La desconfianza no está justificada

El juez Javier Beltramone rechazó por "improcedente, extemporánea e inadmisible" la recusación de la empresa Litoral Gas, que lo había acusado de "preopinar" en declaraciones a la prensa sobre la investigación por la explosión del edificio de Salta 2141. Ahora, el planteo fue elevado a la sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, que deberá resolver la cuestión. Por otro lado, ayer los elementos analizados en la pericia técnica fueron trasladados a Mar del Plata para un estudio en profundidad, y los resultados podrían conocerse el mes que viene. Hoy declararán los responsables de la administración del edificio siniestrado, que están acusados de "evitar" llamados a la empresa distribuidora del servicio de gas, frente a algunos inconvenientes con el suministro.

Luego de que tres gerentes, inspectores y jefes técnicos de Litoral Gas presentaran el martes el pedido de recusación al magistrado que lleva adelante la investigación por la tragedia del 6 de agosto pasado, ayer Beltramone resolvió desestimar el planteo. Al analizar los elementos aportados por el abogado de la empresa, Walter Stramazzo, según el parte difundido por la Oficina de Prensa de la Corte Suprema de Santa Fe, el magistrado estimó que "no surgían objetivamente razones legítimas, ni fundado temor, ni duda razonable, ni desconfianza justificada, toda vez que se advirtió una insuficiencia en la argumentación al imputar".

Para Beltramone, sus expresiones periodísticas en medios gráficos "no tienen correlato en un soporte magnético para poder cotejar, permaneciendo así los presuntos dichos en el ámbito de la neta labor periodística".

En cuanto a los audios que acompañó la empresa en la presentación, el comunicado oficial remarca que "no se apreciaba parcialidad ni indicio alguno que, con una base razonable, importara la presencia de aquel elemento"; también consideró "insuficiente el discurrir de los recusantes, ya que consentir y manifestar que se concluyan actos judiciales de trascendencia ordenadas por el magistrado, más luego controvertir al mismo, no resultaba concordante con la acción ensayada".

Entre otras cosas, "se valoró que si el temor es real, no era razonable consentir todos los decretos a la fecha, los peritos oficiales designados, los puntos de pericia formulados; debiendo destacarse --así lo puso de resalto el juez-- que además agregaron (los recusantes) puntos de pericia propios, los que el Tribunal aceptó así como hizo con todas las partes, posicionando a todos los intervinientes en un claro pie de igualdad".

Por otro lado, se consideró que "adscribirle al magistrado un carácter de 'probo' sólo para afirmar sin más las supuestas manifestaciones suyas vertidas en medios periodísticos gráficos era cuanto menos escasamente reflexivo". Finalmente, se entendió que "el apartamiento esgrimido aparecería incluso innecesario y el pedido de realización de la pericia inútil, pues se ensayó en la presentación una férrea defensa, mas no en el acto procesal adecuado (indagatoria), atribuyendo los recusantes toda culpa y de carácter grave en varios párrafos del escrito al imputado Carlos García".

Por otro lado, la fiscal Graciela Argüelles confirmó ayer que los elementos de la instalación de gas fueron trasladados al laboratorio de la empresa marplantense GIE, donde el 8 de octubre se someterán a "pruebas de estanqueidad y otros ensayos".

En tanto hoy serán indagados los administradores del edificio, Mariela Calvillo y Carlos Repupilli, quienes tienen el "deber de vigilar sobre los bienes de los habitantes" de los departamentos. Una fuente de la causa, dijo a este diario que "había varios reclamos (con el gas) y no cumplieron debidamente".

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