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La defensora provincial de la Niñez, Analía Colombo, negó que haya sido advertida por la Municipalidad de Funes acerca de la separación de una beba en riesgo social para entregarla a un matrimonio por afuera de los pasos que impone la ley 12.967, de protección integral de los derechos del niño. "No hubo aviso previo, sino que me anoticiaron cuatro días después de haber tomado esa decisión. Jamás avalé esa entrega ni podría haberlo hecho en esa situación", remarcó para refutar declaraciones del secretario de Gobierno funense, Gonzalo Miranda Aguiar, publicadas el domingo por Rosario/12.
Se trata del destino de una niña de 22 meses de vida cuya mamá, María Florencia Chanampa Saldías, fue asesinada el 6 de mayo en la casa de un tío, lindera a la precaria habitación en la que ambas vivían, en el barrio Villa Elvira, de Funes. Al día siguiente de que aparecieran los restos de la joven mamá, la Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez libró una "medida excepcional de urgencia" para disponer de inmediato que la pequeña quedara al cuidado de una tía abuela, "que era un referente afectivo" de la nena y para alejar a ésta del lugar donde habría presenciado el crimen. Es que el familiar más directo que le quedaba, su abuela materna, vive al lado de la casa del presunto homicida.
Hasta allí la situación estaba dentro de las previsiones de la ley 12.967. Hasta el 14 de junio, cuando la tía abuela a cargo, Alejandra Chanampa, fue citada por la Secretaría de Acción Social municipal para quitarle la tenencia de la beba y asignársela a una pareja sin que interviniera la autoridad de aplicación, es decir, la Dirección Provincial de Niñez que coordina el programa de Familias Solidarias y que representa la instancia legal que corresponde, luego de la derogación de la legislación sobre patronato de la infancia. Cuando la familia de la niña avisó a la instancia provincial que había sido entregada a otra, la Dirección de Niñez reprochó al municipio de Funes por "no informar a la familia de origen con quién se encontraba la niña" y que "esta decisión fue tomada sin consulta previa a este organismo de aplicación y en desconocimiento de la ley 12.967 entregando a la niña en custodia a un matrimonio ajeno al Programa de Familias Solidarias, consumando una situación sumamente irregular". Y le ordenó a la secretaría municipal restituir a la beba a la tía abuela.
La familia sustituta que alojó a la niña durante algo más de diez días está inscripta en el Ruaga (Registro Unico de Aspirantes a Guarda y Adopción), aunque ese detalle carece de valor si no hay autoridad judicial interviniente. La mujer que integra esa pareja tiene un parentesco con la intendenta de Funes, Mónica Tomei, aunque la jefa municipal aseguró que no tiene relación con el hecho porque cuando ocurrió ella se encontraba fuera del país.
El caso llegó en forma de denuncia a la comisión de Derechos y Garantías de Diputados. Además, ayer el diputado provincial José Tessa (Nuevo Encuentro) anunció que presentará un pedido de informes para que el Ejecutivo provincial brinde precisiones acerca de las actuaciones realizadas.
Consultado al respecto, el secretario de Gobierno de Funes defendió la decisión en aras de "preservar a la niña de un ambiente no propicio en la que quedaba los fines de semana porque su tía abuela no podía cuidarla". Y basó esa explicación en informes ambientales negativos sobre ese hogar, en la demora en recibir respuesta desde la Provincia, y en que la propia Alejandra Chanampa se habría arrepentido de asumir el cuidado de la beba.
En tren de argumentos, Miranda Aguiar aseguró que la separación de la nena de su familia ampliada "se tomó previo aviso a la Defensoría Provincial de la Niñez".
Esto disparó la vehemente desmentida de la titular del organismo autárquico. "La Municipalidad de Funes nos remitió una carta el 18 de junio por fax acerca de esa medida que ya se había efectivizado el 14 de junio. Nos anoticiaron de una medida que ya habían tomado", reprobó Colombo. La defensora libró un oficio a la Dirección Provincial de Niñez, como autoridad de aplicación, para interiorizarse de la situación, y otro al municipio pidiendo explicaciones sobre el marco legal y programático que sustentó la asignación de la nena a una familia. "De ninguna manera podría haber avalado la entrega. No sólo que me avisaron después, con el hecho consumado, sino que además apareció luego una interpósita persona presentando un escrito del matrimonio solicitando que se le restituya la beba, porque con ellos estaba mejor que con la familia, que la nena llora, que está molesta, que a esa pareja ya le decía mamá y papá. Todo ha sido improcedente. No se debe manejar la vida de una niña como si fuera un objeto, sobretodo en este caso que implica una situación tan delicada como la muerte violenta de su madre", se indignó la Defensora Provincial de la Niñez.
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