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Cuando los represores Oscar Pascual Guerrieri, Jorge Fariña y Daniel Amelong, ex militares, y los agentes de inteligencia civil Walter Pagano y Eduardo 'Tucu' Costanzo, sentenciados el pasado jueves a prisión perpetua, hacían lo que el conjunto de sus pares, esto es secuestraban, torturaban y asesinaban, y en ese marco tenebroso violaban adolescentes y mujeres, no deben haber imaginado nunca que más de treinta años más tarde serían juzgados. Tampoco que serían también mujeres, muchas de ellas jóvenes y egresadas de la Universidad estatal que tanto odiaban, las que se plantarían en sus narices durante el juicio oral y pedirían para ellos las máximas penas. Nadia Schujman, Ana Oberlin, Gabriela Durruty, Daniela Asinari, Virginia Blando y la representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Ana María Figueroa, llevaron adelante la acusación, junto a dos abogados, Alvaro Baella y Lucas Ciarnello, todos en representación del conjunto de querellantes. A las mujeres víctimas les cuesta muchísimo presentarse como quien sufrió violaciones y los represores, en general, son juzgados por todos los otros delitos por los que se considera que en la Argentina hubo genocidio, mientras que los jueces de instrucción se niegan de manera sistemática a incluir "los delitos contra la integridad sexual así se expresó en la Causa 13 por la que se juzgó a los comandantes de las juntas militares , en los centros clandestinos, como objetivos a perseguir penalmente", explican los testimonios de las abogadas.
Nadia Schujman tiene 33 años y una hija. Junto a Ana Oberlin, abogada de la misma edad, representaron a los querellantes Alicia Gutiérrez, actual diputada provincial, y a su hijo Eduardo Toniolli; a Fernando Dussex, el hijo de ese hombre que fue quien llevaba el mismo nombre y apellido y de su madre, Cecilia Nazábal una mujer incansable en la búsqueda de Justicia y que murió hace unos pocos meses sin poder ver esta condena ; Sebastián Alvarez, el hijo de Raquel Negro que tenía 1 año y medio cuando fue secuestrado con ella y su compañero Tulio Valenzuela el hombre de la Operación Méjico , y de la ex detenida Olga Moyano.
Nadia Schujman tiene una clara mirada del encarnizamiento "especial" que tuvo la dictadura hacia las mujeres por su condición de tales y comenta que ella y Oberlin llevan otras causas en San Martín (Buenos Aires) donde sí se han pedido imputaciones por violaciones, ya que la figura apareció de manera explícita en los testimonios de las víctimas. Es la conocida como causa (ex general Santiago Omar) Rivero y "hay que decir que las organizaciones de género hicieron un trabajo muy interesante respecto de los delitos contra la integridad sexual y la dictadura", afirma. En Rosario aparecieron narraciones respecto de los comentarios que se hacían sobre el aspecto físico de las víctimas, sobre abusos, de manera genérica, pero no se verbalizan las denuncias por violaciones como ocurrió en Santa Fe capital en el marco de la causa Brusa. "Los abusos y las violaciones no son un invento de los genocidas en la Argentina sino que está en muchísimos momentos históricos, en tantos otros genocidios. Hay que pensar que para la mentalidad de los genocidas, la mujer debía estar en la casa, preparando la comida y no siendo una militante, una igual y eso les generaba muchas contradicciones. En un punto les producía admiración ver tanta fortaleza y por el otro, el deseo estaba puesto en la humillación, en el sometimiento". El "Tigre" Acosta lo expresó respecto de lo sucedido en la ESMA y en esta situación tan perversa en que sacaban a cenar a alguna secuestrada y "después venía todo lo demás".
Shujman recuerda que quienes iniciaron y dieron forma a la querella también fueron dos mujeres, Cecilia Nazábal y Alicia Gutiérrez aunque atrás estaba la inmensa lucha de muchos hombres y mujeres. Pero también retoma el tema de la fuerte perversión, como lo hace Ana Oberlín, respecto de Raquel Negro detenida en la Quinta de Funes. "Otra violencia particular fue la que vivieron las mujeres que estaban embarazadas durante su cautiverio. En este juicio, se juzgaron entre otros los delitos de los que fuera víctima Raquel Negro, quién estaba embarazada de mellizos, de casi 7 meses al momento de su secuestro. En estas circunstancias, en las cuales cualquier mujer atraviesa por un momento especial, tanto respecto a las modificaciones físicas como emocionales que experimenta, Raquel fue sometida a múltiples situaciones de degradación, como el resto de sus compañeros y compañeras de cautiverio, pero con el agravante de que su estado la colocaba en un lugar de muchísima mayor vulnerabilidad. Pudimos conocer durante el juicio, a través de distintos testimonios, que no tenía cuidados especiales y que las condiciones en las cuales vivió sus últimos momentos embarazada fueron deplorables".
