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El juez Marcelo Bailaque orden贸 abrir la investigaci贸n sobre los delitos econ贸micos cometidos en la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, durante la 煤ltima dictadura militar, "con plenos efectos penales". El requerimiento de instrucci贸n fue impulsado por el fiscal Gonzalo Stara, para establecer las responsabilidades ante la intervenci贸n de la Vigil, en 1977; y el juez hizo lugar la semana pasada. Al parecer, no hay antecedentes en la provincia de una investigaci贸n de delitos econ贸micos, que revisten la categor铆a de delitos de lesa humanidad por su conexi贸n con los hechos de los que fueran v铆ctimas los ex directivos. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) fue la primera en hablar de un tema "a煤n no ventilado" en los tribunales: el genocidio cultural. "Hubo un plan orquestado desde el Poder Ejecutivo Nacional para destruir todo vestigio de educaci贸n democr谩tica y de libre pensamiento. As铆 lo demuestran los decretos e instrucciones dictados que se pusieron en vigor en todo el territorio de la Naci贸n. Es una de las deudas pendientes, as铆 como la de comenzar a desenmascarar a los civiles que perge帽aron dichas normas y los que las ejecutaron en los diversos cargos de la educaci贸n y la cultura", resaltaron desde la organizaci贸n.
En el marco de la causa Feced, a mediados de julio, el juez Bailaque resolvi贸 tener por parte querellante a los directivos de la biblioteca --sobrevivientes del ex Servicio de Informaciones de la polic铆a--, que recuperaron sus cargos en la Comisi贸n Directiva, el 30 de julio pasado: Augusto Duri, Ra煤l y Antonia Frutos; y tambi茅n a la hija de Augusto, Celina Duri. Adem谩s, resolvi贸 aceptar a la APDH, para impulsar la investigaci贸n de los hechos.
Casi al mismo tiempo, la fiscal铆a solicit贸 requerimiento de instrucci贸n por los hechos de "robo agravado, da帽o agravado, estafas y otras defraudaciones cometidos contra el patrimonio de la biblioteca". Estos fueron considerados "hechos susceptibles de ser encuadrados dentro del plan sistem谩tico de represi贸n clandestina e ilegal implantado en nuestro pa铆s como pol铆tica de estado a partir del 24 de marzo de 1976".
La APDH representada por la presidenta de la delegaci贸n Rosario, Norma R铆os, y patrocinada por la abogadas Mar铆a del Carmen Mart铆nez, Matilde Gatti y Eliana Masegosa; y los tres directivos de la Vigil patrocinados por los abogados Marcelo Abaca y Marcelo Scalona interpusieron las querellas que profundizan las denuncias, haciendo hincapi茅 en los delitos econ贸micos "cometidos por quienes arrasaron esa instituci贸n emblem谩tica, destruyendo los logros de a帽os de trabajo y esfuerzo mancomunado", recordaron. R铆os plante贸 que "es a destacar que en la denuncia de la APDH se nombra a los c贸mplices civiles de los genocidas, colaboradores, en la ejecuci贸n de cr铆menes de lesa humanidad como torturas, muertes y desapariciones; y que son parte del genocidio cultural y econ贸mico. Civiles que continuaron a trav茅s de los a帽os reivindicando lo actuado, negociando los bienes de la Vigil, y aportando a la impunidad desde el espacio de poder, universidades y cargos pol铆ticos; mientras las v铆ctimas de tanta infamia luchaban cada d铆a de estos m谩s de 35 a帽os para llegar a la verdad y la justicia, sin perder la memoria".
Consultado por Rosario/12, el fiscal Stara se帽al贸 que hoy recibir谩 a los abogados querellantes. "Tanto los abogados de la APDH como los particulares que patrocinan a los miembros de la comisi贸n directiva, son los que tienen mayor caudal de informaci贸n, por lo que la idea es trabajar mancomunadamente en el aporte de datos".
El 25 de febrero de 1977 una "comisi贸n normalizadora" ingres贸 a la sede de la Biblioteca Vigil. Agust铆n Feced, Telmo Alcides Ibarra, el contador Canceleri, el capit谩n de Corbeta C茅sar Esteban Molina --quien ser铆a designado interventor-- y el abogado Maldonado Puig prohibieron el acceso a los directivos, rodeados de personal policial que ingres贸 al edificio central.
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