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El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, procesó ayer a nueve represores por los secuestros, torturas y asesinatos de los militantes peronistas Eduardo Pereyra Rossi y Osvaldo Cambiaso, ocurridos el 14 de mayo de 1983. Menos el ex segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, Luis Américo Muñoz, todos deberán esperar el juicio oral en prisión preventiva. Se trata del ex presidente de facto Reynaldo Bignone, el ex oficial de la Policía bonaerense Luis Patti, el ex titular de aquella unidad militar, Pascual Oscar Guerrieri, y quienes estaban a sus órdenes: Walter Pagano, Ariel Porra, Juan Andrés Cabrera, Carlos Sfulcini y Ariel López. En cambio, el juez despegó a otros dos que habían sido involucrados por el ex represor Eduardo Costanzo: al capitán Víctor Hugo Rodríguez y a quien fuera personal civil de Inteligencia, el ex futbolista Edgardo Andrada, les dictó falta de mérito por no hallar pruebas suficientes en su contra. En simultáneo, trascendió que en las últimas horas fue detenido el ex cabo de la Bonaerense Juan Spataro, uno de los autores materiales de los asesinatos que se mantenía prófugo desde que el caso se reabrió.
Una de las investigaciones más resonantes sobre la represión ilegal en territorio del II Cuerpo de Ejército ha dado un concreto paso adelante, casi siete años después de que el fiscal federal Juan Patricio Murray pidiera la reapertura de la causa y demostrara que la hipótesis bajo la cual había sido cerrada era un fraude. Es que el Ministerio del Interior de la dictadura, y la Bonaerense habían instalado que las víctimas fueron abatidas en un enfrentamiento armado, e incluso el jefe de la fuerza, el general Fernando Verplaetsen, felicitó a los policías participantes: el subcomisario de la Departamental de Tigre Luis Patti y los suboficiales Rodolfo Diéguez y Juan Spataro. El juez Juan Carlos Marchetti primero ordenó la detención de los policías y luego, en 1986, los sobreseyó. Y la Cámara de Apelaciones nicoleña confirmó ese fallo.
La presión de las organizaciones defensoras de los derechos humanos logró que la Fiscalía pudiera imponer las pruebas elocuentes de que Cambiaso y Pereyra Rossi habían sido secuestrados, torturados y asesinados, y así en 2005 la causa se reabrió por el principio de "cosa juzgada írrita". Este instituto jurídico permite invalidar el hecho de que lo que ya se juzgó no se revisa cuando se trata de un veredicto "fraudulento o groseramente erróneo". Y todo en el caso de estos militantes dejaba en evidencia que lo del enfrentamiento era una farsa. Los sobreseimientos de Patti, Diéguez y Spataro fueron anulados. Diéguez falleció. Spataro escapó y se mantuvo prófugo hasta el miércoles. Desde el juzgado trascendió que el suboficial fue detenido, aunque no se informó en qué circunstancias. Villafuerte Ruzo lo indagaría hoy. El fiscal Murray, en tanto, pidió que se lo incluya entre los imputados de la causa.
El procesamiento fue anunciado ayer por el Centro de Información Judicial de la Corte Suprema y confirmado a Rosario/12 por la abogada querellante Ana Oberlin. Los cargos son secuestro, tormentos y homicidio para todos, en diversas variantes según la función de cada uno.
"Esperábamos estos procesamientos aunque tardaron demasiado tiempo. Y lo que nos sorprendió es que con las mismas pruebas el juez no encontró elementos para procesar a Rodríguez y a Andrada", planteó la letrada y anticipó que apelará en segunda instancia la falta de mérito dispuesta por el juez y que por ahora saca de la imputación al ex arquero de Central y al miembro de la Asociación Sanmartiniana que cada año tiene su minuto de aparición mediática al emprender el cruce de los Andes.
La abogada ratificó sus reparos hacia el desempeño del juez Villafuerte Ruzo, porque "procesó a los que de alguna manera ya están condenados o seriamente involucrados en otras causas, pero despegó a los que todavía detentan alguna forma de poder por su función, por sus vinculaciones". Para el caso, Rodríguez -que se negó a declarar cuando fue indagado el año pasado, igual que el Gato Andrada- era una autoridad del Destacamento 121 y el testimonio de Costanzo lo ubica al frente del secuestro en el bar Magnum, a la par de Guerrieri, quien está condenado por la causa Quinta de Funes igual que Pagano.
"Nos alegra en lo que refiere a los que han sido procesados, porque esta causa nos dio mucho trabajo. Cuando logramos reabrirla Patti estaba a punto de asumir como diputado y era poderoso. Es notable que Villafuerte Ruzo decidió indagar a Patti recién luego de que lo condenaran por la causa Goncálvez", dijo en alusión a la sentencia de abril de 2011 por la Masacre de la Calle Juan B. Justo, en San Nicolás, y que también alcanzó a Bignone.
Osvaldo Agustín Cambiaso y Eduardo Daniel Pereyra Rossi estaban en el bar Magnum, de Córdoba y Ovidio Lagos, el 14 de mayo de 1983, cuando a las 10.30 irrumpieron hombres armados que se los llevaron a la vista de muchos testigos en un operativo relámpago del que participaron entre cinco y diez personas. Fueron interrogados bajo tortura -se ha mencionado el centro clandestino que funcionaba en la Escuela Magnasco, de Lagos y Zeballos, y también al costado de bulevar Oroño contra el obrador de Circunvalación, adentro de un furgón- y a las cinco de la tarde sus cuerpos aparecieron fusilados y con signos de tortura previa en un camino rural de la localidad bonaerense de Lima, a dos kilómetros de la ruta 9.
El represor Eduardo "Tucu" Costanzo reveló a este diario en 2008 que el secuestro de los militantes en el bar corrió por cuenta de Guerrieri y Rodríguez, e involucró en la patota rosarina a todos los que han sido procesados, incluso al Gato Andrada también.
Actualmente, Bignone y Guerrieri cumplen condena en prisión domiciliaria en Buenos Aires; Patti hace lo mismo en Ezeiza; Pagano, Porra, Sfulcini y López están presos en el penal de Marcos Paz, y Muñoz es el único que aguardará el juicio oral en libertad porque fue eximido de prisión preventiva.
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