Ana Oberlin aporta una mirada más que interesante cuando explica que entre las prácticas más extendidas, particularizadas sobre las mujeres, sin duda están los delitos contra la integridad sexual a los que las sometieron sus captores. "Pero "dice pese a eso y a la masividad de estos delitos, es muy difícil imputar a los responsables de tales hechos". Y luego explica que la gran dificultad está en dos cuestiones funtamentales: "la primera "afirma es que muchas mujeres no se animan o no quieren contar que fueron violadas; la segunda, principal y en parte causa de la anterior, es que los jueces de Instrucción se niegan sistemáticamente a incluir los delitos contra la integridad sexual ocurridos en los centros clandestinos como delitos a perseguir penalmente. Por eso, estamos ante uno de los desafíos que tenemos por delante: visibilizar estos hechos para que los jueces comiencen a entender que sufrir una violación es un hecho grave, que sin dudas impactó de forma particular sobre las víctimas y que tiene que ser penado como los otros hechos".
Gabriela Durruty, 39 años, 2 hijos, comienza por recordar que ya en la Causa 13, aquella por la que se juzgó a los comandantes de las juntas militares de la última dictadura, en 1984, la Cámara Federal de Buenos Aires estableció "con el grado de certeza de una sentencia judicial, firme, o sea que es un hecho jurídicamente indiscutible, la existencia y las características del plan sistemático de represión y exterminio"Cuando describe las características de ese plan, que se llevó adelante desde el Estado, enumera entre tantos delitos el que se comete contra la integridad sexual" También habla de los dos sistemas normativos que existieron, uno legal y otro ilegal, porque había una cantidad de normas que se manejaban de manera clandestina, ya que crearon un sistema jurídico por fuera de las leyes y que efectivamente existía. No salían a tontas y a locas a secuestrar a cualquiera. Todo estaba organizado y entre las cosas que hacían, estaba prevista la disminución o el quiebre de la subjetividad de la persona que detenían a partir de los delitos contra la integridad sexual, ya fueran hombres o mujeres. Por supuesto que la cuestión de género, la discriminación, se traslada y se agrava en quienes tienen en su propia subjetividad la perversión" El marco teórico para todo esto que se prueba en la Causa 13, y que volvimos a probar en este juicio, abreva en la doctrina de la Escuela Francesa y en la de la Escuela de las Américas". El contenido que era transmitido a quienes formaban los grupos de tareas, las patotas, estaba impregnado de ese marco teórico.
"No conozco el caso de madres sobrevivientes, si te sacan a tu hijo te tienen que matar" dice Durruty tratando de chequear algún hecho que no haya sucedido de esta manera".Hay que imaginarse otras 500 madres buscando a sus bebés, nunca lo hubieran permitido". Daniela Asinari, 30 años, aporta, como Schujman y Oberlin, que también hubo "un plus de sufrimiento en el caso de las mujeres embarazadas" Por eso Marta Bertolino "expresa cuyo caso está contenido en la causa Feced, dice que si hay algo peor que estar en un centro clandestino es pensar que tenés un hijo allí adentro".
Otra vez sobre la Causa 13, tanto Durruty como Asinari recuerdan que esa sentencia planteó que "las mujeres eran usadas para entretener a la patota" y muchos relatos femeninos, y también de hombres, contienen la descripción en cuanto a que, además de los interrogatorios y las distintas formas de tortura, llegaba la noche y "la patota borracha pretendían que las chicas bailaran". Las denuncias en Rosario han llegado hasta allí, hasta descripciones como esta última en La Calamita, pero no hay cargos directos y con imputaciones precisas. Fue Ramón Verón, el ex detenido en la Fábrica de Armas Domingo Matheu quien denunció las violaciones hacia las mujeres y el especial ensañamiento hacia las secuestradas. "Tal vez por una de las características de ellas, de las que estaban allí y que era la de enfrentar a los verdugos, a menudo más que los hombres, lo que les provocaba mucha furia"Después lo charlaban entre ellos y Verón y otros de sus compañeros les pedían que no lo hicieran, que no enfrentaran porque la devolución sería peor". Asi aparece la figura de Susana Miranda dando una patada a la taza con mate cocido que le traían y haciéndola ir a parar a cualquier parte, el rostro de Hilda Cardozo gritándoles "facistas" y la actitud de Adriana Arce que se mantenía en silencio y no gritaba ante la tortura""Hija de mil puta ni siquiera gritás" escuchaban sus compañeros de boca de los verdugos que redoblaban la apuesta.
"Tampoco se bancaban el lugar de responsabilidad que tenían las mujeres en las organizaciones y ése era otro factor de irritación y de encarnizamiento contra ellas", recuerdan las dos abogadas que llevaron adelante la querella en nombre de Ramón Aquiles Verón, Juan Rivero y la madre de Marta María Forestello. El momento es propicio para que aparezca el recuerdo de Norma Arrostito, una figura tan fuerte en la organización Montoneros en la que también ella debatió su lugar, entre muchos integrantes impregnados de un profundo machismo.
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