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El flagelo del narcotr谩fico no es un fen贸meno exclusivo de la provincia de Santa Fe. Ni siquiera de Argentina. Tampoco de Am茅rica Latina. Es un problema de car谩cter mundial. El paradigma prohibicionista gener贸 un negocio il铆cito que mueve anualmente m谩s de 500 mil millones de d贸lares, seg煤n estimaciones de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). "Las drogas est谩n instaladas desde tiempos inmemoriales, pero se convirtieron en un problema a partir de abordajes equivocados que demonizan al consumidor y a las sustancias", sostiene Silvia Inchaurraga, directora del Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencia y Sida (Ceads) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
La investigadora aboga por la despenalizaci贸n de la tenencia de drogas para el consumo personal y pone el acento en el papel del Estado en relaci贸n a la implementaci贸n de pol铆ticas p煤blicas que den lugar a la asistencia del consumidor, brind谩ndole apoyo, contenci贸n e informaci贸n. "Necesitamos contar con una atenci贸n primaria para prevenir y/o asistir el consumo con pol铆ticas de reducci贸n de da帽os", se帽ala.
Ahora bien, 驴qu茅 es la reducci贸n de da帽os? Son estrategias de intervenci贸n en conductas que provocan riesgos para la salud, que buscan mitigar las consecuencias negativas que ocasionan los estupefacientes, intentando reducir riesgos asociados como las enfermedades de transmisi贸n sexual o el peligro de sobredosis. Esta 煤ltima tom贸 visibilidad en el pa铆s con la muerte de j贸venes en fiestas electr贸nicas realizadas en Rosario, C贸rdoba y Buenos Aires.
"Es un abordaje amigable y pragm谩tico", define Inchaurraga, quien se declara en contra de "la guerra contra las drogas" por sus efectos devastadores en la poblaci贸n, sobre todo en los sectores de mayor vulnerabilidad social. "En el escenario actual de clandestinidad, donde no se conoce la composici贸n qu铆mica de la pastilla en el caso de las drogas sint茅ticas y se desconoce la pureza de otras sustancias que se comercializan en el mercado negro, deja expuesta a la persona a much铆simos riesgos que pueden terminar en la muerte", alerta.
Para la especialista, es necesario garantizar el acceso a informaci贸n que d茅 cuenta sobre los riesgos que trae aparejado el uso de estupefacientes. "No hay que malinterpretar estas estrategias; no legitimamos el consumo ni hacemos apolog铆a de ninguna manera. Tenemos que madurar como sociedad y aceptar que es una realidad asentada, que es necesario encararla desde un abordaje pr谩ctico y auxiliar al eslab贸n m谩s d茅bil de la cadena", indica.
"En un extremo est谩 el pibe que muere de sobredosis en una villa y en el otro un joven de clase media que muere de sobredosis en una fiesta electr贸nica. En ambos casos el Estado est谩 ausente, cuando deber铆a afrontar este flagelo de forma realista para que esas personas conozcan los riesgos vinculados al consumo de drogas, con acceso a informaci贸n y a un sistema sanitario que pueda atenderlos de manera adecuada", se帽ala la investigadora del Consejo de Investigaciones de la UNR (CIUNR).
Psic贸loga de profesi贸n, Inchaurraga apunta contra la filosof铆a con la que se rigen las instituciones p煤blicas como las c谩rceles, los reformatorios y los institutos de menores, donde no hay una evaluaci贸n diagn贸stica ni un af谩n de rehabilitaci贸n, sino que se centran en la exclusi贸n social del individuo. "Queremos que los consumidores dejen de ser tratados por el derecho penal como delincuentes", puntualiza.
"En tanto no le encontremos la punta al ovillo y sigamos alimentando la l贸gica b茅lica del consumidor peligroso -advierte-, corremos el riesgo de que se fortalezcan los poderes represivos del Estado y cualquier hecho va a ser percibido como una situaci贸n de peligro colectivo, fomentando una percepci贸n social que considero equivocada".
En esa l铆nea, la especialista no duda en afirmar: "Si queremos garantizar la salud p煤blica, no podemos seguir con un paradigma que pelea contra objetos inanimados como son las sustancias sin dar respuesta a todos los problemas psicol贸gicos y sociales vinculados a los usuarios de drogas".
En sinton铆a con el planteo de la experta, un grupo de m谩s de 250 jueces, fiscales y defensores de todo el pa铆s firmaron el pasado 29 de agosto un documento en el que reclaman, entre otras cosas, una nueva pol铆tica que "no criminalice a los usuarios de drogas prohibidas" y respete los derechos humanos. "Se ha impuesto una l贸gica b茅lica en la que los consumidores son enemigos p煤blicos por el hecho de usar sustancias ilegales", agregan.
La acad茅mica califica de demag贸gicos los discursos de la clase pol铆tica "sin importar su procedencia", que tienden a un enfoque conservador de la problem谩tica, replicando recetas instrumentadas por pa铆ses que sufrieron da帽os colaterales devastadores (Estados Unidos, Colombia, M茅xico). "Terminan abonando aquello que quieren evitar y lo que necesitamos es un giro estructural", concluye.
*Integrante de la Direcci贸n de Comunicaci贸n de la Ciencia de la UNR
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