Página/12 :: rosario :: "Delito de acción pública"

Para el Municipio, la toma del terreno de Avellaneda al 4200 constituye "delito de acción pública", y bajo esa figura denunció a los vecinos ante la Justicia, para liberar el predio. Al mismo tiempo, personal de Seguridad Pública, Control Urbano y Promoción Social comenzarán hoy, a las 9, con un censo de cada grupo familiar, y la idea que los ya entrevistados vayan levantando el acampe. La intendenta Mónica Fein dijo que es "inaceptable la ocupación" de tierras en zona sudoeste y aseguró que la presentación judicial se realizó ante la "dificultad de solucionarlo mediante el diálogo". Para la mandataria, se trata de una "anárquica toma", que es necesario levantar para luego abordar la problemática habitacional de los manifestantes. Los vecinos reclaman un "acta compromiso".

Bajo el cielo negro por el humo de los neumáticos quemados, y después de cinco días desde la instalación de familias en el predio, la municipalidad propuso censar a cada grupo familiar para que una vez contabilizadas las necesidades, las tierras se vayan desocupando. "Les proponemos esto para liberar el terreno y después trataremos de solucionar los casos, pero no les podemos dar una vivienda a cada uno, ahora", dijo Osvaldo Laffatigue, subsecretario de seguridad pública.

En tanto, la intendenta señaló: "Reconocemos la problemática del hábitat, pero la verdad que no podemos aceptar que el camino sea la anárquica toma de terrenos porque eso genera mayores problemas para la gente que ya está instalada en el lugar, que tiene problemas de agua, y los llevaríamos a una peor situación".

Al mismo tiempo, dijo: "Siempre trabajamos en el camino de llegar a acuerdos, pero en los acuerdos también tenemos que respetar que el espacio. Este es un lugar en el que está planificado un plan de viviendas para trabajadores de un sindicato". Y reconoció: "Tenemos la responsabilidad de trabajar para darle alternativas a estas familias que están con problemas de viviendas, no todas, pero sí muchas de ellas; pero ahora, vamos a tener que trabajar con la Justicia, con el objetivo de liberar el terreno".

Luego que la reunión del miércoles no llegara a buen puerto, pese al diálogo al que apuntó la administración municipal con los vecinos, ahora el destino de las cinco hectáreas --compartidas entre el municipio, el sindicado UPCN y un propietario privado-- destinadas a un plan de viviendas del gremio de los trabajadores estatales y a una parte del plan Rosario Hábitat con un espacio verde, está en manos de la justicia Correccional. A partir de la denuncia, se podría resolver un desalojo en el corto plazo. Sin embargo, ayer se abrió una luz de esperanza: el censo podría ser la solución para liberar el terreno.

El secretario de Asuntos Jurídicos del municipio, Alejandro Shvartzman, confirmó ayer por la tarde que el estado municipal hizo la presentación en la Fiscalía general de los Tribunales Provinciales, que habría sido derivada al juzgado Correccional en turno. Además de la liberación de los terrenos, la presentación incluyó el pedido de "urgentes medidas" para que no ingresen más personas al predio tomado. "Es un lugar de dominio público municipal, destinado a espacio verde y calle pública conforme el decreto que aceptó las donaciones a ese fin", dice la presentación. Por lo tanto, "la ocupación sin autorización o consentimiento municipal constituye un grave cercenamiento al fin público o beneficio común de la comunidad toda", aseguraron.

Temprano, el secretario de Gobierno rosarino, Fernando Asegurado, apuntó a la decisión de que otro poder se haga cargo de la desocupación del predio de zona sudoeste, donde ya se asentaron cientos de familias con carpas precarias. "Acá hay gente que duerme en la calle"; "Que nos den un terreno y nosotros construimos las casas"; "Queremos salir adelante", decían los vecinos, en su mayoría mujeres con niños pequeños, bajo el sol calcinante de la tarde.

La usurpación comenzó la noche del domingo pasado, cuando un grupo de familias llegó hasta el lugar alertado sobre la idea de que otras personas, ajenas al barrio, tomarían esas tierras. "Somos familias de la zona que vivimos con nuestros padres y ya tenemos hijos. Necesitamos casas para nuestros chicos, y dejar de estar amontonados, durmiendo en el piso", relataron.

Asegurado recordó que "el lunes hubo un compromiso de conformar un equipo de trabajo que se reunió el miércoles al mediodía, y lo que se solicitó es que no avance la toma de terrenos para encontrar una solución; sin embargo, lamentablemente, esta gente no lo cumplió, y el avance de familias y el loteo continuó". Y sostuvo que "no queda otra opción que hacer la denuncia por usurpación de terrenos".

En la reunión, los funcionarios escucharon "reclamos por temas muy diversos en cada familia". "Estamos dispuestos a abordarlas pero debemos tener los terrenos desocupados. Estas situaciones de temas habitacionales llevan un tiempo y lo que hacemos debe ser consensuado con el Estado. No vamos a permitir el avance sobre terrenos públicos si no está acordado", dijo Asegurado.

En cuanto a la pertenencia de las tierras ocupadas, el funcionario señaló: "De parte del municipio nos comprometimos en el propietario privado para hacer todo lo que esté a nuestro alcance y recuperar los terrenos. Uno de esos sectores tiene un plan de viviendas para UPCN, otro tiene un barrio casi finalizado del plan Rosario Hábitat para solucionar los problemas de vecinos del barrio Itatí; por eso, esperamos ordenar la situación en la zona".

El municipio fue a la justicia por la ocupación de tierras.

"Delito de acción pública"

Así calificaron los abogados de la municipalidad la toma de lotes en Avellaneda al 4.200, donde ayer siguió llegando gente. Promoción Social comenzará hoy un censo de cada grupo familiar para que los entrevistados vayan levantando el acampe.