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La organización social Giros presentó ayer en el Concejo dos proyectos: uno de declaración de la "emergencia habitacional y disputa por la periferia", así como el pedido a los poderes legislativo y ejecutivo provincial de la derogación de los artículos de la ley orgánica de la policía que avalan las detenciones ilegítimas, como el 10 bis. Las iniciativas contaron con el aval de decenas de organizaciones locales, nacionales e internacionales, y nacieron de las "injustificadas detenciones del sábado pasado, en el marco de la disputa por la periferia que se libra en Rosario". Al mismo tiempo, los integrantes de Giros expresaron que hoy esperan "contar con la audiencia solicitada en carácter de urgente al intendente de la ciudad Miguel Lifschitz. Como venimos diciendo, el rol del ejecutivo municipal es central y hasta el momento ningún funcionario se ha puesto en contacto con nosotros".
Los integrantes de Giros llegaron al Concejo junto a Daniel Siñeriz, delegados de la Asamblea Popular Nuevo Alberdi y del barrio Empalme Graneros. Los representantes de los barrios expusieron la "urgente situación en la que se encuentran por los inminentes desalojos, como una muestra paradigmática de la situación de la periferia, que desnuda la necesaria e inmediata intervención del estado municipal". Pero no se quedarán ahí. Una vez que escuchen las posiciones de los diferentes actores políticos del estado municipal, pasarán al nivel provincial. El primer lugar al que recurrirán será la Legislatura.
El documento se Giros indica que "se develan hoy dos ciudades. Dos realidades antagónicas que van más allá de los discursos maniqueos de 'el centro y los barrios', de la periferia sucia y los centros bellos". A partir de su trabajo en los barrios, desde Giros hablan de "algo mucho más decisivo, más estructural, mucho más grave. En Rosario hay dos ciudades con sus correspondientes ciudadanos. Los ciudadanos de primera, los que todos conocemos, los que tienen derechos y garantías. Los que poseen vivienda, trabajo, justicia, educación, salud. Los que atesoran el derecho a la palabra, a la opinión. Los que pueden reclamar, acudir a los medios masivos, entrevistarse con funcionarios. Y en paralelo, en los bordes, en los márgenes, en la periferia, los ciudadanos de segunda. Los que más que derechos tienen concesiones. Los que para sobrevivir deben luchar cotidianamente". La descripción indica que los excluidos "deben librar una batalla múltiple que incluye desde conseguir agua para el baño y asegurar la próxima comida, hasta defender con uñas y dientes sus ranchos de esperanza. Que intentan zafar de los punteros y la prebenda, de la policía y las extorsiones. Sumado a esto, deben dar también, la pelea por la palabra. Por el derecho a decir lo que pasa, a denunciar la injustica y cambiar la realidad, frente a una sociedad que muchas veces los quiere muertos y encarcelados".
El documento de Giros denuncia que "la clase dirigente, la corporación política" está "expectante y ajena". La larguísima lista de organizaciones que adhieren incluye a distintos grupos de la ciudad, hasta Vía Campesina Internacional y Movimiento Sin Tierra de Brasil.
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