Página/12 :: rosario :: "El dictamen sorprende porque la Corte Suprema había sido clara"

El dictamen del fiscal general federal de Rosario Claudio Palacín, que calificó como crimen de lesa humanidad el asesinato del coronel Argentino Larraburre ocurrido a manos del ERP en 1974 cosechó ayer distintos repudios: Ana Oberlin -abogada de HIJOS y querellante en causas de terrorismo de Estado- confesó que "nos sorprende porque desde nuestro punto de vista la Corte Suprema había calificado en el caso Simón los delitos de lesa humanidad los comete el Estado y desde el Estado poniendo su propia maquinaria al servicio del terror. Un crimen de lesa humanidad no se entiende por un delito cometido a manos de un grupo armado y en forma aislada". Por su parte a Unidad Antirrepresiva por los Derechos Humanos reivindicó ayer a través de un comunicado esta maniobra constituye "la restauración del sistema de persecución judicial militar".

De igual modo reivindican "haber recusado el 17 de agosto de 2006 al Juez Federal de la 4 Nominación, Germán Sutter Schneider, con la clara conciencia de que un hijo de un jerarca de la Dictadura Militar Genocida (Ministro de Educación y de Gobierno de la Provincia de Santa Fe durante la misma) no podía ser imparcial, sino todo lo contrario. La verdad de esta afirmación se está comprobando con el estruendo propio de las peores acciones de esta clase de gente". La UADH se refería asi a la actitud del magistrado de "haber habilitado la vía de sometimiento al fuero penal de militantes de los años 70 mediante una repugnante maniobra que completa el Fiscal General de la Cámara de Rosario, Claudio Palacín que en un escrito de casi un centenar de hojas, promueve la apertura de causa contra quienes hubieran participado en los hechos que concluyeron con la muerte del Coronel Argentino del Valle Larrabure".

Para la UADH esto constituye "la restauración del sistema de persecución judicial militar, plagado de consideraciones propias de los más crueles represores en ofensa incluso a nuestros compañeros desaparecidos y con una conclusión directamente propia del terrorismo de Estado: las acciones de los que lucharon constituyen delitos de lesa humanidad".

En rigor la agrupación HIJOS ya había advertido sobre la maniobra en su momento, en el que rechazaba "un nuevo intento de instalar la teoría de los dos demonios en el debate público" y recordaba que en el derecho internacional "constituyen crímenes contra la humanidad actos como: El genocidio, el apartheid, la esclavitud, la práctica sistemática o a gran escala del asesinato, la tortura, las desapariciones forzadas, la detención arbitraria", entre otros.

Según Hijos, "el sello de tales crímenes lo determina su gran escala y naturaleza sistemática, en contra de la población civil, en todo o en parte, y una de sus consecuencias fundamentales es que son imprescriptibles".

La agrupación agregaba entonces que "en este marco nos preocupa la confusión en que incurren algunas opiniones, asimilando la no investigación y juzgamiento oportuno de ese delito aislado con el exterminio masivo de militantes populares llevado adelante de modo sistemático por el terrorismo de Estado".

"El dictamen sorprende porque la Corte Suprema había sido clara"

La abogada de HIJOS Ana Oberlin opinó sobre la decisión de la justicia federal rosarina de habilitar la investigación de un hecho del ERP en el '74 como crimen de lesa humanidad.