Página/12 :: rosario :: Los años que se perdieron

El gobierno provincial primero pretendió esconder el escenario complejo que vivíamos en la provincia con el crecimiento de la violencia y de la tasa de homicidios subsumiendo todo a la dinámica de los "ajustes de cuenta"; luego ﷓caso Hugo Tognoli mediante﷓ pasó a denunciar una supuesta ofensiva del gobierno nacional contra las autoridades locales. El próximo paso fue el de instalar públicamente que el gobierno provincial era víctima del accionar de las bandas a las que supuestamente combatía con eficacia, y para ello explotaron mediáticamente escuchas telefónicas entre integrantes de esas bandas, aunque de forma parcial, ocultando prolijamente los extractos en los que se involucraba a funcionarios políticos y judiciales.

Finalmente, los voceros oficiales y oficiosos del gobierno de Bonfatti se desayunaron con que tenían un problema dentro de las fuerzas de seguridad, que había connivencia con el delito, y asumieron retóricamente la necesidad de una reforma policial tan promocionada como inexistente.

Hoy escuchamos a la diputada Alicia Ciciliani, y a otros legisladores y funcionarios de la alianza radical socialista, denunciar reacciones corporativas contra esas supuestas reformas, cuando fue este gobierno el que pactó con la corporación policial vetando la Ley de Policía Judicial, reglamentando los concursos para ascensos pero sin cupos (incumpliendo una vez más la Ley 12521), entre otras decisiones políticas que nos hicieron perder años en materia de cambios profundos en la fuerza.

La oposición en el plano legislativo denunció este estado de cosas en las conclusiones de la comisión investigadora por el triple crimen de Villa Moreno y propuso ﷓por ejemplo﷓ herramientas virtuosas como los filtros que incluía la Ley de emergencia en seguridad, impidiendo el ascenso a lugares de conducción de agentes cuestionados judicialmente, o como la Ley de creación del Organismo de Investigaciones. Ambas iniciativas fueron vetadas por el Ejecutivo.

* Diputado provincial, presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja.