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La Justicia anuló el contrato de compraventa de una vivienda porque las vendedoras presentan "déficit cognitivo", y estaban a punto de venderle la casa a un psiquiatra por sólo 35 mil dólares, cuando está valuada en 47 mil. Para la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Rosario, "existe una evidente desproporción entre el inmueble que se vende y el precio que se paga" y esa situación fue ocasionada por el "aprovechamiento" del "estado de fragilidad" de las mujeres, que son madre e hija. Al firmar el boleto en julio de 2002, el comprador entregó poco más de mil dólares y el saldo sería abonado en una siguiente instancia. Llegado el momento, las mujeres se negaron a continuar con la operación. El psiquiatra las demandó por incumplimiento de contrato, pero la Justicia rechazó la presentación, ya que comprobaron que la vivienda estaba por venderse a un 25 por ciento menos de su precio real, y los peritos psicológicos determinaron que madre e hija no estaban en condiciones de comprender cálculos matemáticos ni de realizar transacciones comerciales debido su disminución cognitiva".
Los camaristas Edgar Baracat, Avelino Rodil y Oscar Puccineli, que confirmaron la resolución de primera instancia, y dejaron sin efecto la operación inmobiliaria, afirmaron en el fallo que "en los negocios debe reinar la buena fe". Además, la casa en cuestión, ubicada en Presidente Roca al 1100, iba a ser vendida por una cuarta parte menos de su valor en el mercado inmobiliaria.
Para los camaristas existió "un verdadero aprovechamiento de la parte compradora del real estado de inexperiencia y ligereza de las vendedoras, lo que las llevó a comprometer su vivienda única a cambio de un precio injustificadamente inferior". Ante ello, el juez de primera instancia concluyó que "la diferencia de prestaciones resulta realmente significativa".
Según determinó la pericia psiquiátrica, "ni la señora (P.T.) ni su hija se encuentran en condiciones de comprender y razonar ningún acto de complejidad que incluya cálculos matemáticos, ni realizar transacciones comerciales debido a su déficit cognitivo". El informe pericial psicológico "no deja duda sobre el deterioro en la capacidad mental o intelectiva de P.T. y de M.A.B.". La primera es una mujer de 85 años, con una escolaridad de tercer grado. Para el perito, "el grado de deterioro es grave. Se estima un 60 por ciento de incapacidad total y permanente".
El fallo judicial agrega que "el hecho de que el cocelebrante de la compraventa reviste el carácter de médico psiquiatra, con 30 años de profesión, está en mejores condiciones que cualquier otra persona para detectar el estado de inferioridad que embargaba a las vendedoras".
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