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Jueves, 25 de marzo de 2010
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La marcha por los 34 años del golpe de estado de 1976 convocó a 30 mil personas

Miles de voces para decir presentes

La movilización salió de plaza San Martín y pasó frente a los Tribunales Federales donde se realiza el juicio Guerrieri-Amelong. Los manifestantes desbordaron el Monumento, donde se leyó un documento que pidió prisión perpetua a los genocidas.

Por José Maggi
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El Monumento a la Bandera quedó chico para albergar a los 30 mil manifestantes contra el golpe.

Treinta mil voces dijeron ayer presente en el patio cívico del Monumento a la Bandera, como culminación de una marcha que partió desde Plaza San Martín, y que pasó frente al edificio de los tribunales federales de Oroño al 900. La columna se desplegó por más de quince cuadras: mientras la cabecera pisaba la esquina de San Luis y Corrientes había grupos que recién partían desde Moreno y Córdoba.

Las banderas de Madres de la Plaza 25 de mayo, de Familiares de ex detenidos y desparecidos políticos, MEDH (Movimiento ecuménico por los derechos humanos), APDH (Asamblea Permanente por los derechos humanos), H.I.J.O.S, de la Liga Argentina por los derechos del hombre y del Colectivo de ex presos sobrevivientes, se destacaron entre la multitud que asistió al acto de este 24 de marzo marcado por el primer juicio por terrorismo de estado que se sustancia en los tribunales locales.

Una de las Madres, Norma Vermeulen, fue la primera oradora: "Pasaron treinta y cuatro años desde el golpe genocida, aunque tiempo antes desde la Triple A ya venían asesinando a miles de hombres y mujeres comprometidos con la lucha por una patria con justicia social. Esta fecha sintetiza la puesta en marcha de la maquinaria asesina más poderosa de la que tengamos memoria, desde el genocidio a nuestros pueblos originarios".

Fue el turno entonces de Carlos Novillo, sobreviviente de La Calamita y quien tiene un hermano desaparecido: "Hoy queremos reivindicar a nuestros compañeros como luchadores sociales y políticos. Como en otros momentos de nuestra historia nacional, pero con un nivel de masividad superlativo, durante las décadas del 60 y 70, el país vivió un proceso de enorme participación política del pueblo, en el que se debatía qué modelo de país se quería para el presente y para el futuro", indicó.

Prosiguió Paula Luna, hija del desaparecido Daniel Gorosito: "La lucha por la justicia social, la unión latinoamericana, los derechos de los trabajadores, de la mujer, de los jubilados y de nuestros chicos, fueron banderas de nuestros compañeros y son estandartes que nos siguen convocando. Somos nosotros, los trabajadores, los estudiantes, los profesionales, los docentes, las amas de casa, los religiosos, hombres y mujeres del pueblo; los que debemos transformarnos en partícipes activos de los destinos de nuestra comunidad".

"Y así -agregó a su turno Ramón Verón- como llenamos este monumento para exigir el juicio y castigo a los terroristas de estado, debemos estar todos junto a los trabajadores que resisten a los despidos, suspensiones y baja de salarios".

Fue entonces que Alicia Gutiérrez marcó el objetivo de "lograr entre todos poner como principal eje de la agenda social la distribución de la riqueza; y desterrar los intentos de quienes pretenden esconder las consecuencias de la desigualdad con políticas de mano dura".

"A su vez -sumó Héctor 'Chinche' Medina- debemos unir nuestras voces y cuerpos para impedir que los grandes capitales sigan profundizando el saqueo de las riquezas de nuestros suelos, ríos, mar y subsuelos, nueva gran estafa que pagarán las próximas generaciones de argentinos, y que hoy ya pagan, desde Andalgalá a San Lorenzo, los pueblos contaminados, los campesinos desplazados, los pueblos originarios".

"Del mismo modo -agregó Laura Ferrer- debemos estar juntos para defender e impulsar el proceso de construcción de la unidad latinoamericana, en la que están inmersos numerosos países de nuestra América del Sur y el Caribe".

A su turno Juane Basso recordó que "el 24 de marzo de 1976, los militares golpistas, alcahuetes y empleados de los poderes imperiales, vinieron a barrer con esas luchas y esas banderas, bajo la Doctrina de Seguridad Nacional, y desplegaron un estado de terror sistemático. Utilizaron el aparato del estado para imponer una política en beneficio de los grandes grupos económicos, liquidaron las libertades democráticas, las conquistas de los trabajadores y se dedicaron a aniquilar todo vestigio de resistencia a sus planes".

Entonces Gustavo De Vincenzo recordó una denuncia del colectivo de organizaciones: "el primer juicio contra los represores en Rosario no fue verdaderamente público; ya que las dimensiones de la sala no contemplaron el derecho y posibilidad de presenciar y ser parte del mismo".

El texto dejaba sin embargo la posibilidad a la esperanza: "Esperamos que los magistrados el día de la sentencia se reivindiquen, no esquiven las contundentes pruebas y documentos producidos durante el juicio y estén a la altura de la valentía de los testigos y querellantes". Y en este sentido exigieron "cadena perpetua y cárcel común y efectiva para los genocidas del juicio Guerrieri Amelong".

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