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Domingo, 7 de septiembre de 2008
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Debate reabierto por el caso de los menores muertos a tiros cuando iban a robar.

Matar o morir sin un futuro cierto

Alberto y Sergio, murieron por los disparos del repartidor de pan Germán Giosa, al que intentaron asaltar. Rosario/12 convocó a quienes trabajan en estas problemáticas para discutir cómo se hace para que estos casos no se repitan.

Por Alicia Simeoni
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Mónica Varetto, de la dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.

"Estamos cansados de enterrar a estos chicos que no tienen ninguna oportunidad en la vida", dijo a Rosario/12 el padre Joaquín Núñez, cuya vivienda está a muy poca distancia de las que habitaban Alberto Matías Asensio (19) y Sergio Nicolás Morel (15), los dos chicos que fueron muertos, una semana atrás, por los disparos del repartidor de pan Germán Giosa, en Riobamba al 4.300. El velatorio se hizo, en la capilla Nuestra Señora de la Consolación, de Bella Vista Zona Oeste. Los dos, Asencio y Morel, tenían episodios de conflicto con la ley, pero justamente Morel había estado en Tribunales, por una tentativa de robo calificado, tres días antes del domingo 31, cuando una bala atravesó su cuerpo. Prestó declaración y volvió a su casa con su madre: Integraba la franja etárea de la no punibilidad y era sujeto de derecho en los alcances de la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Por estas razones Sergio Morel no quedó detenido ni fue derivado al Instituto de Rehabilitación del Adolescente Rosario. La titular de la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, Mónica Varetto, explicó que desde el Area Niñez de la Municipalidad se había comenzado a trabajar con el chico y su grupo familiar, en relación con los presupuestos de la ley, y que tenía una beca con la que participaba del Programa Andrés Rosario, de asistencias a usuarios de droga. Mientras tanto, la magistrada a cargo del juzgado de Menores 1, María del Carmen Musa, analizó lo ocurrido con Sergio Morel, sostuvo que las herramientas con que se cuenta para el abordaje de la problemática de los chicos no punibles son "anacrónicas" y marcó la necesidad de que se haga algo para evitar "el final previsible: mueren muy jóvenes", por una u otra causa. Su propuesta va en sentido contrario a la ley de protección que prioriza el rescate y el rearmado del vínculo familiar posible. Ella en cambio intuye "que hay que transplantarlos, sacarlos de donde viven" y después del tratamiento que les dé "herramientas para la autonomía, habrá que ubicarlos fuera del barrio, a lo mejor en otra ciudad".

La muerte de Asencio y de Morel se suman a tantas otras situaciones que derivan en muertes evitables. Este es el caso inverso, pero de la misma forma lascerante, de aquél chico que en el verano pasado ingresó a robar al comercio -un maxiquiosco-, ubicado en Corrientes y La Paz. En esa oportunidad resultó muerto un hombre de 75 años que atendía el negocio, y que como el repartidor Giosa, también estaba armado. En esta ocasión el revolver del repartidor fue disparado y las balas impactaron en la cabeza de Asencio y atravesaron el cuerpo de Morel. Los dos cayeron muertos en Riobamba al 4.300. Una vez más quedaron expuestos los fracasos de las instituciones sociales, familia, escuela, y redes de contención que no existieron durante tantos y tantos años y que están ahora en un desarrollo incipiente. El nivel de deterioro de chicos y adolescentes, víctimas de tantas exclusiones, es demasiado profundo. En el caso de Sergio Morel, lo mataron antes que pudiera avanzarse en la intervención interdisciplinaria.

La directora provincial Mónica Varetto dijo a este diario que el chico de 15 años no había ingresado al "dispositivo de no punibles" que tiene la repartición a su cargo, pero que estaba actuando el Area de la Niñez, "ya que desde la dirección se articula con el gobierno municipal, sobre todo en el que se denomina trabajo en territorio". La coordinadora del municipio, Andrea Travaini, confirmó que los operadores de la zona comenzaron el trabajo con Morel a pedido de trabajadora social del juzgado que tiene el registro de su historia, el Nº 1 a cargo de María del Carmen Musa. "Se estaba trabajando con su grupo familiar, abordando la situación desde el Centro de Salud Esteban Maradona y el programa Andrés. Hacía tiempo que Nicolás no asistía a la escuela".

