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La intervención de un funcionario político extra judicial sobre la computadora personal del empresario Luis Medina, asesinado el domingo pasado, causó tanto revuelo que obligó a dos ministros a salir al cruce de las acusaciones vertidas desde la oposición y negar que se haya manipulado ese elemento de prueba sobre la investigación del crimen de un personaje que estaba señalado como uno de los principales narcotraficantes de la ciudad. El titular de Gobierno y Reforma del Estado, Rubén Galassi, afirmó que la entrega de la notebook a un técnico de su ministerio se hizo "cumpliendo en todo momento directivas del Poder Judicial". Y su par de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, consideró "temerario arrojar sospechas de manera infundada y sin ninguna prueba".
Desde el gobierno provincial salieron a remarcar ayer que la acción cuestionada se debió a "un pedido de intervención técnica de la Justicia para destrabar una computadora" y que en esas circunstancias, "el gobierno debe responder si tiene el personal adecuado para hacerlo". Galassi aseguró que "el procedimiento se hizo siguiendo en todo momento directivas del Poder Judicial, y la investigación está en marcha".
Uno de los que primero encendió la polémica fue el diputado justicialista Héctor Acuña, presidente de la comisión legislativa de Seguridad. Había calificado como "inadmisible que la policía de Asuntos Internos haya puesto una prueba fundamental en manos de un funcionario político: contaminaron la prueba del crimen". En esa línea se plegaron luego otras voces críticas desde la oposición política, y desde el propio Poder Judicial, como el defensor general Gabriel Ganón, y el ex policía, líder de la agrupación Apropol que fogoneó la rebelión del mes pasado, Alberto Martínez.
El ministro político del gabinete de Antonio Bonfatti lo cruzó tajante al legislador: "Acuña nos tiene acostumbrados a este tipo de declaraciones. Lamento que la comisión de Seguridad tenga como presidente a una persona con el recorrido político de Acuña, siempre intentando sembrar dudas sobre el accionar de un gobierno que, curiosamente, ha trabajado como nunca antes junto con el Poder Judicial y por eso hoy están detenidas determinadas personas", contestó Galassi. Y subrayó que fue desde el juzgado de turno -en esas horas posteriores al crimen, la magistrada a cargo era Raquel Cosgaya- donde se pidió colaboración al Ejecutivo para desbloquear la notebook Mac, dado que los peritos de la policía no conseguían hacerlo. La computadora había sido secuestrada esa mañana de la habitación del hotel Pullman, en el complejo City Center, que Luis Medina ocupaba junto a la joven Justina Castelli Pérez y adonde se dirigía en un Citroën DC3 cuando fueron emboscados y asesinados en el Acceso Sur.
La computadora fue entregada al secretario de Tecnologías para la Gestión, Javier Echaniz, un área bajo la órbita del Ministerio de Gobierno. Este ingeniero en sistemas logró desbloquear la Mac para que los peritos luego prosigan con el examen de interés para la causa judicial.
El lunes la causa pasó a manos de la jueza de instrucción n 2, Alejandra Rodenas, quien ordenó la restitución de la computadora, ahora en poder de peritos de Gendarmería.
Galassi defendió lo actuado: "Nunca se trató de una decisión política; las actuaciones se hicieron siguiendo una supervisión judicial y todo eso consta en el acta que forma parte de la propia causa que se está investigando", afirmó para aventar elucubraciones. Y añadió: "Este es un gobierno que no pacta, ni da la espalda o mira para otro lado. No por nada la casa del gobernador Bonfatti recibió 14 balazos. Cualquier persona de buena fe que analice la situación sensatamente puede concluir que es la respuesta de las bandas organizadas a un gobierno que las está combatiendo", enfatizó.
También se sumó a la réplica el ministro de Justicia. Dijo que el ordenador "llegó a un área técnica del Poder Ejecutivo por orden de una jueza, que lo hizo mediante un oficio judicial. Los jueces investigan y cuando necesitan ciertos datos técnicos buscan reparticiones que tengan capacidad para obrar como peritos, con auxiliares de la Justicia. En este caso, la jueza ordenó que esta computadora se lleve a esta repartición a efectos de que pudieran desbloquearla. Es decir, que hubo una orden judicial y se respetó la cadena de custodia. Después, otra jueza tomó la investigación y decidió remitirla a otra repartición técnica", explicó Lewis.
El ministro retrucó a Acuña: "No se qué información tiene para decir que se ha contaminado la prueba o que ha pasado por varias manos. Arrojar este tipo de sospechas infundadas me parece temerario y es muy complicado en un estado de derecho poner en tela de juicio el funcionamiento de los órganos del Estado". Y en relación a la orden contraria de Rodenas de recuperar la notebook, Lewis dijo: "Después otra jueza que en definitiva fue la que tomó la investigación pero que no es la misma que había ordenado la pericia y que tiene otro criterio, decidió remitirlo a otra repartición técnica. El problema no es que la misma jueza se la entregó y después se la sacó, sino que se trata de una jueza que tiene otro criterio investigativo, podrá ser mejor o peor, no tenemos elementos para decir ninguna de las dos cosas, pero se trata de una actitud totalmente normal en el marco de una investigación", aseveró.
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