Delfín llegará a juicio oral

La sala A, de la Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento de Delfín Zacarías y de personas de su entorno familiar, aunque también revocó imputaciones y faltas de mérito de otros implicados. Con la resolución que dictaron los camaristas Liliana Arribillaga, Fernando Barbará y Carlos Carrillo, el 30 de diciembre pasado, Zacarías llegará a juicio por los delitos de "tenencia de elementos y materias primas para producir y fabricar estupefacientes; producción, fabricación y preparación de estupefacientes, y tenencia con fines de comercialización". También se lo acusa de "organizador y financiador de una banda, con intervención de tres o más personas; administración y disimulación de bienes provenientes de las ganancias recibidas por el tráfico de estupefacientes con el fin de que éstos adquieran apariencia de origen lícito, agravado por la habitualidad", expresa el fallo sobre la acusación por producción, venta de drogas y lavado de dinero. A pedido de la fiscalía, hicieron lugar a declaraciones de personas aparentemente involucradas, y ordenaron que "se investiguen posibles connivencias de los procesados con integrantes de las fuerzas de seguridad", aunque en la causa hubo un policía federal acusado, que recibió falta de mérito.

En la resolución de 59 fojas, la Cámara confirmó parcialmente el fallo dictado en octubre pasado por el juez federal Carlos Vera Barros, y consideró que entre la docena de involucrados existe una "estrecha relación entre sí, configurando presumiblemente cada uno de ellos un eslabón de la cadena de producción y comercialización de estupefacientes".

Luego de doce allanamientos que la División Drogas Peligrosas de la Policía Federal realizó el 5 de septiembre, en viviendas y comercios de Granadero Baigorria, Funes, Fray Luis Beltrán, Rosario, Timbúes y Buenos Aires; antes del Año Nuevo se resolvieron las apelaciones por los procesamientos de los acusados. El epicentro de ese despliegue, llamado operación "Flipper", fue un chalet alquilado de Las Achiras 2528, en el Country Profesional de Funes, donde la policía detuvo a Zacarías y a su esposa cuando salían de la casa donde se descubrió una cocina de pasta base. Allí se decomisaron 300 kilos de cocaína en panes, precursores químicos y elementos utilizados para fabricar drogas.

Delfín David Zacarías fue procesado como "organizador y financiador de la fabricación y comercialización de estupefacientes". Es que "su intervención en los hechos quedó acreditada" y los camaristas consideraron que en la apelación, "los agravios de la defensa no son suficientes para desvirtuar las conclusiones, sino que aparecen como meras excusas para mejorar su situación procesal". Además, advirtieron que "si bien en el acto de su defensa material Zacarías manifestó que tiene la remisería y que a partir de dicha actividad pudo constituir otra sociedad y adquirir el resto de los inmuebles y vehículos que registra, tanto a nombre propio como de otros miembros de su familia, y que la remisería requiere un recambio de vehículos permanente, ello no aparece verosímil".

Los hijos de Zacarías, Flavia y Joel; y su esposa, Sandra Marín, también quedaron procesados por formar parte de la banda que fabricaba estupefacientes; mientras que a Gonzalo Jaime (ex pareja de Flavia) le revocaron la acusación como partícipe, "sin perjuicio" de que su accionar encuadre en la figura de encubrimiento.

En tanto, para la hermana y el cuñado de Zacarías (Gloria Zacarías y Fernando Ermácora) se confirmó el procesamiento por encubrimiento. A Néstor Fernández, encargado de la remisería "Frecuencia Urbana" de Granadero Baigorria, con varios autos a su nombre, le revocaron la falta de mérito que lo había beneficiado; y a Edgardo Radovani, que tenía documentos de la remisería "pantalla", también se le mantiene el procesamiento por lavado de dinero.

En cuanto a la ex pareja de Joel Zacarías, también continúa procesada debido a que en su casa fueron hallados "elementos utilizados para la venta de estupefacientes". Con ellos irán a juicio Hugo Silva, Alfredo Silva, Javier Silva, acusados como proveedores de precursores químicos. "Su participación en los hechos reseñados se encuentra suficientemente acreditada por las escuchas telefónicas, las filmaciones y fotografías, y el resultado de allanamientos".

Además, la Cámara no hizo lugar a los planteos de nulidad formulados con relación a los allanamientos realizados y las escuchas telefónicas, que fueron consideradas "válidas". Y rechazaron un planteo de inconstitucionalidad. "Revisado el auto de procesamiento en cuestión, se advierte que más allá de las quejas de los recurrentes, éste se encuentra motivado y circunstanciado; contiene una descripción lógica y razonada de los elementos de hecho y de derecho".

También se sugirió la realización de un estudio técnico contable, por personas especializadas en maniobras de lavado de dinero, para ampliar la pesquisa. Y se consideró necesario que los investigadores evalúen imputar la formación de una asociación ilícita.

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