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El Ministerio de Salud provincial y la Secretaría del área local trabajan en el diseño de un protocolo de actuación en casos de violencia sexual, para que lo primero sea atender la salud de la víctima. La idea se completaría este mes, en la cuarta jornada sobre Salud y Violencia Sexual, que apunta a que trabajadores de áreas como Promoción Social, Seguridad, Educación, Cultura, Justicia y Salud construyan conjuntamente estrategias y políticas para lograr establecer un mismo procedimiento en todos los casos. "Hay que revertir un situación común que tiene que ver con la existencia de una cierta disociación de la atención, en la que las intervenciones de salud se postergan en función de las judiciales. Esperando la denuncia, una mujer pasa horas sin recibir la asistencia necesaria para garantizar la efectividad de un tratamiento post violencia", indicó la viceministra de Salud santafesina, Débora Ferrandini.
Si bien el territorio provincial cuenta con un protocolo de responsabilidad de actuación en casos de violencia sexual, en Rosario se desarrolla una discusión local "sobre los lineamientos" a seguir en el abordaje de los casos identificados por agentes del Estado. Para mancomunar y unificar ese lineamiento, en la ciudad comenzaron a realizarse en septiembre pasado las Jornadas de Salud y Violencia Sexual, que ya llevan tres encuentros y este mes promete completar el diseño de un protocolo inicial sobre el abordaje de los casos. "A partir de la identificación de los problemas en relación a las intervenciones sobre violencia sexual, se busca construir un protocolo de abordaje para todas las áreas implicadas en el caso", indicó Leonardo Caruana, subsecretario de Salud Pública municipal.
Otro de los ejes, no menos importante, es "no naturalizar situaciones". Según Caruana, "con la llegada del municipio a los barrios -mediante equipos interdisciplinarios- estos temas se pueden hablar más (ver aparte). Antes, las víctimas llegaban a los efectores con el problema, pero mentían sobre sus lesiones: `me lastimé con la bicicleta; me caí...', eran algunas de las excusas para obtener atención", comentó el funcionario local. De este modo, las víctimas no hacían explícita una situación que las avergonzaba.
Con las jornadas de trabajo integral se busca "sensibilizar a todos los equipos que están en los diferentes territorios, con trabajadores de todas las áreas, para que exista un accionar lineal y se unifique el qué hacer en cada una de las consultas, a partir de la detección del caso", apuntó Caruana. Además de la salud, se hace un "acompañamiento legal y jurídico. La idea es que todos los actores intervinientes sigan un lineamiento de intervención", dijo.
Por su parte, Ferrandini agregó que "la idea es que en el punto de contacto de cualquier agente estatal con una situación relacionada con la violencia sexual se pongan en juego todos los recursos para acompañar la situación". Y destacó que "lo más importante de aplicar son los recursos de salud, que tienen que ver con que se actúe sobre daños y lesiones físicas además de dar contención sobre lo que queda de esa violencia en las mujeres, niños o niñas que pasen por estos casos".
La funcionaria resaltó que "hay una preocupación muy grande por evitar los circuitos de revictimización", esto requiere "que los profesionales que se dediquen a la asistencia tengan un registro adecuado que pueda ser utilizado como prueba en la Justicia, sin la necesidad de repetir pericias. Incluso, que durante la asistencia en situación de una violación -por ejemplo-, se tomen en un mismo acto las muestras que después puedan ser utilizadas judicialmente", instó. "La idea es evitar intervenciones inoportunas sobre las personas".
Ferrandini se quejó de que "históricamente, exista una cierta disociación de la atención, en la que las intervenciones de salud se postergan en función de las judiciales". Y apuntó: "Queremos revertir esa situación: priorizar la atención de salud de las víctimas de violencia sexual, y que el sector sanitario asuma la necesidad de iniciar en el momento de contacto con la víctima un proyecto terapéutico; sobre todo porque las intervenciones de la Justicia tienen más tiempo para producirse, pero no así la asistencia médica".
En ese sentido propuso: "La denuncia puede hacerse una vez que esté instalado el tratamiento: la anticoncepción de emergencia y la antibiótico-terapia. Pero en la realidad sucede lo contrario: esperando la denuncia, una mujer pasa horas sin recibir la asistencia necesaria para garantizar la efectividad del tratamiento".
La otra "enorme preocupación" del Ministerio de Salud es "el acompañamiento de las víctimas de violencia". Para Ferrandini, éste "debería prolongarse en el tiempo y ser parte de un seguimiento integral en el que intervenga lo clínico y lo jurídico". Por eso, "se está trabajando en integrar todos los equipos territoriales e intersectoriales: desde Educación, Salud, la policía y asesoramiento jurídico; pero siempre priorizando la salud de la víctima", insistió. "Esto implica que las guardias que reciben estas situaciones pueden estar refiriendo adecuadamente el seguimiento de los casos a equipos territoriales de salud que cuenten con conocimiento en salud mental, términos jurídicos y demás. Se hace a partir de los equipos de salud barriales, con un asesoramiento territorializado de todas las áreas específicas con todo lo que se necesita", destacó.
Ferrandini reconoció que "hay mucho trecho por recorrer en la capacitación en los servicios de asistencia de emergencias. Es necesario difundir y profundizar en los cambios de paradigma que implican las nuevas leyes: la de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y la ley en relación con la violencia contra la mujer. Son cambios de modelo que instalan el accionar en un sentido muy distinto de lo que se asume como responsabilidad".
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