Varetto señaló que existe un trabajo interministerial, entre Justicia y Desarrollo Social, con "la lógica" del Gabinete Social que es la participación interdisciplinaria de todas las áreas para instrumentar "medidas socioeducativas", a través de distintos programas, destinados a jóvenes y adolescentes, incluyendo el trabajo con el grupo familiar en el estado en que esté, tal como está contenido en la ley de protección. Así se firmó un convenio con la Facultad de Psicología para la atención clínica en el Centro de Acción Familiar Nº 2.

La jueza Musa relató la tarea del fuero cuando se refiere a la situación de los chicos no punibles -los que no han cumplido los 16 años-, después de la sanción de la Ley de Protección. Así describió que los magistrados resuelven la situación jurídica de los chicos: si el delito denunciado fue cometido o no por ellos. En el primer caso los declaran no punibles "y se archiva la causa". Y como conclusión agrega que siempre se resuelve con el archivo de la causa: "No interesa si tiene una causa o sin son catorce, como relata la ficha de Sergio. No hay sanción penal".

María del Carmen Musa, quien es profesora adjunta de la Residencia de Minoridad y Familia de la Facultad de Derecho de la UNR y también en la UCA explicó que "el 77 por ciento de las causas que tramitan en los Juzgados de Menores son referidas a no punibles. Y de éstas, entre un 15 y un 20% involucran a chicos que transcurren en situaciones de extrema vulnerabilidad: sin familia, sin escuela, sin actividad alguna más que "estar", con consumo de sustancias, con la compañía de otros en su misma situación. Con estos chicos hay que hacer algo", sostuvo y recordó que antes "el "hacer algo" estaba en manos del Juzgado y hoy está en manos del Poder Ejecutivo, léase Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia". También señaló que para "el tratamiento" de los chicos en esa situación se cuenta "con las mismas herramientas de hace veinte años, en tanto los chicos son distintos. Estas herramientas no nos sirven. Se les ofrece la concurrencia al centro de salud donde un psicólogo lo va a atender una vez por semana, un taller de dos horas para reflexionar sobre su problemática, un turno para ser entrevistado por algún centro de rehabilitación de adicciones y...eso. Este centro lo va a recibir cuando el chico se digne ir y luego de dos o tres entrevistas va a informar que no puede admitirlo porque no encuentra colaboración del interesado; en realidad lo que quiere decir es que el interesado no está interesado en curarse. Y como no está interesado, que siga consumiendo. Cuando esté interesado que vuelva. Sergio parecía comenzar a engancharse en el Programa Andrés. No pudo profundizar su enganche. Lo mataron antes".

En cuento a la afirmación de que los recursos "son anacrónicos", Musa señaló un punto de vista que seguramente dará para la polémica: "Los chicos como Sergio 'están en otra'; en realidad, "están en nada". No hacen nada. No tienen anclaje afectivo con nadie. No pueden hacer un esfuerzo, ni siquiera para no hacer sufrir a su madre por la que matan y mueren. A veces no tienen madre, ni padre, ni adulto en quien reflejarse. No tienen ley. Son toda compulsión, ansiedad y desborde. Es imperioso y urgente que les inventemos un sentido y que se lo impongamos más allá de la falta de ganas de ellos. Esa fue la propuesta de Víctor Frankl, el padre de la logoterapia"

En el pensar qué y cómo hacer, la jueza de Menores intuye que "hay que trasplantarlos. Sacarlos de donde viven. Usar la fuerza si es necesario. Formar pequeñas comunidades a cargo de adultos pacientes que puedan y sepan cómo resistir sus embates y sus fugas; adultos que salgan a buscarlos y los vuelvan a la comunidad que los espera; que les den herramientas para la autonomía, aunque sea precaria. Después habrá que ubicarlos fuera del barrio, a lo mejor en otra ciudad. Claro que hace falta dinero para esto. No tanto como el que se cree. Si contamos los "Sergio" de los cuatro juzgados de Rosario, no llegamos a veinte". Por último Musa adelantó que "alguien va a decir que mi propuesta es privación de libertad según la definición de Naciones Unidas. Me anticipo a responder que la privación de libertad no está prohibida. Que en situaciones como la de Sergio, la privación de libertad hubiera salvado su vida".

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