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La Justicia procesó a un hombre de 33 años que hackeó la cuenta bancaria de una empresa de refrigeración de la zona sur y realizó transferencias por unos 520 mil pesos. Si bien permaneció tres meses detenido, en junio de 2011 recuperó la libertad. La estafa informática incluyó seis operaciones concretadas y dos en grado de tentativa, en febrero de 2011. En la causa, el Juzgado de Instrucción Nº 13 continúa investigando las responsabilidades de otros 14 imputados, algunos de los cuales están involucrados como titulares de las diferentes cuentas a las que se derivó el dinero. En las computadoras y dispositivos de almacenamiento secuestrados en la vivienda del acusado los peritos informáticos de la Unidad Regional II encontraron decenas de programas para revelar contraseñas, ocultar dirección de IP --número que poseen las computadoras y puede localizarse mediante la empresa que suministra internet--, obtener el control de otras computadoras de manera remota, y capturas de pantallas ajenas, con datos de correos electrónicos y cuentas de Facebook.
Tras la denuncia de la empresa J y R Capella, la Justicia y la URII comenzaron una minuciosa investigación y rastreo de la computadora desde la cual se habían realizado las operaciones de tipo home banking. Las transferencias, sin el consentimiento del titular de la cuenta corriente, se realizaron entre el 15 y el 18 de febrero de 2011. En marzo, Pablo M. fue detenido por efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) tras un allanamiento en su casa, ubicada en la zona del hospital Centenario.
El rastreo de la dirección de IP fue clave para que los investigadores lograran dar con el autor del delito de "defraudación mediante manipulación informática en concurso real", con seis hechos consumados.
Entre el material secuestrado había tarjetas de almacenamiento con archivos "idóneos para el hackeo", según indicaron fuentes judiciales.
Desde el juzgado a cargo de Gustavo Pérez Urrechu se intenta determinar qué elementos están relacionados con el delito, y cuáles con el trabajo del especialista en informática. Incluso trascendió que prestó algún servicio al gobierno provincial, aunque hace varios años; al igual que en el Ejército, en ese caso con jurisdicción en otra localidad.
En su descargo, el acusado llegó a decir que él era una víctima y que tenía la computadora hackeada. Sin embargo, otro de los implicados lo reconoció como quien "propuso el negocio", y también hay escuchas de llamadas que lo complican. Ante ello, irá a juicio y se embragaron sus bienes por 750 mil pesos.
Además, se investigan casos similares denunciados por empresas cerealeras de otras jurisdicciones --con faltantes de hasta un millón de pesos-- donde los implicados tienen alguna conexión con los imputados en esta causa. También en el juzgado de instrucción Nº 1, hay un expediente con dos hechos que tienen como acusado a Pablo M., aunque por sumas de entre 12 y 13 mil pesos, cada una.
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