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La secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), Elena Reynaga, y encabezó ayer el lanzamiento de la campaña nacional de firmas para exigir el esclarecimiento del asesinato de la dirigente Sandra Cabrera, así como la derogación de todos los artículos de los Códigos de Faltas provinciales que penalizan la prostitución. "La causa de nuestra querida compañera está por prescribir, y no lo vamos a permitir", prometió la dirigente nacional, flanqueada por la secretaria general de Ammar Rosario, Claudia Lucero. "En poquito tiempo haremos una nueva presentación judicial en la causa", prometió Reynaga. "Fue un crimen estructural. La causa demuestra la participación de las policías federal y provincial en el narcotráfico, y la extorsión a las trabajadoras sexuales para que vendan drogas", indicó el periodista Carlos Del Frade, a quien la organización gremial le pidió una lectura crítica del expediente. "No investigaron los vínculos entre dueños de boliches, policías federales y provinciales", señalaron desde Ammar.
"Desde que la mataron a Sandra no cambió nada, todo está igual", disparó Lucero, quien pidió la derogación de los tres artículos del Código de Faltas provincial que penalizan el trabajo sexual. "La única forma para que la policía deje de extorsionarnos es que cambien las leyes", indicó Lucero. En realidad, hubo un cambio, y se produjo por miedo. Las mujeres dejaron de trabajar por su cuenta, y debieron irse a prostíbulos o departamentos, donde buena parte de su dinero queda para los proxenetas. Según Lucero, se debió al temor provocado por la muerte de Sandra y el constante hostigamiento policial hacia las trabajadoras callejeras. La complicidad de la policía con los dueños de los prostíbulos es una de las denuncias de Ammar. "Además, la policía y los dueños de prostíbulos extorsionan a las mujeres para que vendan drogas", agregó Del Frade. "Han provocado miedo, y ahora la mayoría se fue a los prostíbulos y departamentos. En la Terminal casi no hay chicas en la calle", relató Lucero.
Reynaga recordó que "algunos diarios viven de la prostitución ajena, porque publican los avisos", y aseguró que cometen el delito de "proxenetismo", de acuerdo con el Pacto de San José de Costa Rica, que forma parte de la Constitución Nacional.
Como parte de la misma campaña, Ammar elaboró el Primer Registro Nacional de Crímenes contra las Trabajadoras Sexuales, en el que se relevaron por lo menos 27 asesinatos en los últimos doce años. "Fueron víctimas de la violencia institucional y de la doble moral de importantes sectores de la sociedad", indica el informe.
El sindicato, integrante de la Central de Trabajadores Argentinos, participa de la causa por el asesinato de Sandra Cabrera como actor civil, la única manera que tienen los representantes de las víctimas de formar parte del proceso en la provincia de Santa Fe, al menos hasta que esté vigente el nuevo procedimiento penal. En ese marco, Reynaga denunció la discriminación sufrida en la Justicia, que desestimó los testimonios de las trabajadoras sexuales por el solo hecho de serlo. "Hubo testimonios muy valiosos de compañeras, incluso de una que estuvo hasta última hora con Sandra, pero los jueces consideraron que no se debían tomar en cuenta porque se trataba de prostitutas. Por estas cuestiones, el asesino de Sandra está libre", afirmó.
La lectura crítica de la causa "demuestra que las policías federal y provincial forman parte de la red de narcotráfico que deben combatir, y extorsionan a las compañeras para que vendan drogas", puntualizó Del Frade, quien afirmó que esa situación fue comprobada, y reconocida, no sólo por los jueces Carlos Carbone y Alfredo Ivaldi Artacho, sino también por los camaristas Alberto Bernardini, Eduardo Sorrentino y Ernesto Pangia. El periodista también recordó que consta en el expediente que el jefe de la policía Federal de Rosario por entonces, Alberto Lomonte, le pidió que se deshaga de Sandra Cabrera al único sospechoso que tuvo la causa, Diego Parvluckzyk. "Pero todas estas pistas se dejaron de lado porque no abonan la teoría del crimen pasional", concluyó el periodista. De hecho, Sandra había recibido 18 amenazas de muerte.
En tanto, el integrante de la mesa nacional de CTA, Victorio Paulón, consideró que el de Sandra fue "un crimen político", en su carácter de dirigente social. Mientras Gustavo Martínez, secretario adjunto de ATE Rosario, enmarcó el crimen en una larga historia de hechos impunes en la provincia.
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