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En Rosario hay 540 personas detenidas en comisar铆as, cuando la capacidad apenas alcanza para 220. Otros 320 presos permanecen en alcaid铆as del Servicio Penitenciario (SP). El dato, que da cuenta de las "condiciones infrahumanas" de los privados de la libertad, se desprende de un informe elaborado en marzo pasado por la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC), que contabiliz贸 las situaciones hasta el 29 de febrero de este a帽o. En toda la provincia, el n煤mero de "hacinados" asciende a 1600. En consecuencia, s贸lo el 60 por ciento de 4300 presos en Santa Fe est谩 bajo la 贸rbita del SP. El informe cuenta tambi茅n con datos abrumadores sobre la situaci贸n de las mujeres detenidas en la Unidad 5 de Rosario; y describe la realidad diaria del Instituto de Recuperaci贸n del Adolescente (IRAR), donde actualmente hay 45 chicos que "constantemente denuncian torturas por parte del personal policial". Por todas esas irregularidades, que no se enmarcan en la orden judicial de 2007 sobre la distribuci贸n de los presos en seccionales hacia las c谩rceles, la CTC elev贸 el informe a la Asociaci贸n para la Prevenci贸n de la Tortura (APT) y reclam贸 su intervenci贸n mediante monitoreos.
La legislaci贸n provincial vigente se帽ala que una vez resuelta la situaci贸n procesal de los detenidos, y siempre que el juez a cargo decida la continuidad de la detenci贸n, deber铆an ser derivados a una unidad dependiente del Servicio Penitenciario Provincial. Sin embargo, la CTC denuncia que "ante la falta de espacio en las c谩rceles, hace m谩s de 20 a帽os que Santa Fe --y principalmente en Rosario-- mantiene una gran cantidad de detenidos en las comisar铆as". Seg煤n indicaron, la sobrepoblaci贸n se "duplica o triplica, y en algunas comisar铆as se sextuplica".
Del total de la poblaci贸n de presos en dependencias policiales, el mayor n煤mero se encuentra en Rosario. La CTC aclara que las comisar铆as "no est谩n preparadas para alojar personas. El problema no se limita a la cuesti贸n edilicia, sino que las personas privadas de la libertad no tienen garantizado su derecho a la salud, en cuanto no existen dispositivos espec铆ficos para esta poblaci贸n, y el personal policial no se encuentra capacitado para dicha funci贸n".
La irregularidad cobra fuerza si se tiene en cuenta que hace cinco a帽os la C谩mara de Apelaciones de Rosario revoc贸 una sentencia de primera instancia e hizo lugar a un recurso de h谩beas corpus, en el que se orden贸 al Ministerio de Gobierno y al de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, que "en lo inmediato distribuya los excedentes de poblaci贸n de privados de libertad existentes en las seccionales de la Unidad Regional II (Rosario y el Gran Rosario), a otras unidades de detenci贸n de la regi贸n o, en su caso, de todo el sistema provincial; y en lo mediato, culmine el proceso de distribuci贸n de modo que dichas reparticiones no se conviertan en establecimientos de privaci贸n de libertad permanentes".
Pese a ello, "gran cantidad de personas siguen padeciendo el encierro en estos lugares, en forma permanente", apuntaron desde la CTC. En estos a帽os, la situaci贸n "no vari贸", sino que "al hacinamiento se sumaron las condiciones de inhabitabilidad".
Seg煤n la CTC, los datos oficiales no dan cuenta de la sobrepoblaci贸n en las unidades penitenciarias, y remarcan que "hay fallas estructurales en los penales que no se condicen con la dignidad humana: faltan elementos indispensables como colchones, ventanas, problemas con los desag眉es cloacales, ca帽er铆as, falta de agua potable, mala calidad de la alimentaci贸n". Adem谩s, enumeraron "falta de un patio donde se pueda estar al aire libre, hay pocos sanitarios (uno o dos), sin las condiciones m铆nimas de higiene y privacidad, donde se alojan en promedio 20 personas. Tampoco tienen lugar adecuado para pernoctar, porque carecen de colchones y ropa de cama: en algunas dependencias hasta deben turnarse para dormir".
Por otro lado, el sistema de salud "no garantiza ese derecho", porque "ante dolencias o enfermedades, se recurre al sistema p煤blico de salud, que responde en forma reticente y en muchos casos s贸lo bajo orden judicial". En estas condiciones, "son constantes las denuncias por hechos de violencia dentro de los penales en comisar铆as, ya sea por el accionar policial o por problemas de convivencia agravados por las condiciones infrahumanas de vida".
Adem谩s, la CTC denunci贸 que "en el 谩mbito policial es com煤n el pedido de dinero a familiares para no trasladar a los detenidos, o para mantenerlos en lugares 'tranquilos', para otorgar visitas extraordinarias y dejar ingresar elementos prohibidos. En muchas ocasiones son sometidos a golpes y torturas, pero los presos no quieren denunciar para evitar traslados".
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