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Jueves, 28 de julio de 2011
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Piquetes sorpresivos de la CCC en distintos puntos

Contra la denuncia del municipio

En el marco de las protestas en reclamo de planes sociales, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) realizó ayer un corte en ambas manos de Avenida Circunvalación, entre Uriburu y Presidente Perón, lo que originó inconvenientes en el tránsito vehicular. El piquete, que se levantó a las 17, se decidió en respuesta a la presentación judicial de la Municipalidad por el acampe que la organización social mantiene en la Plaza Pringles desde hace 15 días. "No se puede pretender que el intendente se mantenga totalmente impávido ante una situación de estas características, tiene la obligación legal de hacerlo", dijo ante la consulta de Rosario/12 el director general de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad, Alejandro Schvarztman, para justificar la presentación. En tanto, el referente de la CCC, Eduardo Delmonte, sostuvo que la "idea de criminalizar la protesta es reaccionaria y no conduce a nada". Desde la organización anunciaron que hoy continuarán realizando piquetes sorpresivos en distintos puntos de la ciudad.

Luego de realizar la presentación ante la Fiscalía en Turno de los Tribunales Provinciales, Schvarztman consideró que "el corte, impedir la circulación del transporte público, y la ocupación permanente en el espacio público es en sí mismo un delito de acción pública; el intendente tiene la obligación legal de hacerlo, después habrá que ver cuál será la interpretación del juez".

Desde la CCC recordaron que en el año 2008, la por entonces Jueza de Faltas, Liliana Puccio, había archivado una causa contra la organización que realizaba un acampe en la Plaza San Martín al considerar que tenían el derecho constitucional de peticionar. "El año pasado se intentó lo mismo y no prosperó", dijo Delmonte para apuntalar su argumentación.

Según Schvarztman, es un tema que puede ser debatido. "Uno puede remitirse al Ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, quien interpreta que la interrupción de la circulación cuando la situación es límite e imposible de soportar ante la protesta no constituye delito. Sí

constituiría en la medida que es irrazonable, que existen otros medios de petición; toda una discusión de la que se ha hablado muchísimo", precisó el titular de Asuntos Jurídicos del municipio.

En este sentido, Delmonte indicó que el intendente Miguel Lifschitz "tiene ideas profundamente reaccionarias en su cabeza a la hora de abordar algún tipo de problemas cuando de pobres se trata". Además, insistió en responsabilizar a los gobiernos nacional, provincial y municipal de incumplir compromisos acordados el año pasado, entre ellos la creación de 300 nuevos puestos de trabajo para construir viviendas, y reiteró el pedido para que se reactive la Mesa Social.

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