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Horacio Verbitsky se refirió ayer a la complicidad empresaria durante la última dictadura militar en la provincia de Santa Fe: "Ha habido dos empresas en particular, las siderúrgicas Acindar y Techint. En el caso de Acindar, había un destacamento policial que funcionaba dentro de las instalaciones. Había una confusión entre el rol estatal y el de la empresa privada, al punto que el destacamento policial actuaba como brazo armado de la empresa y la empresa suministraba información sobre trabajadores". El periodista de Página/12 y presidente del CELS declaró ayer en la causa Porra, también llamada Guerrieri II, y si bien su testimonio estaba relacionado con la declaración del represor Gustavo Bueno ante el CELS en 1984, el fiscal Gonzalo Stara, los integrantes del Tribunal Oral Federal número 1 y la abogada querellante Gabriela Durruty aprovecharon para hacerle preguntas sobre el contexto histórico de la represión ilegal.
El Villazo --la ofensiva policial y militar contra la población de Villa Constitución que comenzó el 20 de marzo de 1975-- está fuera de la causa contra doce represores que actuaron en el Destacamento de Inteligencia 121, con asiento en el Comando del Segundo Cuerpo de Ejército. Pero Stara solicitó en julio pasado que se inicie una causa por la ocupación de la ciudad por fuerzas militares, policiales y parapoliciales.
Verbitsky recordó ayer que "un obrero fue detenido ilegalmente dentro de la fábrica Acindar, y en el caso de otros que fueron buscados en su domicilio, las fuerzas ilegales llegaban con los legajos y la foto proporcionada por la empresa".
El periodista unió así su testimonio con el postulado de su último libro, Cuentas Pendientes, editado en conjunto con Juan Pablo Boholavsky. Allí plantean que el Congreso nacional cree una comisión nacional investigadora de las complicidades económicas dotada de recrusos y de personal especializado. "En algunos casos el poder económico es cómplice, en otros es encubridor y en otros es instigador", aportó el investigador. "Si se avanza en ese sentido tendremos un panorama más completo y real de lo que pasó. De otro modo, parecería que los ejecutores eran una banda de tipos que satisficieron sus bajos instintos", dijo el periodista. Y concluyó: "Me parece un acto de estricta justicia con la sociedad y también para los militares que están siendo juzgados, y que fueron usados para cometer los crímenes. Tienen que pagar porque cometieron crímenes pero lo hicieron en beneficio de otros".
Una de las vocales del Tribunal, Lilia Carnero, quiso saber cuál era el beneficio que obtenían las empresas al participar de crímenes de lesa humanidad. "Primero, por la transferencia brutal de ingresos del sector asalariado al capital, porque obtiene legislación que priva de derechos al trabajador; y también porque aumentó su tasa de ganancia. Otro factor fue el uso del poder punitivo del estado para zanjar disputas de intereses dentro del poder económico capitalista", explicó Verbitsky al Tribunal presidido por Roberto López Arango, que completa la vocal Noemí Berros.
El presidente del CELS ratificó que la declaración de Bueno --represor del Destacamento de Inteligencia 121 que brindó datos sobre la desaparición de Fernando Tito Messiez, entre otros casos-- respondía al formato de interrogatorios que realizaban en el organismo de derechos humanos. Incluso, afirmó que reconocía "las O saltadas de la máquina de escribir" utilizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales en los años 80.
El fiscal Stara le preguntó además a Verbitsky por la complicidad eclesiástica con la última dictadura. "Prácticamente no hay centro clandestino donde no haya habido capellán de la iglesia Católica", afirmó el testigo, y recordó que "los capellanes participaban en interrogatorios a personas privadas clandestinamente de la libertad". Y agregó que de Rosario provienen tres personas relevantes de esa colaboración: el ex vicario general castrense Antonio Caggiano, el también vicario castrense Victorio Bonamín y el secretario del vicariato castrense durante la dictadura, Emilio Graselli. Verbitsky recordó con lujo de detalles la declaración de "una testigo" (su nombre es María Inés Luchetti de Bettanín). La querellante de la causa Díaz Bessone contó cómo el capellán policial Eugenio Zitelli --luego premiado con el título de obispo-- concurría al Servicio de Informaciones. Cuando ella le contó que había sido torturada, Zitelli le dijo que la tortura era un método aceptable para obtener información, pero las violaciones eran inadmisibles porque afectaban la moral.
Nuevamente, ayer sólo estuvieron presentes los acusados Carlos Sfulcini y Juan Amelong, quien ya tiene una condena a prisión perpetua. El resto de los imputados tienen autorización para seguir el juicio desde sus lugares de detención.
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