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La jueza de instrucción Alejandra Rodenas ordenó ayer a las Tropas de Operaciones Especiales trasladar a dos internos de la Unidad Nº 3 que denunciaron -con el respaldo de la Coordinadora de Trabajo Carcelario- que uno de los responsables del penal les entregó chuzas para asesinar a otro detenido. Los dos detenidos prestaron declaración a última hora de la tarde, tras lo cual fueron trasladados a dependencias policiales para sacarlos de la órbita del Servicio Penitenciario.
El operativo se cumplió a las 19 momento en el que ingresaron a la cárcel de Zeballos y Ricchieri, en busca de los internos Jorge Ayala y Jorge García, alojados en el pabellón Nº 1 quienes denunciaron que el Jefe de Correccional de dicha Unidad de apellido Romano "les había ofrecido distintos tipos de beneficios si asesinaban al interno Rubén Pio Castaño, habiéndosele según manifiesta entregado elementos punzocortantes para tal fin", según consta en la denuncia.
Paralelamente los internos Castaño y Ariel Maschio, ambos alojados en el pabellón Nº 1, hicieron pública una carta donde denunciaban los sistemáticos atropellos del que eran víctimas.
A última hora de la tarde también Mariano Bufarini, director del Servicio Penitenciario, se presentó ante la magistrada. "Nos anoticiamos de la denuncia de los dos internos y vinimos a ponernos a disposición de la doctora Rodenas y poner a su disposición a cualquier empleado penitenciario que esté imputado del hecho", indicó el funcionario a Rosario/12 .
En rigor esta situación comenzó el martes 4 de diciembre cuando los internos del pabellón Nº 1 le presentaron un petitorio al director de la Unidad, Mario Rodríguez. "Esa noche el Jefe de Correccional, Romano se presentó en el pabellón al frente de la guardia armada intentando reprimir a la totalidad de la población. Sin embargo esto se evitó con la intervención de la Dirección General del Servicio Penitenciario que envió a un oficial superior de apellido Acosta para encontrar una resolución pacifica del conflicto", según consta en la denuncia que ayer presentó la CTC, con el patrocinio de Carmen Maidagan.
El día posterior y como consecuencia de los hechos ocurridos el día 4 se hicieron presentes en la Unidad el entonces Director del Servicio Penitenciario Provincial Jorge Bortolozzi quien dialogó con los voceros de la población penal del pabellón Nª 1. "Los internos ratificaron el petitorio en el que solicitaban arreglos edilicios en el pabellón que resulta inhabitable por las condiciones en las que se encuentra, la separación de una de las guardias que había producido en las últimas semanas serios conflictos con la población, que fueron constatados por las propias autoridades, y denunciaron las condiciones vejatorias en que se realizan las requisas a sus familiares y a la propia población penal", apuntó Antonio Tesolini dirigente de la CTC.
Todo se complicó sin embargo horas después ya que -a pesar de haber encontrado un mecanismos de dialogo y resolución pacifica del conflicto- las autoridades de la Unidad solicitaron el traslado de un grupo de internos del pabellón Nº 1 y sanciones colectivas ante el Juez de Ejecución penal de la Unidad. "Esto violenta resoluciones administrativas que obligan a solicitar la opinión a la dirección general del servicio penitenciario, responsable de la política institucional", apuntó Lilian Echegoy.
Además los internos denunciaron que "en los últimos días se han agudizado las amenazas de traslado a distintos lugares de la provincia, agravándose el día viernes a raíz de lo manifestado por los internos García y Ayala quienes se encuentran alojados en la unidad junto a sus hijos".
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