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En el procesamiento a Juan Cabrera, conocido como el Indio Blanco, firmado el viernes a última hora, la jueza Alejandra Rodenas dice que "las circunstancias del caso autorizan a presumir que existe riesgo de fuga". De hecho, y aunque el propio Cabrera lo haya negado durante la indagatoria, en la madrugada del 25 de mayo trató de escaparse por los techos del hospedaje lindero al cabaret La Rosa. Este fin de semana, Cabrera está preso. Mañana, la magistrada deberá resolver sobre la medida de sustitución de prisión preventiva pedida por el abogado, Paul Krupnick. "Puede darse por probabilizada la efectiva posesión y administración por parte de Juan Carlos Enrique Cabrera del local La Rosa y el hospedaje contiguo a él, así como sobre los negocios y actividades comerciales que se llevan a cabo allí, dentro de los cuales habrá de incluirse el de los servicios sexuales onerosos prestados por las 'alternadoras' que allí trabajan, con pleno conocimiento, facilitamiento y activa participación del imputado en su cobro, administración y usufructo (percibiendo el 50 por ciento de dichos servicios)", se lee en el texto legal. Los delitos de la acusación están contemplados en los artículos 125 bis y 127 del Código Penal.
Las pruebas son contundentes. La Dirección Provincial de Trata, a cargo de Mónica Viviani, tuvo una primera investigación en terreno el 31 de agosto del año pasado, cuando dos empleados policiales fueron a La Rosa, haciéndose pasar por clientes. Allí pudieron ver cómo las chicas pautaban los encuentros sexuales en el cabaret y luego salían hacia el hotel. Y además, las propias alternadoras les aclararon que antes había una puerta interna que conectaba los dos comercios, pero luego, por las regulaciones municipales, fue clausurada. En efecto, en enero de 2011, La Rosa fue clausurada por esa conexión física, prohibida por la ordenanza 8667. La Municipalidad hizo 150 inspecciones pero nunca comprobó actividad sexual explícita o conexiones entre los dos comercios. Sin embargo, la contratación del servicio de la EPE es compartido a nombre de la SRL Indio Blanco, la empresa de producción de espectáculos del proxeneta. Además, el sistema de cámaras de seguridad en el cabaret y en el hotel podían monitorearse en la barra de La Rosa y la recepción del hospedaje. Además, habría habido alguna vez otra cámara, para grabar dentro de una de las habitaciones del hotel.
La investigación de la Dirección de Trata continuó el 18 de septiembre de 2012, con inspecciones externas. De las varias incursiones que los policías, camuflados, hicieron en el local, el 4 de octubre de 2012, el 28 de febrero y el 13 de abril de este año, resulta reveladora la anteúltima. Dos efectivos simularon ser pareja para entrar al hospedaje contiguo. No los dejaron: los patovicas de La Rosa les explicaron "que ese sitio era de uso exclusivo para las mujeres y clientes que salen de La Rosa y no era un sitio abierto al público en general".
Proxenetismo. Uno de los dos clientes relató que cuando estaba en La Rosa una de las alternadoras le propuso tener sexo por 300 pesos, y le aclaró que lo harían en el hotel contiguo. Los "clientes" fueron al hospedaje guiados por la propia mujer, y allí le pagaron a "una mujer que estaba en la entrada", y no a la "alternadora", a quien no le pagó nada.
También 18 alternadoras, cuando declararon en el Instituto Municipal de la Mujer, contaron que el dueño del lugar y la persona con la que trataron su incorporación al local La Rosa fue el llamado Juan Cabrera, aunque también la encargada del lugar, Mariela Otta, ex pareja de Cabrera y titular del contrato de alquiler del hotel, quien fue citada a indagatoria por Rodenas. Las mujeres víctimas de explotación sexual porque la ley de trata modificada en diciembre convierte el consentimiento en irrelevante contaron que tanto Cabrera como Otta manejaban el dinero de sus copas y sus servicios sexuales, y que eran quienes, al final de la noche, entre las 4.30 y 5.30 de la madrugada, les daban la liquidación.
En la indagatoria, Cabrera se quejó porque "los legisladores no entienden nada del mundo de la prostitución" y aludió a "una confusión" de las chicas por dejarle la mitad de la recaudación, para argüir que él, en realidad, les cobraba el uso de las habitaciones. La estrategia defensiva de Krupnick, adelantada en varios medios, es pedir la inconstitucionalidad de la nueva ley de trata porque, según él, convierte en delito algo que no lo era. Sin embargo, en 1957, Argentina adhirió a la Convención de la ONU para erradicar la explotación de la prostitución ajena. Antes aún, la ley de proxilaxis, de 1936, prohíbe "las casas de tolerancia" y plantea tanto multas como prisión para quienes las regenteen. La prostitución no es perseguida penalmente, pero sí el proxenetismo.
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