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Un empleado reclamista de Litoral Gas fue imputado ayer en la causa que investiga las causas de la explosi贸n en el edificio de Salta 2141, que provoc贸 22 muertes. El personal fue acusado de "no haber realizado un informe pormenorizado de las irregularidades en el inmueble; y de no haber cerrado debidamente la v谩lvula de servicio con un cepo", cuando concurri贸 tras el reclamo de la vecina del 9潞 F, el 25 de julio, a deshabilitar el servicio. La acusaci贸n tiene que ver con "conductas que posibilitaron el posterior accidente de (el gasista) Carlos Garc铆a", que estaba trabajando en el palier de ingreso cuando sucedi贸 la fuga fatal que deriv贸 en el estallido, ya que "no inform贸 debidamente todo, y por no haber pedido un cambio total del sistema". La defensa pidi贸 la nulidad de la imputaci贸n. Hoy se realizar谩 la primera audiencia de querellantes, en el juzgado de Instrucci贸n N潞 10.
Gerardo B. es empleado reclamista de la empresa distribuidora del servicio, y fue el primero en hacer controles en el edificio siniestrado desde que se presentaron los inconvenientes que derivaron en el peor final. El 25 de julio lleg贸 al edificio por el reclamo de una vecina que se quej贸 porque se apagaba el calef贸n de su departamento y porque no ten铆a gas en la cocina. El empleado dej贸 constancia de lo que detect贸: "P茅rdida en el acceso, con cepo. Se habilita con gasista matriculado". Fue entonces, cuando la administraci贸n contrat贸 a Jos茅 Luis A. el primer gasista que lleg贸 al lugar, el 26 de julio, quien la semana pasada fue imputado y admiti贸 que hab铆a abierto la llave de paso para detectar d贸nde estaba la fuga.
Ayer, para los investigadores qued贸 claro que el reclamista no puso un cerramiento seguro, por eso el gasista pudo manipular la v谩lvula. "Cometi贸 errores", dijo una fuente, en lo que fue el principio de los controles en el edificio.
El empleado se neg贸 a responder preguntas y la defensa pidi贸 la nulidad de la imputaci贸n porque argumentaron no saber de qu茅 se lo acusaba. Adem谩s, plantearon que no existe un nexo causal entre la actuaci贸n del acusado el 25 de julio, con lo que finalmente sucedi贸 el 6 de agosto.
Para la fiscal Graciela Arg眉elles, todas las pruebas de la imputaci贸n est谩n en el expediente, por lo que consider贸 que no existe una vulneraci贸n al derecho de defensa. Y pidi贸 a la jueza Irma Bilotta que mantenga el acto.
En tanto, tres abogados, que representan a m谩s de una decena de familias, participar谩n de la audiencia de admisi贸n de querellantes en la causa.
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