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La Red Argentina de Consumidores acudi贸 a la Justicia para que declare inconstitucional el 煤ltimo aumento del boleto urbano de pasajeros y la delegaci贸n de facultades que el Concejo Municipal le dio a la intendenta M贸nica Fein, y que le permiti贸 subir el precio del boleto un 17 por ciento. La presentaci贸n incluye una medida cautelar innovadora para que "cese inmediatamente" la nueva tarifa, que rige desde el 20 de marzo pasado. "No es un acto serio y transparente. No es legal el procedimiento. Lo hicieron por una vocaci贸n de concentrar el poder", afirm贸 Christian Galindo, representante de la ONG. La intendenta respondi贸 ayer mismo a la ma帽ana: "Tenemos la potestad. Es una autorizaci贸n, no le estamos quitando una atribuci贸n al Concejo", sostuvo. La decisi贸n est谩 en manos del juez en lo Civil y Comercial N潞 9, Marcelo Bergia.
Los mal llamados "superpoderes", concedidos por el Concejo en diciembre pasado a la intendenta, fueron cuestionados por la ONG. "Existi贸 una injustificada e innecesaria concentraci贸n de poderes en el Ejecutivo", dijo Galindo, y justific贸 sus dichos alegando que "no existe ni existi贸 emergencia alguna" para solicitar la delegaci贸n de facultades.
Adem谩s, para el responsable de la ONG que defiende los derechos de los usuarios, "se anul贸 todo control republicano garantizado en la divisi贸n de poderes, porque tampoco hubo publicidad formal en tiempo y forma del acto que dispone la suba tarifaria; as铆 como tampoco de los estudios t茅cnicos de costo que motivaron la suba, por lo que todo ello afect贸 el derecho constitucional a la informaci贸n del usuario consumidor".
En la presentaci贸n, argument贸 que el Ejecutivo Municipal concentra "todas las facultades: tiene el poder concedente del servicio; es prestador directo; es la autoridad de regulaci贸n, de control y tambi茅n autoridad en materia de tarifas". Todo ello, "vulnera derechos elementales de los usuarios, anul谩ndose todo tipo de control actual y futuro y por ende de garant铆a de transparencia de las decisiones tomadas por parte de las autoridades", dice el escrito. Galindo consider贸 que los usuarios del servicio "pagan hoy obligadamente por un servicio monop贸lico una tarifa que no saben de d贸nde surge".
Al mismo tiempo, sostuvo que "el acto administrativo que dispuso la suba --mediante el decreto 541-- careci贸 los motivos (estudio de costos) que lo justifiquen".
El concejal kirchnerista Roberto Sukerman coincidi贸 con la "ilegalidad" planteada por la ONG. "La Ley Org谩nica de Municipalidades es clara: fija la facultad del Concejo, por lo que no se podr铆a ir en contra con una ordenanza municipal. Est谩n quitando al Concejo una facultad pol铆tica", dijo.
Para Galindo "hay una serie de vicios". En ese sentido, enumer贸: "Se anul贸 la divisi贸n de poderes. La ley marco de Transporte P煤blico dice que el r茅gimen de tarifas ser谩 fijado por el Concejo". Al mismo tiempo, "viola la ordenanza 7.627, que crea el ente de control. Dice que 茅ste debe elevar el estudio de costos al Concejo, no al Ejecutivo".
Galindo apunt贸 tambi茅n a que para la delegaci贸n de facultades, debi贸 existir una "situaci贸n de emergencia". A ese cuestionamiento Fein respondi贸: "Desde 2001 el pa铆s est谩 en emergencia econ贸mica y financiera, lo que le da grandes poderes al Ejecutivo. Nosotros no tenemos ninguna ley de emergencia, s贸lo pedimos una autorizaci贸n y el Concejo nos la dio". A lo que el referente de la ONG retruc贸: "No es serio decir que estamos como en 2001".
Al mismo tiempo, la intendenta record贸 que "tanto C贸rdoba, como Mar del Plata, Bah铆a Blanca y Rosario, que gestionan su transporte, necesitan garantizar el sistema mediante el ajuste de tarifas, que nunca es una buena noticia, pero mientras el sistema sea de esta manera, la tarifa es una variable de ajuste que lamentablemente hay que utilizar".
Luego, se帽al贸 que "la autorizaci贸n del Concejo es por un a帽o, es la misma que tiene la ciudad de Santa Fe. La hemos ejercido. Vamos a poner a disposici贸n los informes que solicitamos, que nos permiten actuar porque el Concejo en cualquier momento puede recuperar su atribuci贸n".
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