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La escasez de inspectores dedicados a la polic铆a del trabajo hace que -a nivel nacional- se calcule que cada establecimiento comercial o industrial que tenga empleados puede estar tranquilo durante catorce a帽os hasta que el Ministerio de Trabajo de la Naci贸n se acerque a ver si all铆 se cumple con la legislaci贸n vigente. El c谩lculo fue realizado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, y establece que hay un inspector del trabajo por cada 3.500 establecimientos. La situaci贸n en la zona de Rosario no es mejor, donde la Secretar铆a de Trabajo de la provincia de Santa Fe cuenta con doce inspectores que deben encargarse de supervisar unos 45 mil locales destinados a la producci贸n de bienes y servicios, de acuerdo a los datos del Censo Econ贸mico 2005. Es decir, unos 3750 empresas por cada inspector.
Seg煤n el Censo Econ贸mico del INDEC en la Argentina operan aproximadamente 1,3 millones de establecimientos productivos del sector privado. Desde la perspectiva del control de las normas laborales, se trata de un universo muy grande y disperso de empresas. Por esto, la reducci贸n del empleo "en negro" no s贸lo depende de mejorar la fiscalizaci贸n sino tambi茅n de que el Estado le haga la vida m谩s f谩cil a los empleadores que cumplen con la legislaci贸n. El empleo no registrado en Argentina ha crecido de manera persistente a lo largo del 煤ltimo cuarto de siglo, aunque el incremento se intensific贸 luego de la crisis del 2002. En la actualidad, excluyendo el sector p煤blico, el 49 % de los trabajadores asalariados trabajan "en negro". Las consecuencias econ贸micas y sociales de esta masiva violaci贸n de las normas legales son muy negativas. Esto justifica dar una importancia prioritaria a las estrategias que tengan por objetivo incentivar la formalizaci贸n de las relaciones laborales.
M谩s all谩 del rol que le cabe al Estado en el control del cumplimiento de las normas, el an谩lisis efectuado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) -que preside Osvaldo Giordano- destaca que "se trata de evaluar si una estrategia basada exclusivamente en la fiscalizaci贸n tiene capacidad suficiente como para revertir un problema de la magnitud que el empleo "en negro" tiene en la Argentina". En este sentido, datos provenientes de fuentes oficiales aportan evidencias relevantes a este tema.
El censo econ贸mico del INDEC indica que existen cerca de 1,3 millones de locales privados dedicados a alg煤n tipo de explotaci贸n econ贸mica. Seg煤n los datos de AFIP, hay 430 mil empleadores registrados. La diferencia con el Censo se explica porque un mismo empleador puede tener varios locales y porque muchas empresas operan totalmente en la informalidad. El Ministerio de Trabajo informa que cuenta con aproximadamente 350 inspectores laborales y que en 2005 se realizaron 93.759 fiscalizaciones. Aunque existen fiscalizaciones laborales adicionales a las que realiza el Ministerio de Trabajo como, por ejemplo, las que ejecutan algunos sindicatos, la desproporci贸n entre la cantidad de establecimientos que se dedican a alg煤n tipo de explotaci贸n econ贸mica y la capacidad de fiscalizaci贸n de las autoridades es muy grande.
Simplificando, los datos indican que el Ministerio de Trabajo cuenta con aproximadamente un inspector por cada 3.500 establecimientos. Esto sugiere que, con la din谩mica de fiscalizaciones del a帽o 2005, cada establecimiento podr铆a ser visitado por una inspecci贸n del trabajo una vez cada 14 a帽os, en promedio.
La situaci贸n no es muy distinta en Rosario, donde el poder de polic铆a del trabajo fue delegado por el Ministerio nacional en la Secretar铆a de Trabajo de la provincia de Santa Fe. El delegado de dicha cartera en la ciudad, Hugo Din, indic贸 a Rosario/12 que cuenta con doce inspectores para cubrir un territorio que incluye cerca de 45 mil establecimientos, seg煤n datos del Censo Econ贸mico 2005.
"Este plantel no alcanza", reconoci贸 el funcionario, particularmente con la creciente demanda que plantea el auge de rubros demandantes de trabajo, como la construcci贸n, el vestido, el comercio y la alimentaci贸n, donde se ense帽orea el trabajo en negro. Sin precisar cu谩ntos inspectores m谩s ser铆an necesarios, Din dijo que "deber铆a ser una cantidad importante como para que la batalla que podamos dar contra el empleo no registrado sea total".
Los n煤mero muestran que "la fiscalizaci贸n como herramienta de formalizaci贸n tiene un potencial acotado", se帽al贸 el estudio del IDESA. "Los controles contribuyen a aumentar la percepci贸n de riesgo entre los incumplidores, pero no garantizan que todos los empleadores cumplan con las normas laborales. Esto se acent煤a si, adem谩s, la mitad del empleo privado es no registrado y se integra mayoritariamente por empleos de muy baja productividad en peque帽as empresas donde la informalidad muchas veces es un acto de supervivencia. No hay dudas que aumentar la cantidad de fiscalizaciones, mejorar su efectividad y establecer buenos mecanismos de auditorias para disminuir las posibilidades de corrupci贸n, constituyen acciones muy importantes desde el punto de vista del rol que tiene que cumplir el Estado", indic贸 el an谩lisis.
Pero la entidad va m谩s all谩 al se帽alar que "estas acciones est谩n condenadas al fracaso si no se complementan con transformaciones orientadas a "hacerle la vida m谩s f谩cil" a quienes cumplen con las normas. Por eso, tan o m谩s importante que fortalecer la polic铆a del trabajo, es simplificar los tr谩mites administrativos y morigerar la presi贸n impositiva sobre los empleos de baja productividad a trav茅s de un m铆nimo no imponible para las cargas sociales. En el servicio dom茅stico, por ejemplo, se est谩 apelando a un men煤 relativamente amplio de acciones para promover la formalizaci贸n. Los ejes b谩sicos son la simplificaci贸n del mecanismo de liquidaci贸n y pago de las contribuciones, la reducci贸n del monto de la contribuci贸n, la posibilidad de deducir el pago del salario "en blanco" en la declaraci贸n del impuesto a las ganancias del empleador y una intensa campa帽a de concientizaci贸n sobre la conveniencia de la registraci贸n. Pero para el resto de las relaciones de trabajo, el 茅nfasis est谩 puesto de manera casi excluyente s贸lo en la fiscalizaci贸n".
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