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Lunes, 7 de septiembre de 2009
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Ammar volverá a la Legislatura para exigir modificaciones al Código de Faltas

Las armas que sirven a la extorsión

La Asociación de Meretrices impulsará el tratamiento de la iniciativa de la diputada Lucrecia Aranda para derogar los tres artículos que penalizan la prostitución. Mientras tanto, el sindicato realiza talleres de prevención de VIH en las escuelas.

Por Evelyn Arach
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Las trabajadoras sexuales denuncian presiones, y convivencia de la policía con proxenetas.

"La coima sigue. Hay compañeras a las que la policía sigue amenazando con llevarlas presas para sacarles plata y hay wiskerías que siguen escondiendo a chicas menores de edad para prostituirlas". Así describió Claudia Lucero -titular de la filial rosarina de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR)-, la situación de las trabajadoras sexuales en Rosario. Esta semana volverán a recorrer la Legislatura santafesina para exigir a diputados y senadores la derogación de los tres artículos del código de faltas de la provincia que penaliza la prostitución. La diputada del PS Lucrecia Aranda denunció a Rosario/12 que hace diez días el procurador de la Corte Agustín Bassó dijo a los legisladores que en Santa Fe no hay causas judiciales contra los proxenetas "porque hay muchos sectores involucrados". "Eso es resignarse a la corrupción", evaluó Aranda y reveló que por ahora "no hay consenso ni en el Frente Progresista ni en el justicialismo para derogar la norma".

El Código de Faltas actual penaliza la prostitución cuando esa actividad no está contemplada en el Código Procesal Penal que rige en todo el país, con lo cual el argumento más contundente es la inconstitucionalidad de la norma. "Permite que la policía detenga a una trabajadora sexual por estar parada en una esquina y entonces las obliga a arreglar con el dueño de una wiskería, al que tiene que entregarle la mitad de lo que gana", explicó la legisladora. Así institucionaliza el proxenetismo que sí está penado por la ley. Sin embargo, al menos en Santa Fe, los proxenetas pueden dormir tranquilos: no hay causas contra ellos en la Justicia y hasta el procurador de la Corte se resigna a que todo siga igual. Las únicas causas que constan tienen como protagonistas a las trabajadoras sexuales.

"Recientemente, el Jefe de la Policía de Rafaela nos exhibió con orgullo todas las entradas y salidas de meretrices a las comisarías como prueba de que combaten la prostitución. Pero cuando le preguntamos a cuantos proxenetas habían detenido, se quedó en silencio", recordó la diputada.

Pese a esta realidad, sigue existiendo una cerrada resistencia a tratar el proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la provincia para despenalizar "la prostitución escandalosa", "el travestismo" y "la ofensa al pudor", tal cual los describe el Código de Faltas.

La primera vez que se presentó una propuesta fue en 2001, a cargo del socialista Eduardo Di Pollina e impulsado por Sandra Cabrera, que ya entonces luchaba para acabar con el proxenetismo. En enero de 2004 la meretriz fue asesinada. Pasaron ocho años, se presentaron dos proyectos más, pero aún sigue sin lograr los votos necesarios para bajar al recinto. Este año, Aranda volvió presentarlo y actualmente el escrito está estancando en la comisión de Derechos y Garantías, donde se necesitan sólo seis firmas para que sea tratado.

"Hay legisladores que no avalan el proyecto porque defienden preceptos religiosos o creen que si se deroga la norma van a salir las mujeres en masa a prostituirse, lo cual es un absurdo porque cuando uno habla con las dirigentes de AMMAR sabe que 'la vida fácil' no es nada fácil. Derogar los artículos 83, 87 y 93 del Código de Faltas sólo perjudicaría a los proxenetas que explotan a las mujeres y los obligaría a buscarse otro trabajo", resumió Aranda.

Mientras tanto, en la calle las trabajadoras sexuales que se resisten a ser explotadas en los prostíbulos siguen siendo perseguidas por la policía. "En la zona de La Terminal cada vez que aparece una chica nueva los oficiales de la séptima le dicen que va a volver la Dirección de Moralidad Pública y la molestan para coimearla. Lo mismo pasa en la zona oeste como en Godoy y Provincias Unidas. Y desde hace un tiempo patrulleros del Comando Radioeléctrico comenzaron a perseguir al cliente para coimearlo", contó Lucero.

Las meretrices no sólo luchan por sus derechos sino que desde hace dos años comenzaron una tarea de concientización y prevención de VIH dictando talleres sobre educación sexual, respaldados por el Programa Municipal de Sida. "Al principio los talleres eran sólo para nuestras compañeras, tanto en la calle como en las casas donde ejercen la prostitución. Pero después fue extendiéndose a las escuelas", explicó Lucero.

Así, durante 2008 unos 80 alumnos de dos escuelas primarias nocturnas para adultos y un colegio secundario escucharon con atención las medidas de prevención que las meretrices dejaron claras para evitar contraer patologías como sífilis, gonorrea, herpes genital y HIV. "Hay adolescentes que ni siquiera saben que existen las enfermedades venéreas. Algunos nos preguntaban si el VIH puede ser transmitido por un mosquito", se sorprendió Lucero. Pese a que el proyecto terminó este año, siguen concurriendo a algunas escuelas por expreso pedido de los directivos.

"Nosotras, que siempre nos discriminamos solas, pensamos que podrían faltarnos el respeto. Pero no fue así, nos escucharon con atención", resumió la meretriz. Y muchos así lo entendieron: "Yo las escucho porque ustedes lo vivieron", les dijo un adolescente en Pueblo Maggiolo.

Ricardo Rosito es director de la escuela nocturna número 29 Antártida y apoya la iniciativa. "Los chicos creen que se las saben todas, pero lo que conocen sobre sexualidad es muy precario. En nuestra institución recibieron a las mujeres de AMMAR con mucho respeto y ellas también se manejaron de forma sencilla y muy correcta, fueron directas al explicar y los chicos se quedaron conformes", afirmó. Ammar no abandona ninguna de las dos actividades: prevención y defensa de sus derechos. Por eso, esta semana volverá a reclamar la derogación de los artículos que sirven para extorsionarlas.

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