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Un hombre y dos mujeres fueron procesados por "facilitamiento de la prostitución de menor de edad" en el caso de una chica de 17 años, sometida en un local de San Luis al 800, donde funcionaba un prostíbulo. Los presuntos autores del delito son una pareja de nacionalidad peruana, Maximiliano R. S. y Fermina R., quienes alquilaban el local, y se quedaban con la mitad del cobro por los "pases". El lugar era regenteado por Natalia N., acusada como partícipe primaria. En tanto, el encargado está prófugo con pedido de captura nacional e internacional. En Cámara Gesell, la adolescente dijo haber llegado a la actividad por decisión propia. Su madre --que estuvo detenida-- aseguró haber desconocido la situación y en el mismo fallo recibió falta de mérito, al igual que otras tres personas implicadas. Las mujeres prostituidas que testimoniaron en la causa dijeron haber accedido a trabajar a la casa de citas por avisos publicados en el diario La Capital, con promesas de pago de importantes cifras. Los testimonios indican que hablaban con el dueño y luego eran entrevistadas por los encargados, quienes les explicaban la modalidad y régimen del trabajo sexual. Tras las detenciones, en octubre pasado, la jovencita fue asistida por la Secretaría Provincial de Niñez.
Si bien el año pasado se indicó que la investigación comenzó por una causa que llegó desde España, donde se registró difusión de imágenes de pornografía infantil de Argentina, el fallo de la jueza de Instrucción 10º, Irma Bilotta, hace especial hincapié en las actividades delictivas de los acusados sobre la jovencita de 17 años.
La adolescente indicó en Cámara Gesell "que Natalia es la encargada del local de calle San Luis 818". Dijo además que ésta "cobraba y mostraba a las chicas". La jovencita expresó que "cuando empezó a trabajar, lo hizo por decisión propia (a los 14 años). Que no le pidieron documento, que todo era hablado, y que ellos sabían que era menor. En una noche atendía entre 5 y 7 clientes". Otra trabajadora relató que la chica le contó "que antes trabajó en lo del `Indio'. Creo que se llama el Palacio, pero que la habrían sacado porque se enteraron que era menor".
El principal acusado es dueño de tres rotiserías en Rosario --una en Francia y Pellegrini--. En tanto, la presunta regente del lugar, quien negó las acusaciones, aseguró: "Mi actividad era anotar en un rolisec los servicios. Yo jamás supe que (la adolescente) era menor de edad, ella siempre dijo que era mayor, y que hacía tiempo que trabajaba de eso; que tenía experiencia". Para la jueza, Natalia N. "prestó colaboración imprescindible en el facilitamiento de la prostitución de la menor".
En cuanto a la madre de la chica, la magistrada consideró que "no quedó acreditado que aceptara ayuda para mantener su hogar con dinero proveniente de la prostitución de su hija", por lo que obtuvo falta de mérito.
Bilotta consideró que "las víctimas menores prestando su consentimiento recurren a esta forma de sustento diario o de ganarse la vida, porque no tienen otra alternativa, por razones de necesidad o por no encontrar posibilidades que permitan hacer otra elección, o tal vez, por carecer de medios que le permitan el acceso a la educación, y que generalmente son aprovechadas por los adultos en el negocio de la oferta sexual de los menores en la prostitución, ante el consumismo evidenciado en esta sociedad que se dice evolucionada".
En tanto, varios testimonios evidenciaron que las entrevistas se realizaban en otro local de Italia y Zeballos, por "el dueño, quien las mandaba para calle San Luis, donde hablaban con Pablo" (ver recuadro). De las declaraciones surge que algunas vieron a "policías hablar con Pablo; pedirle dinero, para dejarlo trabajar tranquilo". La jueza remitió ese testimonio a la Unidad Regional II. Pablo T. continúa prófugo con pedido de captura.
Ante la consulta sobre controles o concurrencia de personal policial al local de calle San Luis, uno de los testimonios contestó que "nunca" vio uno. A los procesados se les trabó embargo de 100 mil pesos a cada uno. El fallo no está firme, ya que fue apelado por la defensa de los acusados.
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