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Organizaciones de derechos humanos y sociales marcharon anoche por calle Paraguay, entre C贸rdoba y Mendoza, para repudiar la excarcelaci贸n de los represores Jos茅 Rub茅n Lofiego, Mario Marcote y Ram贸n Vergara, imputados en la causa D铆az Bessone (ex Feced) por cometer cr铆menes de lesa humanidad durante la dictadura militar. El 30 de abril pasado, fueron liberados por la sala II de la C谩mara Nacional de Casaci贸n Penal, tras pagar una fianza de 135 mil pesos, en total. La movilizaci贸n se concentr贸 en el domicilio de "El Ciego" Lofiego, donde lo escracharon con proyecciones en su balc贸n, bombas de estruendo y al grito de "asesino". El desagrado con la determinaci贸n judicial cobr贸 fuerza cuando se conoci贸 el argumento de la C谩mara de Casaci贸n, que los benefici贸 con la libertad "vigilada": "Es una hipocres铆a que los genocidas tengan este derecho por el tiempo que llevan detenidos sin que se realice el juicio. Ni la sociedad, ni las v铆ctimas, ni los querellantes y testigos son responsables de esta situaci贸n, sino el propio Poder Judicial que permiti贸 y aval贸 que estos juicios se dilaten. Venimos reclamando que los juzguen desde 1984", indicaron los organismos. Adem谩s, exigieron "que el gobierno provincial tenga una pol铆tica clara sobre los derechos humanos, que est谩 muy floja". Tambi茅n pedir铆an al Tribunal Oral Federal, que juzgar谩 a estos represores desde el 21 de julio, que permanezcan detenidos durante los juicios por la seguridad de los testigos y querellantes.
Para el Espacio Juicio y Castigo y la agrupaci贸n H.I.J.O.S., la excarcelaci贸n de los represores fue "una provocaci贸n por parte de miembros de la corporaci贸n judicial. Es un desprop贸sito pol铆tico y jur铆dico, y no hace otra cosa que abonar el largo camino de impunidad de d茅cadas consagradas con el Punto Final, la Obediencia Debida y los indultos desde los poderes constituidos y avalados en distintas instancias", apuntaron.
"La justicia se vende por 135 lucas", dec铆a una de las proyecciones en los balcones del edificio de Mendoza 1480, en referencia a la fianza que pagaron Lofiego y C铆a.
Tras partir de la plaza Pringles, la marcha se dirigi贸, por Paraguay, a calle Mendoza, al grito de "alerta, alerta, alerta que caminan milicos asesinos por las calles rosarinas", mientras se colocaban carteles viales simulados, que marcaban la ruta hasta la casa de Lofiego. El represor reside en el octavo piso del edificio que se emplaza sobre Mendoza 1480, donde unos seis oficiales de polic铆a custodiaban la puerta, mientras los manifestantes advert铆an: "Si no hay justicia, hay escrache popular".
El torturador, fue liberado hace un mes, junto a Marcote y Vergara. Los tres eran miembros del servicio de informaci贸n, y "responsables de la desaparici贸n, muerte y tortura de la mayor parte de los detenidos y desaparecidos entre el '76 y el '83, en la zona de Rosario". Sobre la excarcelaci贸n, Laura Ferrer, querellante de la causa se帽al贸: "Seg煤n sabemos deben presentarse una vez por semana, pero circulan libremente por la ciudad. A causa de una Justicia garantista, ellos est谩n libres; pero esa garant铆a deber铆a ser para el conjunto de la poblaci贸n, los testigos, querellantes y abogados; porque el hecho que se les dio es un peligro para nosotros", advirti贸. Adem谩s, recordaron lo sucedido con los testigos Silvia Suppo y Julio L贸pez.
Por su parte, Esteban Mari帽o, tambi茅n querellante de la causa, indic贸: "Hay que tener en cuenta que la C谩mara de Casaci贸n que excarcel贸 a los torturadores, es la misma que dio lugar a las chicanas pol铆ticas que dilataron el juicio. Es la principal responsable".
El reclamo fue m谩s all谩, y lleg贸 a las autoridades provinciales: "Queremos que se reconozca pol铆ticamente que esta gente tiene que estar presa y pedimos que estos juicios se desarrollen con los acusados presos", dijo Ferrer, a lo que Juan Pablo Bustamante, tambi茅n querellante de la causa, agreg贸: "Como damnificados y v铆ctimas de la 茅poca de la represi贸n, necesitamos que estas personas est茅n controladas y vigiladas para proteger a la sociedad. Conoci茅ndolos a ellos, les inspira un 谩nimo muy grande de venganza, lo manifiestan fervientemente -dijo ; por eso, necesitamos una pol铆tica activa".
Luego agregaron: "El gobierno provincial tuvo conocimiento de la excarcelaci贸n porque los genocidas estaban detenidos en la alcald铆a que depende la polic铆a provincial, y no estableci贸 los mecanismos para las organizaciones de derechos humanos y sociales, testigos, querellantes, y a los que est谩n en el Programa de Protecci贸n a Testigos. Este hecho es irresponsable".
"Por el Servicio de Informaciones pasaron alrededor de 2 mil secuestrados ilegalmente. Hombres, j贸venes, ni帽os y mujeres embarazadas que fueron sometidos a los m谩s crueles tormentos y de los cuales cientos de ellos se encuentran desaparecidos", record贸 Juicio y Castigo.
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