la policía sigue siendo un actor principal por acción u omisión en la administración del delito en la ciudad de Rosario y en gran parte de la provincia.
La seguidilla de hechos que derivaron de la violenta entradera de Riobamba al 4.300, donde fue asesinado Leonardo Perrone, ponen en la superficie una parte de lo que está pasando. Uno de los responsables fue cosido a balazos en Cabín 9. Un ladrón y asesino encontrado a las 24 horas por una policía a la que le cuesta no sólo encontrar y detener a un delincuente; sino que hasta se le "escapan" por la puerta principal de la alcaidía renombrados mafiosos como el jefe de los sicarios de Los Monos.
Luego de ultimado Walter Asensio, un preso muere degollado en la cárcel de la jefatura en un rincón donde nuevamente la cámara de seguridad no funcionaba. Unas horas más tarde, se entrega solo en la fiscalía Jonathan Alcaraz, otro de los implicados en el violento atraco de Riobamba 4.300. No sólo eso, el fiscal Florentino Malaponte se ve en la obligación de aclarar públicamente que el reo "no se entregó por miedo". No hacía falta que lo dijera, pero es obvio que el miedo es a la policía. No a la justicia ni a los otros delincuentes.
Ahora se puede ver. La presencia de Gendarmería en las calles acorraló a una policía provincial que últimamente y de manera violenta, ha hecho saber que resistirá todo lo que pueda en su territorio. Las señales hay que leerlas: otra cámara que no funcionó en el asalto a las dos de la tarde a la vecinal de Empalme Graneros con 30 personas dentro del edificio y a cien metros de la seccional policial del barrio. Quien no quiera ver estos detalles, se pierde una gran parte del panorama general de la seguridad.
Otro factor clave en dejar al descubierto la connivencia y también la ineficacia de la fuerza es la propia acción de los fiscales de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal. Están al frente de las investigaciones, hablan con los medios todos los días, son las nuevas estrellas del sistema judicial santafesino al que también desnudan en su inoperancia y lentitud. Ese fue un cambio positivo impulsado por el gobierno, pero no se sabe por cuánto tiempo: cada uno de los fiscales ya acumula una cantidad de causas que se torna inmanejable y empezaron a requerir de personal adicional para poder seguir sus investigaciones.
Otra interna, otro bloque
La concejala del Partido del Progreso Social Fernanda Gigliani, formalizó su pedido de conformar una bancada unipersonal en el Concejo y con esa presentación oficializó su ruptura con Héctor Cavallero. Para los observadores políticos se trata de una interna casi fraticida, teniendo en cuenta el tamaño de la fuerza política en la que se da y que va a generar un perjuicio enorme para todos los participantes.
Las dos partes tienen sus argumentos atendibles que derivaron en la ruptura. Gigliani (y su mentor político, quien además liderará el nuevo sector, el diputado Oscar Urruty) sostiene que Cavallero trasladó a marzo próximo la discusión de las candidaturas del partido con lo cual, de cara a las elecciones de 2015, el único candidato con posibilidades será el propio Cavallero que tiene un enorme grado de conocimiento en el electorado. Los demás necesitarían varios meses de instalación pública para contar con alguna chance.
Por su lado, Cavallero dice ser el dueño de los votos y que fue él el que impulsó a la joven concejal postergando a otros dirigentes del PPS. Y ratifica que también gracias a él Urruty ocupa cargos públicos desde hace muchos años. Una cosa queda clara y asentada: en política nadie se retira y eso con el correr de los años cierra los espacios a la participación. Pero también es real que hay que conseguir votos para proyectar a los partidos políticos y no todos están en condiciones de hacerlo. Claro que reclaman sus espacios para poder proyectarse a futuro. Es una historia larga y conocida y que casi nunca termina bien.
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