Esperar diez minutos en el tel茅fono para ser atendido por diferentes mensajes grabados, encontrar un cargo equivocado en una factura o un cambio de plan no solicitado, y recibir caramelos como vuelto en lugar de monedas parece ser algo natural para cualquier consumidor, aunque no deber铆a serlo. "La mayor铆a de las personas no conocen los derechos de los consumidores y usuarios", sentenci贸 el titular de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, Nestor Trigueros, quien se帽al贸 que ese d茅ficit es una de las principales causas de la vulneraci贸n de estos dreechos. "No s贸lo los desconocen, sino que tampoco son concientes de la importancia social de denunciar estos il铆citos, entonces las empresas hacen lo que quieren hasta que se las sanciona".
En las 煤ltimas semanas, por iniciativa del concejal por el ARI Carlos Comi, el Concejo solicit贸 al gobierno provincial que delegue en el municipio la facultad de aplicaci贸n de la Ley de Defensa del Consumidor para que 茅ste pueda actuar con poder de polic铆a investigando y sancionando a los infractores.
"Seg煤n un informe de la Sindicatura General de la Naci贸n (SIGEN), entre 1993 y 2007 s贸lo el 2 por ciento de las empresas infractoras fueron sancionadas", inform贸 Trigueros, quien destac贸 que al no cumplir con la obligaci贸n de atender al cliente, los reclamos derivan en el Estado.
La Oficina Municipal de Defensa del Consumidor funciona en la actualidad con un staff de 16 personas -desde administrativos a jerarquizados- para atender a una ciudad de alrededor de un mill贸n de habitantes, y -aunque parezca parad贸jico- est谩n "bien", seg煤n Trigueros. Si el Estado cumpliera con su obligaci贸n de educar a la poblaci贸n sobre sus derechos, lo que provocar铆a un incremento en las consultas, ah铆 s铆 "habr铆a que buscar otros mecanismos para atender todos los reclamos", se帽al贸 el funcionario.
Tal es lo que sucede actualmente con la Secretar铆a de Comercio de Santa Fe, que "no tiene suficiente personal para realizar todas las inspecciones y sancionar las multas correspondientes", explic贸 Trigueros, y destac贸 que de delegarse esta potestad a los municipios no s贸lo Rosario podr铆a aplicar el poder de polic铆a sino tambi茅n ciudades como "Santa Fe, Casilda y San Lorenzo, que ya mostraron inter茅s en tener sus propias oficinas".
Actualmente, Defensa del Consumidor realiza relevamientos de precios, investigaciones que derivan en expedientes presentados a la Secretar铆a de Comercio Provincial para que 茅sta sancione a los infractores, audiencias entre las partes cuando hay denuncias -de las que el 80% son resueltas favorablemente - y algunas campa帽as de difusi贸n con charlas en escuelas, adem谩s de la recepci贸n diaria de denuncias.
Ahora bien, si esta misma oficina tuviera la potestad de multar a quienes infringen la ley, el tr谩mite ser铆a mucho m谩s r谩pido y efectivo. "Si ahora mediante audiencias logramos resolver la mayor铆a de los casos, con la legitimaci贸n activa de la norma podr铆amos resolver el 100% de los casos en menos tiempo", calcul贸 Trigueros, aunque reconoci贸 que si aumentara el n煤mero de denuncias no dar铆an abasto para responder.
En este sentido, subray贸 la buena voluntad de las empresas para presentarse a las audiencias conciliatorias, aunque la atribuy贸 m谩s a un miedo a ser multados que a la predisposici贸n de respetar los derechos de sus clientes.
En este contexto, el funcionario hizo un c谩lculo r谩pido y concluy贸: si el Estado informa a los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones y esto deriva en un aumento del n煤mero de denuncias, la provincia no se va a poder hacer cargo de todas las infracciones, con lo cual derivar esta potestad a los municipios descomprimir铆a la situaci贸n si son varios en la provincia, teniendo en cuenta que las denuncias pueden recibirse en cualquier organizaci贸n de defensa de estos derechos.
De cualquier manera, de efectivizarse la legitimaci贸n activa, "quedar铆a a煤n pendiente la constituci贸n de un tribunal que establezca los montos de la indemnizaci贸n en cada caso", apunt贸 el titular de Defensa del Consumidor, y record贸 que actualmente las indemninzaciones llegan a los cinco mil trescientos pesos, aunque pocas veces se aplican.
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