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Lunes, 26 de agosto de 2013
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Por primera vez, una hija de desaparecidos reclama su derecho laboral en la Aduana

El lugar de trabajo que le pertenece

María Laura Megna Tasada tenía nueve meses cuando sus papás, Hugo y Adriana, que era empleada de la Aduana, fueron secuestrados. Va a la Justicia para obtener el empleo.

Por Lorena Panzerini
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María Laura y su abogado Marcelo Abaca harán la presentación.

María Laura Megna Tasada tenía nueve meses el 4 de septiembre de 1977. Vivía junto a su papá y su mamá, Hugo Alberto Megna y Adriana Tasada, en una casa de Villa Gobernador Gálvez, escondidos de la persecución política. El era empleado en una fábrica; y ella trabajaba en la Aduana de Rosario. Un grupo comando de la policía irrumpió en la vivienda durante el mediodía, mandó a los propietarios al quincho, secuestró al joven matrimonio de militantes del PJ y prometió volver por la beba al otro día. Lo cumplieron dos horas después. A los cinco días, el policía Eduardo Luis de Dios Ramírez, de 39 años, se presentó en el juzgado de Menores para decir que había encontrado a la niña en la calle. Con una firma, le dieron la guarda provisoria y se la llevó a su casa, con su mujer y sus dos hijos. Seis meses después, la abuela materna, Laura Fernández -que también trabajó en la Aduana-, logró recuperar a la nena. Ahora, a 36 años de la desaparición de sus padres, María Laura reclama su derecho a ingresar a la Aduana, como hija de una empleada declarada fallecida. Frente a la "falta de respuestas", hoy y por primera vez en el país, se presentará en la Justicia Federal de Rosario un recurso de amparo para hacer cumplir el convenio colectivo de trabajo aduanero número 56/92.

Antes del decreto 1199/12, que firmó la presidenta Cristina Fernández, en noviembre pasado, los registros laborales de la mujer desaparecida -como los de otros compañeros secuestrados durante la última dictadura militar- decían "abandono de trabajo". Ahora deben ser modificados. El abogado Marcelo Abaca, que patrocina a María Laura en su reclamo, recordó que el convenio colectivo de trabajo mencionado apunta a que los hijos de empleados fallecidos de la Aduana deberán ser tomados para ocupar el puesto que dejaron sus padres. Sin embargo, a cuatro meses de haber iniciado el trámite administrativo, María Laura no obtiene respuestas del organismo.

Al recordar el decreto modificatorio sobre el motivo por el que los desaparecidos dejaron de trabajar, el abogado lamentó: "El cambio está en trámite, pero la cuestión ya está reconocida como derecho y no hay respuestas por parte de la Aduana".

El 19 de abril pasado, Abaca presentó el pedido de ingreso de María Laura -de profesión abogada-, en el marco del artículo 24 del convenio colectivo de trabajo 56/92. Frente a la falta de respuestas, el 5 de junio ingresó un pronto despacho en el que se intimó a la Aduana, para que en 72 horas resolviera la situación. "Hasta ahora, solo obtuvimos silencio", dijo el letrado.

En ese contexto, y tras haber agotado la vía administrativa, Abaca -que fue empleado aduanero durante 15 años- preparó un recurso de amparo, y hoy será la primera vez que un hijo de desaparecidos con presunción de fallecimiento recurre a la Justicia para que se reconozca su derecho como tal, y ocupar así el puesto. Adriana trabajó en la Aduana entre 1975 y 1977. "No hay reconocimiento oficial de la Aduana sobre ningún hijo de desaparecidos, aunque tenemos conocimiento de tres casos en el país. El de María Laura es el único en Rosario, los otros son de Buenos Aires", indicó el profesional. Además, recordó que el año pasado, junto con el Frente Aduanero para la Victoria se colocó una placa que recuerda y reivindica a los desaparecidos empleados de la Aduana, en el edificio rosarino, con apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal.

Cuando su abuela hizo la denuncia y logró recuperarla, María Laura pudo volver a su familia. Todavía con asombro, relata que en 1982 obtuvo su primer Documento Nacional de Identidad. Estudió abogacía, al igual que su madre, quien cursaba el segundo año de la carrera cuando la privaron ilegalmente de su libertad. Pese a la dolorosa historia que relata, María Laura sonríe cuando habla de Adriana, que tenía 20 años cuando fue secuestrada. "Ella es desaparecida con presunción de fallecimiento. Era militante política del PJ y del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho. Dicen que me parezco a ella, pero también que tengo cosas de mi papá", cuenta mientras se corre el largo cabello castaño de los hombros.

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