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El gobernador Antonio Bonfatti incluyó ayer a Granadero Baigorria entre los municipios que deberán elegir intendente en octubre próximo, al dictaminar que la licencia de Alejandro Ramos vigente desde hace un año y medio para asumir como secretario de Transporte de la Nación está fuera de la ley, lo mismo que el interinato que ocupa la concejala Romina Luciani como jefa municipal. La decisión se plasmó en el decreto 601, firmado ayer por la mañana, y obligó a una reunión de apuro entre los concejales que obedecen a Ramos, con Luciani incluida. La respuesta fue aceptar el llamado a elecciones y denunciar que el paso dado por la Casa Gris es una devolución política de la ofensiva que el titular de Transporte viene desplegando en las últimas semanas con dardos contra la gestión del Frente Progresista.
Tal como lo anticipara Rosario/12 el mes pasado, Bonfatti fijó la fecha de los comicios generales el 27 de octubre, y la de las primarias para el 11 de agosto. Y "por razones de economía y celeridad", incluyó en ese mismo calendario la elección que extinguirá la intendencia de Ramos.
El Concejo otorgó licencia en marzo de 2012 a Ramos para asumir como secretario de Transporte, y lo reemplazó por el presidente del cuerpo, Mario Rosales. Tras una renovación de autoridades, Luciani ocupó el lugar de Rosales en diciembre y desde entonces, también el cargo de intendenta interina.
"El correcto análisis jurídico determina encuadrar la cuestión dentro del régimen de incompatibilidades para ejercer el cargo de intendente municipal y no, como lo hace el Concejo, dentro del régimen de licencias", reza el decreto provincial. La norma esgrime la Ley Orgánica de Municipalidades nº 2756, que establece "la incapacidad absoluta de derecho de un intendente para ser funcionario nacional" y viceversa. "Corresponde, en caso de verificarse tal situación, la cesación automática en el cargo local", manda la ley.
Anoche, una fuente del gobierno, consciente del impacto político causado por el decreto gubernamental, explicitó la respuesta política a los ataques verbales de Ramos para con la gestión Bonfatti. "Además, rompe con el espíritu del voto popular: la gente lo votó a él, no a Luciani. El presidente del Concejo puede asumir cuando falta un año para terminar el mandato, pero así corresponde elegir de nuevo", dijo.
Desde el entorno de Luciani y el Concejo baigorrense anoche confirmaron que "se acatará el llamado a elecciones", pero marcaron: "Esto es el ensañamiento del gobernador con Baigorria porque le molesta el éxito del modelo nacional en la ciudad", interpretó un portavoz del oficialismo local. La misma fuente dijo que la novedad llegó un día después de que la diputada Erika Gonnet y otros legisladores presentaran un pedido de informes sobre el pasado de Mario Martín Barletta, hijo del titular de la UCR, en el estudio jurídico de Eduardo Jauchen, defensor del ex jefe policial Hugo Tognoli, y su presente como secretario general del Ministerio Público de la Acusación. Asimismo, los kirchneristas de Baigorria señalaron que hay dos presidentes comunales (La Rubia y La Criolla) del Frente Progresista en similar condición de Ramos, que ocupan cargos en el Ejecutivo provincial, y que no han sido removidos. Y plantearon: "Si el gobernador sacó este decreto para regularizar una situación, ¿por qué lo hace ahora y no un año y medio antes?".
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