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La Justicia Municipal de Faltas dispuso el cese de la habilitación y clausura definitiva del cabaret y whiskería Palacio Berlusconi, al considerar que en ese local de Sarmiento 1112 se incurrió en una infracción inadmisible, como la detectada el 22 de febrero cuando una inspección descubrió a una alternadora y a un cliente durante un acto sexual, lo que configuró una violación a la ley de profilaxis. La concejala María Eugenia Schmuck, que promueve un proyecto de ordenanza para cerrar todos los locales del rubro, dijo que la caída del renombrado burdel "confirma que las whiskerías y cabarets son prostíbulos encubiertos".
La jueza Jorgelina Ghengini ordenó ayer la caducidad definitiva de la habilitación que tenía el cabaret desde finales de 2009, con la sentencia de que su titular no podrá abrir otro emprendimiento similar del mismo rubro. La funcionaria del Tribunal de Faltas es la misma que el mes pasado falló con el mismo veredicto contra el boliche Ay Ramírez, luego de varias denuncias, por tergiversar el rubro para el que había sido habilitado. En el caso del Palacio Berlusconi, las multas anteriores a la clausura habían sido por faltas en los contratos de locación que el negocio debe tener con cada una de sus alternadoras, certificados por el Instituto Municipal de la Mujer. Pero en la última visita de control, el director de Inspección municipal, Gregorio Ramírez, y dos inspectoras comprobaron directamente que en el lugar se practicaba sexo pago. Los funcionarios intentaron poner faja de clausura y fueron corridos con golpes y amenazas, lo que mereció una denuncia penal del Ejecutivo contra el personal de la whiskería. A la semana siguiente de la clausura provisoria, vecinos denunciaron que el burdel seguía funcionando a pesar de la disposición municipal. El fallo emitido ayer definió la situación.
Quien compareció ante la jueza ayer para notificarse de la caducidad de la habilitación fue Juan Cabrera, dueño del boliche Willie Dixon, y también del Palacio Berlusconi aunque no figuraba como titular sino otra persona. Una fuente allegada al Tribunal contó que Cabrera le dijo a la jueza Ghengini que no apelará el fallo, pero que buscaría hacerlo en otro rubro en el que la inhabilitación no lo afecte. Consultado Ramírez al respecto, indicó: "Cualquiera sea la actividad comercial que elija, en todos los rubros hay regulaciones, si cumple con la ordenanza correspondiente, no tendrá de qué preocuparse".
Schmuck, que impulsa un proyecto de ordenanza para prohibir en la ciudad cabarets y whiskerías, subrayó que el caso del Berlusca -como se lo conocía- pone en blanco sobre negro una situación vox populi. "Cada inspección que se realiza termina con la clausura porque, como todos sabemos, son prostíbulos clandestinos. Lo vemos con el cierre definitivo del Palacio Berlusconi, y el año pasado sobre El Escondite, otro cabaret con habilitación municipal donde se incurría en el delito de trata de personas", señaló. Por eso, impuso que "el Estado no puede seguir convalidando estas irregularidades, la única diferencia de los cabarets y whiskerías con un departamento privado es que a los primeros el Estado les permite funcionar y continuar con su mentira".
Con la caída del Palacio, el registro municipal tiene otros 5 negocios habilitados en el polémico rubro comercial. Uno de ellos, La Rosa, también propiedad de Cabrera, fue denunciado en marzo de 2010. El fiscal Eduardo Valdez Tietjen ordenó su allanamiento y encontró un libro de pases y una puerta que comunicaba al hotel lindero. Al juez Héctor Núñez Cartelle no le pareció suficiente prueba. La denuncia abarcaba al local de Sarmiento al 1100, pero cuando llegó la requisa había desaparecido cualquier evidencia de que allí se ejerciera la prostitución. "Es evidente --afirmó Schmuck-- que ante un operativo en serio, alguien les avisa antes a los proxenetas. Por eso, hay que terminar con esto de raíz y prohibir la actividad, que el Estado no la avale más".
El proyecto de Schmuck debe atravesar el debate en las comisiones de Gobierno y de Derechos Humanos del Concejo. La semana próxima se realizará una audiencia pública con invitación a organizaciones que abordan la problemática de género, para abrir la discusión de la norma en ciernes. Y luego los ediles invitarán a las diputadas Alicia Gutiérrez (SI) e Inés Bertero (PS) a exponer sobre la discusión de un proyecto de ley que cuenta con media sanción de Diputados.
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