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El sólo hecho de pensarlo da escalofríos. Que un dirigente político de la provincia, con alto rango en la Nación, pueda estar tan siquiera sindicado de estar detrás de las operaciones que -desde el viernes- intentaron sembrar el caos en la ciudad cobijado bajo el fantasma de los saqueos parece increíble. Si no fuera porque otros funcionarios (locales, provinciales y nacionales) lo han repetido a los periodistas bajo promesa de guardar su identidad bajo siete llaves. U ocho, para estar más seguros. Las brujas no existen, pero que las hay, las hay.
Fue tal el entendimiento entre Provincia y Municipio en medio de la emergencia climático-social que vivió Rosario que, muy a pesar de la desafinada crítica de la senadora nacional Roxana Latorre (PJ); hasta para detectar las conspiraciones coincidieron.
Los dos niveles del gobierno compartieron la información de los misteriosos llamados realizados desde un telecentro de la zona sur, a escuelas, medios de comunicación y dependencias oficiales, asegurando que habían comenzado los saqueos en distintos puntos de la ciudad. Entre provincia y municipio también intercambiaron noticias sobre la probable filiación política de unas cuantas personas que -a cambio de dinero- hicieron correr el reguero de pólvora por las sensibles barriadas del sudoeste.
Para la senadora Latorre el gobierno provincial estaba obligado a "restaurar la autoridad" ante los piquetes que se repetían desde la feroz tormenta del miércoles 15. Y, en realidad, el gobierno provincial demostró tener más autoridad que nunca: Ni un sólo policía se extralimitó ni actuó más allá de las órdenes precisas del gobernador que eran "no reprimir", sino disuadir y consensuar con la gente para aislar a los que pretendían profundizar y orientar a la legítima protesta, vaya a saber para qué lado.
Y la autoridad se mantuvo con los sectores medios en contra, lo cual transformó a estas órdenes del poder político en decisiones mucho más arriesgadas y responsables. Gobernar no siempre es hacerlo para la tribuna y aquí quedó demostrado. Las quejas de Doña Rosa que por las radios pidieron "palos a esos vivos que quieren aprovecharse de la situación", fueron sistemáticamente desoídas por quienes tienen responsabilidad de gobierno, a sabiendas de que si escuchaban esos cantos de sirenas gordas y en chancletas, serían esos mismos sectores los que después los responsabilizarían por un caos social violento desatado por una represión sin sentido. El tema era aguantar el chubasco (igual que con el granizo) de la mejor manera posible. Cualquier intento por querer cortarlo de raíz hubiera multiplicado sus efectos devastadores. El gobernador Obeid lo dijo con claridad: "Ya vivimos lo que pasó en esta provincia cuando se mandó a reprimir a la gente". Si después del '89, el 2001 y las inundaciones de 2003 en Santa Fe la sociedad no aprendió nada, allá ella. Los gobernantes tomaron debida nota de la experiencia y se dispusieron a no repetirla. Quizás pensando en sus propias cabezas, pero lo hicieron de todos modos.
No son muchas las oportunidades que tiene un periodista con estricto sentido crítico (no hay muchas más formas de entender a esta profesión), de destacar una acción de gobierno. Y esta fue, felizmente, una de ellas.
Entendiendo que uno de los graves problemas que aqueja a este país es el consenso, presenciar el entendimiento entre administraciones de fuerzas políticas opositoras que abandonaron las minucias ante la contingencia no deja de ser un espectáculo digno de ver. Mal que les pese a quienes siguen sin entender que las pírricas víctorias arrancadas a las crisis, duran menos que un suspiro.
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