La tarifa del agua abre polémicas

Antes de recibir el informe del Enress que propone un aumento inferior, escalonado y gradual para la tarifa del agua; el ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, advirtió que si el aumento es menor al 138 por ciento "lo seguiremos pagando entre los santafesinos, saldrá de subsidios del Estado". Además, el funcionario aseguró que tendrá en cuenta lo que diga el informe, pero que no lo va a seguir "al pie de la letra". Christian Galindo, de la Red Argentina de Consumidores, una de las asociaciones que participó de las audiencias públicas para definir el costo de la tarifa, consideró que el dictamen del Enress "es vinculante y la empresa está obligada a cumplirlo; de no hacerlo sería un atropello institucional". En relación al informe, Galindo rescató que se haya tenido en cuenta el planteo de las organizaciones de que el aumento debe ser escalonado y que no podía repercutir a todos los usuarios de la misma manera", pero subrayó que el escalonamiento debió ser "más gradual y extendido en el tiempo".

Ciancio ofreció una particular interpretación del dictamen que recibió ayer del órgano de control, elaborado a partir de las audiencias públicas realizadas en Rosario y Santa Fe. "Quedó claro que el 138 por ciento (de aumento) es la realidad del costo hoy para mantener el servicio", dijo a LT8.

El ministro, quien manifestó su desagrado por haberse enterado por los medios de la propuesta del Enress, sostuvo que no puede decir que tomará al pie de la letra lo que salió en la audiencia pública, y que tampoco lo van a negar. "Tal vez nos hubiera gustado que sea más amplio el espectro", agregó.

Galindo, en tanto, dijo que una de las funciones que tiene que cumplir el Enress es realizar el dictamen técnico respecto de la modificación del cuadro tarifario, que además se elaboró a partir de lo que se discutió en audiencias públicas. "El ministro y el presidente de la empresa no pueden desoir estas instituciones; si lo hicieran, sería un atropello institucional", precisó.

El referente de la Red Argentina de Consumidores agregó que les sorprendió la proporción del incremento planteado en el dictamen del Enress. "Más allá de que hay un escalonamiento, a los sectores que menos se les aumenta el porcentaje es cercano al 60 por ciento y a los que reciben un impacto mayor es del 105 por ciento; si bien consideramos que era previsible la autorización de un aumento, no esperábamos que fuera en esta proporción", apuntó.

Según Galindo, desde las organizaciones pensaban que el incremento se tendría que haber distribuido de una manera más sostenida en el tiempo, porque "el mínimo que arranca es del 30 por ciento, y después vienen aumentos inferiores". Desde el Enress explicaron que el último aumento -que en todos los rangos dispuestos es del 10 por ciento y se pagaría recién en el quinto bimestre- está condicionado a que Aguas SA instale 20 mil medidores.

"El porcentaje de incremento, como condición para autorizar el aumento, debió ser más enérgica; si cumple, en todo caso la empresa se podrá privar solamente de un 10 por ciento de incremento, porque la mayor parte se va a efectivizar", razonó Galindo, quien advirtió que existe un antecedente de incumplimiento por parte de la empresa, que fue denunciado en la última audiencia.

Galindo recordó que el Enress, en la anterior autorización de incremento, recomendó en la resolución 345 del año 2010 que la empresa debía presentar un plan de colocación de medidores para los próximos 10 años, en distintas etapas, hasta llegar al 75 por ciento de los usuarios, pero nunca llegó a presentar el proyecto.

Para el referente de la Red Argentina de Consumidores, y según los cálculos que realizaron, "la colocación de medidores en la inmensa mayoría de los casos le significa al usuario un ahorro económico, y a la empresa una baja de la recaudación, porque el volumen de los metros asignados arbitrariamente y de manera fija es mayor que el consumo que realiza una familia cuando le colocan el medidor".

Finalmente, a Galindo le llamó la atención que el Defensor del Pueblo de la provincia, Edgardo Bistoletti, no haya aparecido en las audiencias y que tampoco emitiera algún comentario, teniendo en cuenta que "existen innumerables cantidad de antecedentes donde los defensores de diferentes provincias participan siempre de las audiencias públicas".

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