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La vicepresidenta 1ª del Concejo Municipal, Norma López (FpV), cuestionó que "mientras a nivel nacional hay toda una operación política de Binner, Bonfatti, Lifschitz y los dirigentes del FAP para desestimar la grave situación de seguridad que estamos viviendo en la ciudad de Rosario, la intendenta se pone con los otros bloques políticos y el resto de los concejales a ocuparse de la situación". Según López, "lo peor que nos puede pasar es negar que los vecinos de Rosario están en este momento en un grado de desprotección como nunca antes se había visto". De todos modos, la edila kircherista afirmó que "es un hecho positivo que la intendenta reconozca la responsabilidad institucional que le cabe al municipio por los hechos de inseguridad y solicite ayuda a los distintos bloque políticos".

Junto con su compañero de bloque, Roberto Sukerman, solicitaron a la intendenta que "intensifique el poder de policía municipal fortaleciendo los controles sobre la economía del delito, en cuanto a los desarmaderos, trata, pensiones, venta callejera". La vicepresidenta del Palacio Vasallo remarcó que desde el FpV se seguirá reclamando para que "el gobernador de cuenta sobre el esclarecimiento de los 200 homicidios ocurridos en los últimos 13 meses y el desplazamiento inmediato de los jefes policiales investigados. Asimismo, seguiremos exigiendo la descentralización de fiscalías y defensorías barriales en cada uno de los distritos, la constitución de la policía municipal, la implementación de nuestro proyecto Rosario Alerta 2.0 y la confección de un mapa del delito que sea georeferenciado".

Los ediles kirchneristas remarcaron que se exigió la inmediata implementación del Programa de Protección de Testigos, Víctimas y Denunciantes establecido en el nuevo Código Procesal Penal, "debido al miedo que padecen los rosarinos a la hora de denunciar y al temor de los testigos por su condición de tal". Además, pidieron que se haga un plan de contención a las víctimas porque "no están teniendo respuestas".

Kirchneristas disgustados

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