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La Comisi贸n Directiva de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, como instituci贸n, se constituir谩 como querellante en la causa que lleva adelante la Justicia Federal, por los delitos econ贸micos cometidos contra la entidad y sus socios, durante la 煤ltima dictadura militar. "Queremos poner al protagonista del hecho como querellante, y desde all铆 plantear la figura del genocidio cultural. La instituci贸n est谩 en marcha", remarc贸 Marcelo Abaca, actual presidente de la Comisi贸n Directiva, tras la renuncia de Augusto Duri, en enero pasado (ver aparte). Adem谩s, la causa avanza con las declaraciones de los testigos del saqueo que sufri贸 el proyecto Vigil; y la Justicia est谩 organizando una inspecci贸n al edificio de Gaboto 450 "para ver in situ los lugares que fue ocupando la intervenci贸n" de 1977 -seg煤n indic贸 el fiscal Gonzalo Stara, y que destituy贸 a la Vigil de todos sus bienes. En ese sentido, la provincia y la Comisi贸n mantienen reuniones peri贸dicas para avanzar en la recuperaci贸n de la sede, tal como lo plantea la ley aprobada en diciembre pasado por la Legislatura provincial, y que deber谩 concretarse antes de noviembre.
Mientras se suman los relatos sobre la intervenci贸n militar y lo que signific贸 ese arrebato para la comunidad de la Biblioteca Popular y para la ciudad, la Justicia busca agilizar todas las medidas tendientes a avanzar con la causa, en relaci贸n con la recolecci贸n de pruebas. Entre las disposiciones m谩s importantes, el fiscal Stara indic贸 que se est谩 armando una inspecci贸n judicial en las instalaciones de la Vigil, cuyo desmantelamiento y apropiaci贸n a manos del estado terrorista es objeto del expediente judicial que instruye Stara. La idea es "tomar contacto directo con el lugar, con el escenario donde ocurrieron parte de los hechos investigados en la causa. La primera etapa del despojo se caracteriza a grandes rasgos y previa entrega coactiva de sus bienes a la intervenci贸n por la destrucci贸n y robo de los bienes, con un claro objetivo ejemplificador; esto que la APDH en su denuncia calificara como genocidio cultural", record贸 el fiscal. En tanto, la medida repercutir谩 "inexorablemente" en la causa Feced, considerando su 铆ntima relaci贸n, dado que el centro clandestino montado en lo que fuera la jefatura de polic铆a de la provincia fue el lugar elegido para atormentar a sus dirigentes, como parte de la mec谩nica delictiva investigada.
Stara precis贸 que la medida contar谩 con testigos directos de los hechos, luchadores sociales que participaron de la construcci贸n del inmenso proyecto de Vigil y que fueron testigo de su desmantelamiento. Esas presencias en las actuales instalaciones de lo que fuera el mayor emprendimiento pedag贸gico cultural de Am茅rica Latina, "permitir谩 comprender de cerca los alcances del plan de desguace econ贸mico y cultural implementado por la maquinaria de terror desplegada por la 煤ltima dictadura militar en la ex biblioteca popular".
En el mismo sentido, Abaca consider贸 que se trata de una "oportunidad important铆sima para que los implicados en la investigaci贸n tomen contacto real con el edificio, y lo que fue el deterioro" de 茅ste.
Al mismo tiempo, el presidente de la Comisi贸n plante贸 la importancia de que la biblioteca como instituci贸n se presente como querellante, luego que en 2012 lo hicieran los miembros de la comisi贸n directiva por entonces; y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), como organismo. "Desde el punto de vista popular, la cultura fue atacada. Hablar de genocidio cultural es hablar del ADN de la obra de la Vigil". La idea de la comisi贸n, con el abogado Abaca como presidente y la arquitecta Celina Duri, como vice, es presentar la querella al juez Marcelo Bailaque, en unas dos semanas.
Entre otras medidas judiciales, se est谩n enviando oficios para ubicar algunas obras de arte que pertenecieron a la Biblioteca, de autores reconocidos, que aparentemente habr铆an sido robadas. Tambi茅n se ofici贸 a la multinacional IBM y al service oficial de aquella 茅poca, por las computadoras que pose铆a la biblioteca, en una sala conocida entonces como el Centro de C贸mputos, y que en esa 茅poca eran pr谩cticamente las 煤nicas en la ciudad. Tambi茅n desaparecieron tras la intervenci贸n y posterior saqueo.
Por otro lado, y en el marco de la recuperaci贸n de bienes, Abaca indic贸 que avanzan a "paso firme" las reuniones con la provincia, a trav茅s del Ministerio de Educaci贸n, para recuperar en comodato el edificio de Gaboto 450, que cuenta con 4500 metros cuadrados, ya que actualmente, la biblioteca "que est谩 en la etapa de recuperaci贸n de socios no tiene un lugar f铆sico de funcionamiento.
En el mismo sentido, el letrado adelant贸 que est谩 prevista una "inminente reuni贸n" con la presidencia del Instituto Nacional de Asociativismo y Econom铆a Social (INAES), para darle un impulso a la parte mutual de la biblioteca.
La Vigil lleg贸 a constituir su Biblioteca en el mayor proyecto editorial que funcion贸 en las d茅cadas del 60 y 70 del siglo pasado en el interior de Argentina. La 煤ltima dictadura que asol贸 al pa铆s, la intervino el 25 de febrero de 1977. En ese entonces, se desarticul贸 la organizaci贸n institucional, se persigui贸 y secuestr贸 a sus dirigentes, se liquid贸 el sistema educativo con el cierre de numerosos cursos y escuelas, fueron cesanteados docentes, empleados y obreros, se interrumpieron prestaciones esenciales (guarder铆a, servicio materno infantil), se vendieron sus propiedades, se destruyeron o robaron no menos de 80 mil libros. Hechos que para las autoridades, la APDH y las v铆ctimas constituyeron un "verdadero genocidio cultural" contra el patrimonio de "todos los rosarinos".
La causa se conform贸 como tal el 6 de agosto de 2012, cuando el juez Bailaque hizo lugar al requerimiento de instrucci贸n del fiscal Gonzalo Stara.
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