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El dictamen del Fiscal General de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Claudio Palacín en la causa Larrabure adolece de vicios insanables que tornan nula de nulidad absoluta las actuaciones desde el punto de vista formal, e improcedente desde un aspecto sustancial, convirtiendo a las manifestaciones de este hombre de derecho como una mera expresión de deseos. En efecto, cuando el denunciante solicita se abra la investigación punitiva respecto del secuestro y muerte del Mayor Argentino Larrabure, el Fiscal Federal competente Francisco Sosa aconseja rechazar la pretensión por considerar que la acción penal está prescripta atento al carácter de delito común de un hecho cometido hace treinta años y por no revestir la condición de delito de lesa humanidad.
Frente a este dictamen que niega el requerimiento de instrucción, insólitamente el Juez Sutter Schneider corre traslado al citado Fiscal de Cámara para que opine sobre el dictamen del inferior. Y es allí donde el Fiscal de Cámara doctor Palacín emite su parecer, aclarando al inicio que viene "a responder la consulta que me efectúa su señoría". Y el paso siguiente será cargar sobre las espaldas del Fiscal Ricardo Moisés Vazquez, a cargo de la Unidad Especial de Investigación designado por el Procurador Dr. Esteban Righi, en quien el Juez Sutter ha delegado la investigación; la misión imposible de retomar la senda de la teoría de los dos demonios, a contramano de la política oficial de derechos humanos.
En definitiva, el Fiscal Palacín consiguió algo impensado: Reinstalar a nivel nacional una discusión basada en una teoría de hace veinte años, hoy dejada de lado por esta democracia más madura, con una Corte prestigiada que emite jurisprudencia que está en las antípodas de este pensamiento.
Por supuesto, Palacín no logra acreditar la concurrencia de los principios básicos que definen un crimen de lesa humanidad en tanto no surge que estemos en presencia de un ataque sistemático y generalizado contra una población civil, y/o ejercido desde el Estado o por parte de grupos paraestatales, con armamento provisto por el Estado y/o con miembros paramilitares o parapoliciales o integrantes de servicios de inteligencia, etc.
Se retoma la versión del demonio bicéfalo y se pretende meter presión a la Justicia tímida, que acepta chicanas dilatorias, pidiendo declaren acciones guerrilleras como crímenes de lesa humanidad, montándose sobre el miedo generado en ciertos sectores por la reapertura de causas de la Triple A y la revisión de la complicidad dirigencial en la masacre de una generación política e ideológica operada a partir del último retorno de Perón al país. El miedo busca extenderse también a víctimas, principales testigos, que protagonizaron acciones guerrilleras, para decirle: Ojo, que te reabrimos las causas.
*Abogado querellante
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