Por los cómplices económicos

Horacio Verbitsky llega hoy a Rosario con dos propósitos: a la mañana declarará en el juicio Porra contra doce represores por delitos de lesa humanidad, en el Tribunal Oral Federal número 1 de Rosario. Por la tarde, a las 18.30, presentará en el Salón Norte de la sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario el libro "Cuentas pendientes", que editó junto a Juan Pablo Bohoslavsky, sobre los cómplices económicos de la dictadura militar. "Hay muchos casos ya en curso, las condiciones están absolutamente dadas para iniciar juicios. Nosotros no planteamos que se juzguen delitos económicos, sino delitos penales o injustos civiles, cometidos por personas como cómplices, partícipes o instigadores", dijo el periodista antes de venir a la ciudad.

El libro tiene una introducción, que sitúa el tema jurídicamente, y conclusiones escritas por los dos editores, dos capítulos de cada uno de ellos y colaboraciones de 20 especialistas de distintas ramas. Hay economistas como Eduardo Basualdo, historiadores, el abogado laboralista Eduardo Recalde, entre otros. El capítulo llamado "Acindar y Techint, militarización extrema de la relación laboral", fue escrito por el histórico sindicalista de la UOM de Villa Constitución Victorio Paulón, actual dirigente de la Central de Trabajadores Argentinos.

Paulón fue uno de los dirigentes que presentó una denuncia en la justicia federal rosarina, en julio pasado, para que se investigue la represión en Villa Constitución iniciada en marzo de 1975, con una ocupación militar de la ciudad. "Creo que es necesario que se investigue judicialmente, para tener el mapa completo de lo sucedido y me parece que es posible, ahora dependerá también del interés que la sociedad muestre en que se investiguen y se sancionen esos delitos", consideró Verbitsky.

Sobre la frontera del 24 de marzo de 1976, tomada hasta hace poco tiempo para investigar el terrorismo de Estado, Verbitsky hizo historia: "Ese límite fue acordado entre la dictadura saliente y el primer gobierno de la democracia y tuvo que ver con que era una democracia débil, era la primera vez que el radicalismo ganaba una elección limpia desde 1945, pero el peronismo era la principal fuerza de oposición. Era una forma de asegurar gobernabilidad, como lo era también no avanzar sobre los poderes económicos, porque el poder económico surgió intacto de la dictadura", rememoró el autor de Ezeiza, publicado en 1985. "Quienes pagaron las consecuencias, políticamente pero también éticamente, penalmente, en su forma de organización, fueron las fuerzas armadas", subrayó Verbitsky. "Recién a partir de 2003, cuando comienza la segunda etapa de la democracia argentina es posible, por un lado, investigar también las responsabilidades de los cómplices económicos de la dictarua y avanzar hacia atrás, antes del 24 de marzo de 1976. Es evidente que hay formas de represión que empezaron antes".

En sus conclusiones, escritas a dúo por los editores, el libro postula la creación de una Comisión Nacional de la Verdad, que "podría contribuir al proceso de verdad y memoria en términos de complicidad económica, investigando de manera integral y exponiendo en forma oficial y pública los aspectos salientes y las consecuencias de las políticas" adoptadas durante aquel período.

"Sería una comisión al estilo de la Conadep, que realice su propia investigación con todos los recursos, con personal técnico capacitado, que esté integrado por personalidades relevantes y tenga también una secretaría técnica con economistas, contadores, juristas, economistas, que además de hacer investigaciones propias sistematice la enorme cantidad de informaición disperas que ya existe", describió Verbitsky, y abundó que "los tres poderes del estado han realizado investigaciones que no han sido sistematizadas, están dispersas".

Entre otras, Verbitsky recordó la investigación del Congreso de la Nación sobre la indemnización pagada a la compañía eléctrica Italo, que fue estatizada por un precio exorbitante. "En el curso de esa investigación, hubo un allanamiento a un estudio jurídico y por la puerta de atrás se escaparon Mariano Grondona y José Martínez de Hoz, los dos hijos, con una valija con datos de centenares de personas que habían fugado capitales, y los habían reingresado como créditos internacionales, una deuda que luego fue endilgada a todo el pueblo argentino", rememoró el periodista de investigación.

También recordó la investigación del juez Horacio Ballesteros a partir de la denuncia de Alejandro Olmos sobre la ilegitimidad de la deuda externa. "Todos esos materiales tienen que ser sistematizados, procesados. En algunos casos habrá lugar a juicios penales, en otros a debates civiles. Además habrá recomendaciones sobre cambios en el funcionamiento de determinados sectores de la economía, de la sociedad. Y podría haber también medidas de tipo simbólico. Todo no tiene por qu? pasar por la justicia", postuló Verbitsky. "Por ejemplo, por qué no concebir, así como se han puesto placas donde funcionaron campos de concetración, poner una en la puerta de la Sociedad Rural Argentina, señalando la complicidad de la directiva de esa organización con los crímenes de la dictadura, nada más que eso", propuso. Así, considera el periodista y presidente del CELS, se garantiza que --así como la democracia argentina tiene una gimnasia institucional que impide quebrarla--, también se cierren las puertas a otro tipo de maniobras, de índole económico.

Verbitsky tenía presente a Juan Amelong, uno de los procesados de la causa Porra, o Guerrieri II, quien al inicio del primer juicio en su contra llegó al Tribunal con una vincha que pedía "Legalidad" y un portafolio que postulaba la salida de Cristina Fernández de Kirchner del gobierno. "Me parece razonable que toda persona privada de su libertad se ilusione con recuperarla. Pero es una expresión de deseos que no se compadece con la realidad", dijo Verbitsky sobre la esperanza de los represores en un rápido final del gobierno actual. "Por un lado, la idea de una finalización abrupta del gobierno constitucional se demostró que era una fantasía inviable", apuntó el presidente del CELS. Y sumó un dato más: "Aunque haya un cambio de gobierno, eso no va a modificar los procesos de justicia, eso está asumido por el conjunto de la sociedad, por el conjunto de las fuerzas políticas. El propio presidente de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti dice que los juicios por delitos de lesa humanidad forman parte del contrato social de los argentinos".

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